Evolución normativa de la justicia militar dominicana: respuesta constitucional y desafío institucional en el contexto del orden mundial del siglo XXI

Introducción

Las profundas evoluciones de la sociedad a nivel global, que incluyen la geopolítica, la economía y las normativas jurídicas, han sido clave para la transformación del concepto de seguridad y defensa de los Estados, ya que las nuevas amenazas identificadas, no solo afectan la soberanía y el territorio de forma convencional, sino también a las personas, al respeto de sus derechos fundamentales y al Estado mismo de forma transnacional y multidimensional.

Es por lo que, el nuevo orden mundial del siglo XXI prevé como enfoque principal la seguridad humana y la adaptación de las instituciones públicas a los nuevos tiempos, para que estas últimas puedan garantizar el estado de derecho sin desvincularse del marco constitucional e internacional, con estándares democráticos establecidos en leyes, normas y alto nivel de transparencia.

En República Dominicana las instituciones militares han formado parte del Estado no solo respondiendo a las necesidades de la defensa nacional, sino también, al ejercicio que regula la autoridad, disciplina y administración de justicia dentro de las Fuerzas Armadas (FFAA) y con ello han venido adaptándose a los cambios institucionales que redefinen sus competencias.

En el ámbito de la justicia militar, este ensayo examina la evolución histórica de la reforma procesal penal y cómo este avance normativo, perteneciente al nuevo orden mundial del siglo XXI, ha incidido en la transformación de las FFAA dominicanas y en su delimitación jurisdiccional, a través de las decisiones judiciales internacionales y nacionales, para, con ello, salvaguardar el debido proceso en los casos penales.

Desarrollo Teórico

Nuevo orden mundial siglo XXI

La transformación del nuevo orden mundial encuentra arraigo en la propuesta realizada por el entonces presidente de los Estados Unidos (EEUU) Woodrow Wilson al finalizar la primera guerra mundial, cuando dentro de los catorce puntos que presentó ante el congreso estadounidense, planteó la necesidad de crear una asociación de naciones con acuerdos específicos y que las mismas tengan por objeto ofrecer garantías recíprocas, sin que sea tomado en cuenta que los Estados sean pequeños o grandes (Gayubas, 2023).

Posteriormente, al finalizar la guerra fría y durante la crisis del Golfo, el presidente de EE. UU. George W. Bush al dirigirse al Congreso estadounidense durante un discurso empleó el término “nuevo orden mundial”, manifestando que el escenario internacional debe visualizarse hacia un periodo de cooperación, donde se pueda avanzar hacia una época libre de amenazas y del terror, donde se busque la justicia y las naciones puedan prosperar y vivir en armonía (Meyssan, 2005).

Otro dato importante y que se entremezcla al orden mundial del siglo XXI es el término empleado por el economista Jim O’Neil referirse a las potencias con economías emergentes llamado BRIC (Brasil, Rusia, India y China), cuyo peso tendría consecuencias en la formulación de políticas económicas globales. Oneil tuvo acierto en su análisis, ya que en el año 2006 estos Estados iniciaron los encuentros y en el 2009 se denominaron BRICS con la incorporación de Sudáfrica, lo que evidencia que el contexto económico forma parte de la transformación del poder internacional y del nuevo orden mundial (Páez, 2026).

En cuanto a las normas jurídicas que han incidido en el nuevo orden mundial del siglo XXI, hay que iniciar con la Carta de las Naciones Unidas la cual resume en su conglomerado, que todos los Estados poseen igualdad soberana, además de que incita a la solución pacífica de las controversias y previene la amenaza contra la integridad de los Estados (ONU, 2026). Ya para 1948 se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituyendo con eso el punto de inflexión más notorio en el siglo, debido a que a partir de esta declaración la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas adquieren una dimensión internacional definida que rompe todas las fronteras, no de forma inmediata, pero crea el precedente que obliga a los Estados a salvaguardar dichos derechos (ONU, 2026).

