Introducción
La fortaleza y estabilidad económica de un Estado es una de las principales herramientas para satisfacer las necesidades y aspiraciones fundamentales que garantizan su supervivencia, bienestar, seguridad y desarrollo, ósea alcanzar sus intereses nacionales, siendo el bienestar general de su población el fin último, para República Dominicana, un interés nacional es preservar la soberanía y estabilidad política, para lo cual su fortaleza y estabilidad económica es fundamental.
República Dominicana es un Estado caribeño con un crecimiento económico sostenido promedio entre los años 2021 y 2024 de aproximadamente del 5.1%, según datos del Banco Central y el Ministerio de Economía (Abinader, 2024). El sitio Web Datos Macro (Datosmacro, 2025) “El PIB se define como el conjunto de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año” atendiendo a esta definición se infiere que estos elementos de República Dominicana gozan de una estabilidad y empuje importante, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publicó en su página Web (MPID, 2025) “la economía dominicana tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real de 5.0%, superior al promedio global de 3.2 consolidándose en 2024 como una de las más dinámicas de América Latina”.
Sin embargo, a pesar de su actual dinamismo, el problema esencial de la economía dominicana es su dependencia de las importaciones del comercio internacional, la importación de derivados del petróleo, el turismo y las remesas. Estos factores son los motores que hacen funcionar el sistema de bienes y servicios de República Dominicana; sin embargo, estos motores económicos son todos vulnerables ante las dinámicas disruptivas globales como son el terrorismo en todas sus formas, la disputa geopolítica y geoeconómica entre potencias, pandemias, inestabilidad regional, etc. Este ensayo examina estos desafíos y ofrece pasos específicos para mejorar la resiliencia económica nacional. ¿Cómo enfrentará la resiliencia económica de República Dominicana la encrucijada geopolítica y geoeconómica que presenta el escenario global a mediano y largo plazo?
El presente artículo analiza los elementos que soportan la estructura económica actual de República Dominicana y examina su viabilidad para adaptarse ante influencias exógenas, en ese sentido, se propone un régimen fiscal especial, el cual, según la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, ya es adoptado por 105 territorios o jurisdicciones.
El sistema fiscal especial surge de ideas utilizadas por diferentes estados para atraer inversiones y desarrollar determinadas ramas de la economía. Desde mediados del siglo pasado, países como Panamá, Suiza y las Islas Caimán han comenzado a ofrecer acuerdos fiscales especiales, como exenciones fiscales totales o parciales en actividades específicas, con el fin de atraer capitales extranjeros (Zucman, 2015).
Los regímenes fiscales especiales tienen sus antecedentes en las estrategias de países como Panamá, Suiza y las Islas Caimán, que los implementaron para atraer inversión y estimular sectores específicos de la economía. (Zucman, 2015) con el tiempo esta práctica se diversificó hacia zonas francas industriales, puertos libres y parques tecnológicos, orientados a promover exportaciones, innovación y empleo.
La expansión de estos regímenes generó un debate internacional sobre su impacto en la competencia fiscal y la transparencia tributaria, motivando la intervención de organismos como la Organisation for Economic Co-operation and Development, OCDE (2021) por sus siglas en inglés y el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI (2020), para establecer lineamientos y evitar el uso indebido para evasión o lavado de activos.
Desarrollo Teórico
Fundamentos de la economía dominicana: fortalezas y vulnerabilidades
La economía dominicana, soporte logístico de la defensa, tiene sus fundamentos en un modelo multifacético que incluye turismo, zonas francas, minería, remesas, inversión extranjera directa, producción agrícola, construcción y un robusto sector de servicios. Las recientes reformas institucionales, como la Ley No. 108-10 de Cine y Ley 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas, han impulsado una mayor apertura económica. Asimismo, acuerdos como el DR-CAFTA han consolidado la posición de República Dominicana en el comercio regional, contribuyendo a mejorar progresivamente el clima de negocios.
Según el Banco Central de República Dominicana, BCRD (2023), el turismo representa uno de los pilares más sólidos, aportando alrededor del 8 % del PIB y generando divisas que superan los 8 mil millones de dólares anuales. Paralelamente, las zonas francas industriales impulsan las exportaciones de manufacturas, particularmente en dispositivos médicos y confecciones. Este entramado productivo se ha beneficiado de una estabilidad macroeconómica relativa, con un crecimiento promedio superior al 5 % anual en la última década, lo que posiciona al país como una de las economías más dinámicas del Caribe y América Latina (CEPAL 2022).