En el caso de la región occidental, para el año 1969 la Organización de Estados Americanos (OEA) promulga la Convención Americana sobre los DDHH, donde los Estados parte se obligan a respetar los derechos de las personas, pero, además, se comprometen a adoptar disposiciones de derecho interno, donde garantizan hacer efectivos en sus normativas jurídicas los derechos y libertades de las personas (OEA, 1969).

Estas normas internacionales no eliminan las leyes o costumbres con las cuales se rigen los Estados, sino, que inician una transformación jurídica en el hemisferio con el objetivo de alinearlos a fines comunes, para con ello, consolidar un sistema común que se autoriza de forma interna a través de convenciones y tratados internacionales, los cuales rigen en el ámbito interno. Esta combinación de factores geopolíticos, económicos y jurídicos, también son parte de las operaciones militares, ya que estos cambios esporádicos y fluctuantes hacen que el análisis de la amenaza se convierta en un diseño operacional, donde no solo se observa el aspecto militar, sino, la forma en que los Estados proyectan su poder.

En vista de esas composiciones, es que el orden mundial del siglo XXI utiliza los instrumentos del poder de forma estratégica, ya que este no solo depende de la capacidad de emplear la fuerza, sino, de cuando utilizar el poder duro y cuando el poder blando, pero a la misma vez, teniendo herramientas jurídicas comunes que limiten dicho poder y que a la vez lo convierte en el poder inteligente.

Esta realidad transnacional es lo que relaciona la evolución de las amenazas, no solo centrándolas en un ambiente meramente militar, sino, en diferentes dimensiones multidisciplinarias, pero que al final afectan a las personas. Debido a esto, es que surge el concepto de la seguridad humana, la cual contribuye a que de forma hemisférica se identifiquen las amenazas y en criterios unificados por los Estados, se contrarresten en el ámbito de la cooperación y colaboración.

El concepto de seguridad humana no debe entenderse como la desaparición de la seguridad como tal, sino, que esta concepción surge en el año 1994 en el informe sobre Desarrollo Humano, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) centrado en las personas, donde se señalaba que la seguridad debía no solo pensar en el territorio, sino, que debía extenderse a la existencia de las personas, a la protección desde el Estado por el desarrollo humano, al empoderamiento frente a las amenazas graves y a la formación de medios de subsistencia que reduzcan las vulnerabilidades (PNUD, 2022).

No obstante, el Manual de Seguridad Humana (MSH) realizado por Naciones Unidas (ONU) desde un enfoque de dicha seguridad, tipifica las posibles causas profundas que enfrentan las personas y los gobiernos para la solución de las amenazas que la afectan, manifestando, además, que esas soluciones no son simples, ya que para su éxito deben contar con iniciativas separadas (MSH, 2016).

Dentro de las tipificaciones de inseguridad están: la económica, la alimentaria, la sanitaria, la ambiental, la personal, la comunitaria y la política (MSH, 2016). Es importante resaltar que la seguridad humana no reemplaza la seguridad estatal, sino que la complementa, o sea, en el caso del Estado, este sigue fungiendo como el actor principal, utilizando como medio el monopolio de la fuerza; sin embargo, la seguridad humana orienta a que este poder se ejerza con límites y dentro de los ámbitos legítimos y establecidos en el orden constitucional.

Del nuevo orden mundial del siglo XXI a las Fuerzas Armadas Dominicanas y el impacto en la seguridad humana

República Dominicana es miembro de las Naciones Unidas desde 1945, de la Organización de los Estados Americanos desde 1948, cuando se reunieron en Bogotá, y, además, del Sistema de Integración Centroamericana desde 2003. Además, pertenece a otros organismos internacionales en los que ha participado, incluso como anfitrión, lo que resalta su trayectoria constante en los mecanismos multilaterales de cooperación y colaboración. De igual manera, ha firmado tratados y convenios que la ratifican como un Estado conforme a las normas internacionales y, por ende, estas rigen en el ámbito interno.