Otro elemento fundamental es la importancia de las remesas familiares, que constituyen un flujo sostenido de ingresos externos y contribuyen significativamente al consumo interno. En 2022, las remesas ascendieron a más de 10 mil millones de dólares, equivalentes a cerca del 8,6 % del PIB, y mostraron resiliencia incluso en periodos de crisis internacionales (BCRD, 2023). Este ingreso constante ha permitido sostener la demanda agregada y reducir la pobreza extrema, aunque también genera cierta dependencia externa que puede volverse un factor de vulnerabilidad ante recesiones en los países emisores, especialmente Estados Unidos y España (World Bank, 2023).
Adicionalmente, la diversificación de la matriz energética dominicana hacia las Energías Renovables (EE.RR.) ofrece un factor de estabilidad frente a las fluctuaciones del mercado global de los hidrocarburos, exacerbadas por conflictos geopolíticos. República Dominicana al cierre de 2024, las energías renovables representaron el 23.32% de la capacidad de generación nacional, equivalente a 1,396 MW, un aumento de más del 137% con respecto a 2020, (Presidencia de República Dominicana, 2025). El país también se beneficia de una población joven y en crecimiento, una ubicación geográfica estratégica y una moderna infraestructura portuaria y aeroportuaria (ver gráfico 1).
| Proyecto | Capacidad Concesionada (MWn) | Capacidad Concesionada (MWp) | Capacidad Instalada (MWp) |
|---|---|---|---|
| Peravia Solar I | ~50 | ~50 | ~50 |
| Parque Solar Fotovoltaico Cumayasa 4 | ~50 | ~50 | ~50 |
| Parque Fotovoltaico Cotoperi Solar I | ~50 | ~50 | ~50 |
| Energía Renovable Ingenio Barahona | ~40 | ~40 | ~40 |
| Parque Solar Lucila | ~50 | ~50 | ~50 |
| Washington Capital Solar Park 3 | ~50 | ~50 | ~50 |
| Parque Solar Fotovoltaico María Trinidad | ~50 | ~50 | ~50 |
| Parque Solar Fotovoltaico Maranatha | ~50 | ~50 | ~50 |
| Parque Solar Bayahonda (Bayasol) | ~50 | ~50 | ~50 |
| Parque Solar Canoa | ~50 | ~50 | ~50 |
| Parque Solar El Soco | ~50 | ~50 | ~50 |
| Parque Eólico Los Cocos II | ~50 | ~50 | ~50 |
| Proyecto Fotovoltaico La Victoria | ~50 | ~50 | ~50 |
| Parque Eólico Los Cocos | ~50 | ~50 | ~50 |
| Parque Eólico Matafongo | ~50 | ~50 | ~50 |
En el gráfico se observa que República Dominicana evidencia un crecimiento sostenido en su matriz energética renovable entre 2011 y 2025, destacando proyectos solares y eólicos de gran relevancia como Los Cocos y Matafongo. Este avance refleja una estrategia de diversificación energética que busca reducir la dependencia de combustibles fósiles y cumplir con compromisos internacionales de sostenibilidad. Sin embargo, persisten retos de infraestructura, pues algunos proyectos no han alcanzado la capacidad instalada prevista, lo que plantea la necesidad de mayor inversión y eficiencia en la ejecución (CNE, 2024).
En paralelo, la economía dominicana se ha consolidado gracias a políticas macroeconómicas prudentes, estabilidad financiera y una ubicación estratégica que le permite aprovechar su rol como hub logístico regional (FMI, 2023; OECD, 2021). La diversificación hacia manufactura médica, agroindustria y energías renovables ha ampliado las oportunidades de inversión extranjera directa (Cepal, 2022), aunque la dependencia del turismo y las remesas sigue siendo una vulnerabilidad, como se evidenció durante la pandemia de COVID-19, cuando el PIB cayó 6,7 % en 2020 (BCRD, 2021; World Bank, 2022). Asimismo, la balanza comercial mantiene un déficit estructural debido a la importación de combustibles y maquinaria, lo que subraya la importancia de la transición energética como estrategia de mitigación de riesgos (IEA, 2022).