En el caso de las instituciones militares, estas han formado parte del Estado no solo respondiendo a las necesidades de la defensa nacional, sino también, al ejercicio que regula la autoridad, disciplina y administración de justicia dentro de las Fuerzas Armadas (FFAA) y con ello han venido adaptándose a los cambios institucionales que redefinen sus competencias. La justicia militar ha acompañado a la Constitución de la República Dominicana desde su nacimiento en el año 1844, cuando, de forma expresa, ordena a los colegisladores acordar en su primera sesión legislativa diversas leyes, entre las que destaca el Código Penal Militar, por lo que este articulado constituye uno de los más longevos que posee (art. 211, núm. 8; Constitución, 1844).

Sin embargo, hoy en día, la evolución de la reforma procesal penal iniciada en el año 2002 a través de la Ley 76-02 del Código Procesal Penal (CPP) y la Ley 278-04 sobre la Implementación del Proceso Penal, ha dado lugar a una interpretación jurisprudencial que cuestiona la continuidad del modelo tradicional de justicia establecido por la Ley núm. 3483 de 1953 sobre el Código de Justicia Militar (CJM), a la inexistencia del mismo, según las decisiones del Tribunal Constitucional TC/0512/17 (2017), TC/0251/18 (2018) y TC/0350/19 (2019), dejando un vacío jurídico institucional.

Cabe destacar que estas actualizaciones jurídicas no nacen de forma esporádica, sino que son el resultado de la aplicación del poder del orden mundial del siglo XXI, donde la República Dominicana, a través de convenios y tratados internacionales, actualiza su ordenamiento jurídico acorde al hemisferio y a las nuevas amenazas del entorno que afectan de forma simultánea a los Estados, por lo que es imprescindible tomar acción al respecto.

La posible génesis del asunto radica en un hecho ocurrido en República Dominicana en el año 2000 que involucra a miembros del Ejército y a nacionales haitianos indocumentados y que, a petición de los afectados, fue ventilado por la Corte Interamericana de los DDHH con el nombre de Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana (2012). Dentro de las observaciones que hizo la corte al Estado Dominicano, se encontraba la jurisdicción militar, ya que los miembros actuantes fueron procesados mediante Consejo de Guerra acorde al Código de Justicia Militar existente y dicha corte internacional manifestó que esa jurisdicción no era competente para sancionar a los autores de violaciones a DDHH, además, de que el Estado no había adoptado las normas internas acorde a la Convención de DDHH para la actualización de las mismas (pág. 53, CIDH, 2012).

Amparándose en violaciones a los DDHH y la ausencia del estado de derecho y de la justicia, características estas de la inseguridad política que abarca la seguridad humana, el Estado Dominicano resultó responsable en los nueve (9) ítems que desarrolló la sentencia de forma unánime, además, el tribunal concluye que las reparaciones a la parte lesionada no solo deben de resarcir los daños de manera pecuniaria, sino también con medidas de satisfacción que incluyen publicación y difusión de la sentencia además de establecer garantías de no repetición (CIDH, 2012).

Aunque esta sentencia fue evacuada en el año 2012 por la CIDH, después de la ocurrencia de ese hecho, el Estado dominicano realizó varias transformaciones jurídicas que abarcaban la jurisdicción penal militar, iniciando este evento en el año 2002 y estableciendo en el artículo 57 sobre la exclusividad y universalidad de las jurisdicciones penales del Código Procesal Penal (hoy en el artículo 58 de la Ley 97-2025) que:

Posterior a ello, la Ley 278-04 sobre la Implementación del Proceso Penal, instituido por el CPP de entonces 76-02, organizó el sistema a fin de que fuese viable su implementación, previó que su alcance fuese exitoso y estableció estrategias que descongestionaran los tribunales con los procesos que se fuesen ventilando. Para ello, modificó diversas normativas en el ámbito penal y derogó, con todas sus modificaciones y disposiciones complementarias, el Código de Justicia de las FFAA contenido en la Ley 3483 del año 1953, todo ello sin perjuicio de las facultades disciplinarias conferidas a los órganos internos de la institución (art. 15, núm. 13; Ley 278-2004).