No obstante, subsisten desafíos relevantes vinculados con las desigualdades sociales, la dependencia de factores externos y la alta vulnerabilidad al cambio climático. Aunque se promueve la exploración de hidrocarburos mediante reformas legales y licitaciones internacionales (Santos, 2025; MEM, 2019), la sostenibilidad del modelo económico requiere un enfoque integral que combine diversificación productiva, inversión en infraestructura resiliente y mejora del capital humano. De este modo, el país podrá enfrentar los impactos de fenómenos climáticos extremos, fortalecer su cohesión social y garantizar un desarrollo inclusivo y competitivo en el largo plazo (Banco Mundial, 2023; CEPAL, 2022).
Retos y oportunidades ante factores geopolíticos que enfrenta la económica dominicana
La geopolítica influye directamente en la estabilidad económica al afectar el comercio, la seguridad, las inversiones y las relaciones internacionales. Las presiones geopolíticas influyen en las relaciones comerciales; un mayor acercamiento a EE. UU. podría atraer inversión, pero distanciar a China, un socio e inversor creciente. A la inversa, si República Dominicana realizara negocios con países sancionados por un bloque, corre el peligro de enfrentar sanciones secundarias que afectarían su acceso a financiamiento internacional, tecnología o comercio.
Las rivalidades comerciales entre potencias, como la de China y EE. UU., reconfiguran las cadenas de suministro globales, lo que puede beneficiar a la economía dominicana si se posiciona como una alternativa cercana para la manufactura (nearshoring), siempre que mantenga una neutralidad cuidadosa en sus relaciones con ambas potencias.
Inestabilidad regional
La inestabilidad política y social en Haití constituye uno de los principales desafíos para la seguridad y la economía dominicana. Según la Organización de las Naciones Unidas (2023), la violencia armada, el colapso institucional y la crisis humanitaria generan presiones migratorias y de seguridad que afectan el gasto público y las relaciones bilaterales. La frontera terrestre se convierte en un espacio crítico de comercio formal e informal, contrabando y migración irregular. Ante la ausencia de un marco regional efectivo, República Dominicana debe diseñar políticas de contención y cooperación que reduzcan los efectos desestabilizadores.
Las relaciones con Cuba también marcan el entorno geopolítico regional. Si bien existen vínculos diplomáticos y comerciales, el embargo estadounidense y las tensiones internas en la isla limitan la inversión y el comercio bilateral (CEPAL, 2022). Cuba, alineada políticamente con Venezuela y Nicaragua, forma parte de un bloque que en ocasiones choca con los intereses de Washington, lo que obliga a República Dominicana a mantener un equilibrio entre preservar su relación estratégica con Estados Unidos y diversificar sus vínculos con otros mercados internacionales.
El caso venezolano añade mayor complejidad. A pesar de su crisis económica y sanciones internacionales, Venezuela sigue siendo relevante en el Caribe, especialmente en el suministro energético mediante esquemas como Petrocaribe (OEA, 2021). En 2015 este programa representó alrededor del 13 % de las exportaciones totales de petróleo venezolano (Diario Libre, 2013; El Estímulo, 2016; Reuters, 2025). Nicaragua, por su parte, enfrenta cuestionamientos sobre gobernanza y derechos humanos, lo que limita su integración regional. La cercanía política de ambos países con actores globales como Rusia, China e Irán puede generar tensiones en organismos multilaterales que afecten la política exterior dominicana.
Por último, la posición de Colombia bajo el liderazgo de Gustavo Petro introduce nuevos matices en la diplomacia regional. Sus críticas a las intervenciones extranjeras y su acercamiento a Venezuela reflejan un esfuerzo por reconfigurar la cooperación sudamericana (El Despertador, 2025). La creación de una zona binacional especial en la frontera colombo-venezolana busca promover integración económica, social y cultural (Gobierno de Colombia; France 24; Infobae, citado en Al Día News, 2025), pero también genera implicaciones en la relación con Estados Unidos, que históricamente ha considerado a Colombia un socio estratégico. Para República Dominicana, este escenario exige fortalecer una política exterior multilateral que proteja su estabilidad económica y de seguridad sin comprometer sus alianzas estratégicas.
Competencia estratégica entre potencias
La competencia estratégica entre Estados Unidos y China influye directamente en la economía dominicana, dada su ubicación geográfica y rol en el comercio global. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial, receptor de exportaciones y fuente clave de inversión y remesas, mientras que China se ha consolidado como proveedor fundamental de bienes de consumo e infraestructura. Esta doble dependencia obliga a la República Dominicana a equilibrar cuidadosamente sus relaciones para evitar tensiones que impacten el flujo de bienes, capital y tecnología (BCRD, 2023; OECD, 2021).
La rivalidad tecnológica entre ambas potencias también afecta las decisiones estratégicas del país. Según la International Telecommunication Union (ITU, 2022), la presión de Estados Unidos y sus aliados para excluir proveedores chinos de redes 5G coloca a República Dominicana ante dilemas de costos, financiamiento y cooperación internacional. En este contexto, el gobierno dominicano estableció en 2020 restricciones a la inversión china en áreas estratégicas, reafirmando la alianza con Estados Unidos y explorando oportunidades de cooperación en sectores como tierras raras y microprocesadores (Stockman, 2024).
En el ámbito energético, la competencia potencia las opciones de financiamiento e inversión. Mientras China muestra interés en proyectos de energía solar y eólica en el Caribe, Estados Unidos y organismos multilaterales ofrecen apoyo con condiciones orientadas a transparencia y fortalecimiento institucional. La elección de socios condiciona la dependencia tecnológica, los costos energéticos y la competitividad industrial del país a largo plazo (IEA, 2022). De forma paralela, la cooperación en seguridad con Estados Unidos, enfocada en narcotráfico y protección marítima, refuerza la estabilidad, aunque China también ofrece asistencia limitada en formación y equipamiento (US Department of State, 2023).
Finalmente, la disputa global redefine las reglas del comercio y la inversión en organismos multilaterales y acuerdos regionales. Según la World Trade Organization (2023), las presiones para cumplir con estándares ambientales y laborales pueden limitar o ampliar el acceso a mercados, dependiendo de la capacidad dominicana de adaptación. En un escenario donde potencias emergentes como Rusia y China promueven un orden más multilateral pero igualmente competitivo, el país debe adoptar una postura proactiva que le permita aprovechar oportunidades y reducir riesgos en su inserción en cadenas globales de valor (Briñis Zambrano, 2020).
Factores geoeconómicos de riesgo para la estabilidad económica dominicana
Los factores geoeconómicos de riesgo para la estabilidad económica dominicana provienen principalmente de su dependencia de socios estratégicos como Estados Unidos clave en exportaciones y remesas y China, proveedor esencial de insumos industriales. Esta concentración expone a la economía a fluctuaciones en las relaciones bilaterales y a posibles sanciones derivadas de tensiones geopolíticas (BCRD, 2023).
Asimismo, las interrupciones en las cadenas globales de suministro, ocasionadas por conflictos, pandemias o sanciones económicas, pueden encarecer importaciones y limitar la producción nacional. La volatilidad en los precios internacionales de energía y alimentos también representa un riesgo significativo, dado que el país es importador neto de ambos. A ello se suman los efectos del cambio climático y la competencia entre potencias, que inciden en el acceso a financiamiento, inversión y tecnología (ONU, 2023).
Frente a este panorama, se hace necesario diseñar políticas públicas que fortalezcan la diversificación productiva, la resiliencia logística y la sostenibilidad energética. Una diplomacia económica proactiva permitiría además ampliar mercados, asegurar mejores condiciones de financiamiento y reducir la exposición a choques externos. Solo mediante estas estrategias la República Dominicana podrá preservar su estabilidad macroeconómica y competitividad en un escenario internacional marcado por la incertidumbre y la creciente rivalidad entre potencias (CEPAL, 2022; OECD, 2021).
Dependencia del turismo
En 2024, el turismo representó cerca del 8.6% del producto interno bruto (PIB) (Superintendencia de Bancos, 2025), lo que coloca la economía en un estado vulnerable ante factores exógenos, como pandemias (COVID-19), guerras o conflictos armados (Rusia y Ucrania). Antes del conflicto con Ucrania, Rusia era el segundo emisor de turistas para República Dominicana, la guerra costó un estimado de 60,000 turistas de ambos países en los primeros meses de 2022 debido a cancelaciones (Caraballo, 2022).