De forma subsiguiente, se promulga la Constitución Dominicana de 2010, en la que se producen cambios trascendentales en la justicia militar, ya que, en las atribuciones del Presidente de la República como jefe de Estado, al referirse a los designios de los oficiales que componen la administración de justicia de las FFAA, queda en desuso el término “Consejos de Guerra de las Fuerzas Armadas” descrito en el art. 55, núm. 17 de la Constitución de 2002 y en lo adelante lo renombra como “Jurisdicciones Militares y Policiales” (Constitución, 2010), dando aquiescencia a la existencia de estas jurisdicciones.

Además, esta Constitución agrega el artículo 254 en el cual se enmarca la competencia de la jurisdicción militar (que en la anterior Constitución no existía) y que establece que su accionar es para conocer de las infracciones militares previstas en las leyes sobre la materia y sin que aquellas faltas no constituyan infracciones del régimen penal (Constitución, 2010). Otra de las actualizaciones que trae la Constitución del año 2010 es la creación del Tribunal Constitucional (TC), el cual luego se ampara en la Ley Orgánica 137-11 y se pone en marcha de manera oficial en el año 2012, coincidiendo este gran evento con el natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte y Diez (Tribunal Constitucional, 2026).

Estos dos nuevos eventos en normas e instituciones jurídicas dan un giro significativo y novedoso en las filas de las FFAA, ya que, desde una perspectiva estrictamente normativa, la reforma afectó las reglas procesales mediante las cuales se desarrollaban los procesos militares, lo que llevó a un nuevo orden jurídico, operacional y procesal; hechos que se destacan en el nuevo orden mundial del siglo XXI. Ejemplo de ello es la decisión tomada por el Tribunal Constitucional en fecha 16/03/2015 mediante la sentencia TC/0512/17 en donde la Armada de República Dominicana (ARD) solicitaba un recurso de revisión de decisión por la sentencia 00083-2015 emitida por el Tribunal Superior Administrativo, donde un ex miembro de esa institución obtuvo ganancia de causa por un recurso de amparo ante en el cual cuestionaba el proceso realizado con su retiro de las filas militares.

Respecto al caso, el TC acogió el recurso de revisión y revocó la sentencia recurrida en todas sus partes, así mismo, el TC en su decisión, no solo aprovechó para determinar que los actos administrativos militares corresponden al Tribunal Superior Administrativo, sino, que sostuvo que la ley 278-04 derogó la ley 3483 relativo al enjuiciamiento de sus miembros, todo esto sin perjuicio de las facultades disciplinarias conferidas a los órganos internos de la institución (TC/0512/17, 2017).

En ese tenor, en el mes de julio del año 2018, el TC se pronuncia nueva vez relacionado con el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, incoado por la ARD en contra de la sentencia 00429-2014 dictada por el Tribunal Superior Administrativo en fecha del 23/10/2014; donde uno de sus ex miembros interpuso una acción de amparo alegando la vulneración de derechos fundamentales debido a decisiones administrativas tomadas en dicha institución por cancelación de nombramiento por mala conducta.

En la decisión el TC acogió el recurso interpuesto por la ARD y revocó la sentencia en cuestión declarando inadmisible la acción de amparo interpuesta por el exmiembro, sin embargo, el tribunal no se limitó a eso, sino que aclara lo descrito en el artículo 254 de la Constitución manifestando que “la competencia de los tribunales militares se circunscribe al régimen disciplinario y no atañe a la función judicial, atribuida a los tribunales que conforman el Poder Judicial (pág. 28, TC/0251/18, 2018).