Además de su peso económico directo, el turismo incide en la estabilidad macroeconómica al ser una de las principales fuentes de divisas para financiar el déficit comercial estructural del país. Una caída prolongada en la llegada de visitantes reduce la capacidad para cubrir importaciones y presiona el tipo de cambio, pudiendo generar inflación y pérdida de competitividad en otros sectores productivos (CEPAL, 2022). Por ello, la resiliencia del turismo frente a riesgos globales y regionales (como los derivados del cambio climático, la competencia internacional o crisis geopolíticas) es un factor crítico para la estabilidad económica dominicana. Diversificar mercados emisores, desarrollar nuevos segmentos turísticos y fortalecer la infraestructura resiliente son medidas clave para mitigar estos riesgos.
Volatilidad de los mercados
La volatilidad de los mercados financieros y de materias primas es el resultado combinado de factores estructurales y situacionales, como los cambios en la política monetaria de las principales economías, fluctuaciones en los precios del petróleo y alimentos, tensiones geopolíticas y variaciones en los niveles de confianza de los inversores (Fondo Monetario Internacional [FMI], 2023). En el contexto dominicano, la dependencia de importaciones para energía y bienes intermedios afectan directamente la inflación la balanza comercial. El alto grado de comercio internacional del país tiene el efecto de magnificar los impactos en su economía de las perturbaciones externas.
Otra fuente de inestabilidad para el mercado es la incertidumbre provocada por eventos globales no anticipados, como crisis sanitarias, desastres naturales y conflictos armados que interrumpen las cadenas de suministro y los flujos de capital (Banco Mundial, 2023). Durante la pandemia de COVID-19, República Dominicana experimentó tanto caídas abruptas en sectores clave como el turismo, como incrementos repentinos en los costos de importación de alimentos y combustibles. Estos choques reducen la proyección de los ingresos fiscales y encarece el financiamiento externo, dificultando la planificación económica de mediano plazo.
Disrupciones en las cadenas de suministro
Guerras comerciales, como las de China y EE. UU., y eventos disruptivos, como el bloqueo del Canal de Suez en 2021, afectan significativamente las cadenas de suministro globales, con repercusiones para la economía dominicana. El COVID-19 fue otro ejemplo de la vulnerabilidad, la pandemia puso de manifiesto el rol central de la inversión del Estado y las políticas públicas para mejorar el entorno habilitador para el comercio electrónico a través de mayor infraestructura tecnológica, la actualización de los marcos regulatorios, el empuje a la inclusión financiera a fin de ampliar los pagos electrónicos y el desarrollo de los servicios logísticos que se requieren para el crecimiento de las ventas on-line, (Valenzuela & Reinecke, 2021).
Dadas las teorías dominantes de seguridad, el desarrollo económico mejora la integración social y disminuye el conflicto interno, y aumenta la capacidad del Estado para proyectar poder y participar desde un punto de fuerza en negociaciones multilaterales. Así, la seguridad y el desarrollo se complementan con una inversión nacional en defensa equilibrada y modesta, que es tanto condición para una eficacia de defensa adecuada como para el autocontrol del país.
Riesgos cibernéticos
La dependencia de República Dominicana de sistemas financieros y tecnológicos internacionales la expone a ciberataques en sus infraestructuras críticas (puertos, bancos, energía), una amenaza creciente en un mundo interconectado. República Dominicana ha enfrentado un aumento sostenido de ciberataques, con más de 5 mil millones de intentos en 2022 y 242 millones en el primer trimestre de 2024 (Hoy Digital, 2024). Industrias como la manufacturera, las finanzas, la energía y los servicios públicos son particularmente vulnerables, siendo blancos frecuentes de malware y ransomware sofisticados.
Los ciberataques amenazan la seguridad nacional, lo que demuestra la necesidad de continuar mejorando el esquema jurídico de la ciberseguridad, asegurar la infraestructura crítica, proteger los datos sensibles del gobierno y reforzar la capacidad de responder a los ciberataques. Este fortalecimiento exige grandes compromisos con la tecnología y los expertos; y, en este sentido, la economía es un factor decisivo para lo que concierne no solo a la defensa y seguridad, sino también a los objetivos de una nación.
Propuesta para el fortalecimiento económico: un régimen fiscal preferencial
Para mitigar sus vulnerabilidades y fortalecer la economía, República Dominicana tiene la oportunidad de establecer un régimen fiscal preferencial. Su ubicación geoestratégica y economía abierta la hacen un entorno propicio para esta iniciativa, importante resaltar que este régimen especial debido a los niveles de regulación y transparencia dista mucho de los llamados paraísos fiscales.
Un régimen fiscal preferencial se define como un marco jurídico tributario establecido por un Estado que otorga ventajas fiscales específicas a determinadas actividades, sectores, empresas o territorios, con el fin de incentivar la inversión, el comercio o el desarrollo económico (Contadores, 2024). Estas ventajas pueden incluir reducciones significativas de la carga impositiva, exenciones tributarias, facilidades administrativas o beneficios aduaneros. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se considera que un régimen fiscal es preferencial cuando ofrece condiciones fiscales sustancialmente más favorables que las aplicables en el régimen general del país, lo cual puede generar riesgos de competencia fiscal desleal y prácticas de erosión de bases imponibles y traslado de beneficios (OECD, 1998).
Beneficios potenciales
Un sistema fiscal preferencial puede atraer a empresas offshore, estimular sectores como el derecho, las finanzas y la tecnología, generar ingresos indirectos en contratos y tarifas, y promover la inversión de capital que ha sido trasladado al extranjero por dominicanos de regreso al país. La República Dominicana se colocaría en un importante mapa internacional gracias a ello. Este sistema está diseñado estrictamente para empresas extranjeras que no tienen operaciones comerciales en el dominio territorial de la República Dominicana, tales empresas incluyen: a) grupos de holding internacionales; b) fondos de inversión privada donde todas sus oficinas están fuera del país; c) consultores de gestión global sin prácticas locales.
Esta restricción asegura que no haya interrupción en la base fiscal nacional existente, ni competencia desleal con la industria nacional. Al mismo tiempo y se vincula con el cumplimiento de los estándares internacionales según lo establecido por la OCDE y la UE. México y Panamá son ejemplos del éxito de este régimen particular.
Caso régimen fiscal preferencial Panamá
El régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) (Ley 41 del 24 de agosto de 2007) es un régimen fiscal y operativo preferencial que otorga a las casas matrices y centros de servicios corporativos beneficios tributarios, migratorios y laborales para instalarse en Panamá. Antes de su instauración (2007) no existían empresas bajo el paraguas SEM; a cierre de 2024 el propio Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) reportó 12 nuevas SEM, con un ingreso de B/.24.2 millones de inversión y 8,359 empleos directos generados bajo el régimen.
Además, el régimen fiscal preferencial ha sido un motor generador de encadenamientos locales (contratación de 33 firmas contables y 222 firmas legales) que amplifican el efecto multiplicador en servicios avanzados. En términos de stock, la cartera de SEM supera ya alrededor de 185 multinacionales activas, consolidando la plataforma panameña de servicios corporativos regionales. Estos datos evidencian el salto pos-régimen respecto de la línea base “cero” previa a 2007 (MICI, 2025; La Estrella de Panamá, 2025).
Complementariamente, otros regímenes especiales como Panamá Pacífico (Ley 41 de 2004, régimen fiscal/aduanero/laboral para operaciones logísticas, manufactureras y de servicios) han robustecido el clúster de inversión. La Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico informa más de 410 empresas instaladas, con más de 10,000 empleos directos y superando los US$700 millones de inversión acumulada, cifras que contrastan con la situación previa a su creación en 2004, cuando el área no generaba dichos empleos ni flujos de inversión extranjera directa (IED) bajo este marco.
Caso régimen fiscal preferencial México
En México, el Programa IMMEX (Decreto publicado el 1 de noviembre de 2006, que integró y sustituyó a los programas Maquila y PITEX) configura un régimen fiscal/aduanero preferencial para productores y prestadores de servicios de exportación (diferimientos arancelarios, facilidades de IVA/IEPS, etc.). Como contraste pre/post, cuando inicia el registro estadístico en julio de 2007 se contaban 5,083 establecimientos; tras la consolidación, los registros muestran niveles en el orden de los 6,000 establecimientos a mediados de la década de 2010 (p. ej., 6,073 en octubre de 2016). En abril de 2011 los establecimientos IMMEX empleaban 1,853,784 personas; ya para enero de 2025 el personal ocupado ascendía a 3,232,379, lo que sugiere una expansión significativa del empleo bajo el régimen en el periodo pos-decreto. (DOF, 2006; CEFP, 2011; INEGI, 2025; SNICE, 2017).