A raíz de otro expediente relativo al recurso de revisión constitucional de la sentencia de amparo 0030-02-2019-SSEN-00043 dictada por el Tribunal Superior Administrativo e incoada por un exmiembro de la ARD y que estuvo interpuesta en contra del Ministerio de Defensa (MIDE), la ARD y sus representantes, el 16/09/2019 el TC mediante la sentencia TC/0350/19 acoge dicho recurso en cuanto la forma y fondo y revoca la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, pero además le ordena al MIDE abstenerse y dejar sin efecto el proceso que había desarrollado en contra del exmilitar, ya que es un ilícito penal de carácter militar para lo cual dicho ministerio carece de competencia.

Además, esta sentencia declara inconstitucionales los Decretos que nombraban a los miembros del Tribunal de Justicia Militar por violar el principio de separación de poderes y hace un énfasis claro en lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica de las FF. AA. 139-13, el cual se refiere al régimen disciplinario y establece que su competencia se aplica a las faltas que no constituyan infracciones del régimen penal militar.

En la actualidad, es una atribución del Excelentísimo Sr. presidente como jefe de Estado “nombrar o destituir los integrantes de las jurisdicciones militar y policial (art. 128, lit. c, Constitución, 2024)”, lo que afirma la existencia de la jurisdicción militar, de igual forma, el artículo 254 le atribuye que la competencia de esta jurisdicción es para conocer de las infracciones militares.

Las decisiones judiciales evacuadas por el TC no pueden ser recurridas y por ende adquieren un carácter obligatorio y a pesar de que deja un vacío jurídico institucional, también transforma el accionar en cuanto a los procesos y decisiones a seguir cuando se presenten situaciones similares, sin embargo, es importante señalar cómo el nuevo orden mundial del siglo XXI actuó en la transformación de las normas jurídicas de la República Dominicana y a la vez evolucionó la justicia militar y las instituciones que rige.

Es una de las misiones de las FFAA dominicanas salvaguardar la Constitución de la República y regular sus actuaciones conforme a la normativa vigente, siendo garantes de esta. Por eso, es un desafío institucional continuar profesionalizándose, aprendiendo lecciones y contribuyendo a la seguridad y la defensa nacionales, para, con ello, defender nuestras instituciones, recursos y el bien común mediante normas que, a la vez, salvaguarden la integridad de los soldados, ya que la seguridad humana garantiza la no injerencia en cuestiones que atañen a la jurisdicción interna de los Estados, por lo tanto, si las normativas existentes ameritan ser adecuadas al nuevo orden mundial del siglo XXI, deberían ser modificadas y no erradicadas del ordenamiento jurídico, más aún, si quienes están por debajo de ese umbral no poseen la libertad de deliberar.

Conclusiones

Durante el desarrollo de este análisis se observan varios puntos importantes que van desde el inicio del nuevo orden mundial siglo XXI como campo geopolítico, las de los instrumentos del poder para los análisis estratégicos y por último la parte jurídica, que es la que concretiza todo el esquema para que la seguridad humana sea la que respalde la sociedad civil.

Desde un enfoque institucional que involucra tanto a las FFAA como al Poder Judicial y sus decisiones, si bien es cierto que la transformación de los procesos penales fue paulatina y concatenada a las normas internacionales y luego nacionales, las cuales dieron espacio a las FFAA a reorganizar y actualizar la estructura normativa, procesal e institucional; también es cierto que el termino de “inexistente” al referirse a la jurisdicción militar y policial siendo este utilizado por la misma Constitución como una atribución del jefe de Estado, es radical, ya que, aunque sea para conocer de las infracciones militares regidas por la ley, existe.

La evolución de la jurisdicción militar dominicana demuestra que el fortalecimiento institucional no depende de la permanencia de sus estructuras tradicionales, sino, de la capacidad de resiliencia y de armonizar la cultura organizacional con las nuevas amenazas y las decisiones que se expresan en las leyes nacionales e internacionales y que son interpretadas por los tribunales de la República. En ese desafío reside el verdadero futuro de la jurisdicción militar.