En el frente de comercio exterior, la Secretaría de Economía de México ha documentado que las empresas con programa IMMEX concentran del alrededor del 59% al 66% de las exportaciones totales de bienes de México, indicador que ilustra su rol tractor de la plataforma manufacturera de exportación tras el decreto de 2006. Este peso exportador, sumado a la expansión del número de establecimientos y del empleo ya señalada, respalda que el régimen fiscal preferencial haya contribuido a mayor integración de México en cadenas globales de valor y a la diversificación de su industria exportadora manufacturera en el periodo posterior a su instauración. (Secretaría de Economía, s. f.; INEGI, 2015).
Propuesta de implementación régimen fiscal preferencial en fases
- Fase I: Promulgación de una ley de centro financiero internacional y creación de zonas fiscales especiales en Santo Domingo, Santiago y Punta Cana, con acceso restringido, abierto solo a entidades extranjeras sin actividad económica local.
- Fase II: Fortalecimiento de la superintendencia de bancos e implementación de estrictos controles de lavado de activos y transparencia fiscal modernizando la base jurídica existente alineado con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT).
- Fase III: Incentivos a la banca offshore, aseguradoras y fondos de inversión, y promoción de fintechs y servicios digitales financieros.
Mitigación de riesgos
Para evitar que República Dominicana sea incluida en listas negras, se aplicarían los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se reforzaría la supervisión y la cooperación internacional para prevenir el lavado de activos, y se diseñaría un régimen transparente y regulado para proteger la reputación del país, alineado con la XXXVII Reunión del Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebrada en Panamá los días 26 y 27 de julio de 2018.
Conclusiones
La configuración actual del entorno internacional obliga a República Dominicana a mutar de una economía reactiva a una economía estratégica, con capacidad de anticipación frente a amenazas externas. En este contexto, la resiliencia económica no debe entenderse únicamente como la capacidad de recuperación ante crisis, sino como la aptitud estructural para resistir presiones geoeconómicas; mantener la estabilidad macroeconómica y garantizar el ejercicio soberano de la toma de decisiones.
La implementación de un régimen fiscal preferencial bajo criterios de legalidad, transparencia y alineación con los marcos de la OCDE y el GAFI, se erige como una herramienta viable para blindar al país frente a la volatilidad externa, diversificar sus fuentes de ingresos y reposicionarse como nodo estratégico en el nuevo orden económico regional. Esta medida, lejos de fomentar prácticas elusivas, permitiría canalizar capital global hacia sectores productivos altamente regulados, estimulando la competitividad sin erosionar la base tributaria nacional.
Asimismo, el fortalecimiento de la seguridad y soberanía energética, la ciberdefensa, la infraestructura logística y los marcos regulatorios de inversión extranjera directa deben ser abordados como ejes integrales de una política económica de seguridad nacional. Solo mediante un enfoque sistémico e Inter agencial, articulado en torno al interés nacional, es posible consolidar un modelo económico resiliente que sirva como pilar realista de la defensa nacional y de la estabilidad institucional.
Para alcanzar el éxito en la implementación de esta propuesta, es importante iniciar con un marco regulatorio moderno y garante de la transparencia, limitar el acceso a entidades no residentes, aprovechar la infraestructura turística y de zonas francas actual y estimular la red de servicios financieros digitales. Al implementar estas medidas, República Dominicana puede no solo mitigar los impactos de las dinámicas geopolíticas y geoeconómicas, sino también fortalecer su posición como un actor clave en la economía global.
Por tanto, se concluye que la economía dominicana tiene cierta robustez y adaptabilidad, pero eventualmente debe transitar hacia un paradigma estratégico en el que la modernización y los mercados abiertos coexistan, mientras elimina gradualmente ciertos sectores de la economía que ya no pueden competir a nivel global. Y lo antes posible: esta es la única manera de preservar la soberanía nacional, el bienestar social e introducir al mundo una República Dominicana del siglo XXI que pueda actuar razonablemente bien y entender hacia qué se está moviendo.
