Conflictos sin rostro: Reflexiones en torno a la crisis de la seguridad humana y el enfoque de género en los conflictos armados

Introducción

Lo que ha transcurrido del siglo XXI se nos presenta desafiante. Por un lado, observamos como los Estados se han esforzado en la construcción de un marco jurídico internacional para proteger a las personas en situaciones de conflicto armado; y, sin embargo, la protección efectiva de los civiles se encuentra amenazada en forma alarmante, proyectándose de manera diferenciada en segmentos de la población que por motivos estructurales históricos no fueron incorporados con subjetividad plena como es el caso de las mujeres¹.

Así, los Convenios de Ginebra de 1949 -cuyas normas en su mayoría gozan de rango consuetudinario-, sus Protocolos Adicionales (1977), junto al enfoque de género establecido en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujeres (1979) la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), la Resolución N° 1325 del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad (2000) -entre otras-, el Estatuto de la Corte Penal Internacional (1998) -entre otros- constituyen un marco normativo que, si bien es reconocido como un esfuerzo significativo en la visibilización de los problemas actuales en la conducción de las hostilidades, en la práctica, no logra disuadir, ni sancionar con eficacia las violaciones masivas que sufren millones de personas.

Al analizar la brecha existente entre las normas mencionadas y la realidad es dable incorporar, también, el concepto de seguridad humana formulado por primera vez en el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1994). Este nuevo paradigma desplazó el foco de la seguridad desde el Estado-nación hacia las personas y la protección de su dignidad, afirmando que “la seguridad humana no es una preocupación por las armas; es una preocupación por la vida y la dignidad humana” (PNUD, 1994, p. 3), tiene asiento en dos pilares estructurales el freedom from fear -libertad frente al temor- y el freedom from want -libertad frente a la necesidad-, los que son puestos a prueba de manera sistemática en los conflictos armados contemporáneos, afectando de manera diferenciada a las mujeres forzadas a desplazarse de sus países de origen como consecuencia de esos conflictos.

Para dimensionar el impacto diferenciado de la violencia de los conflictos en el caso de las mujeres nos centraremos en: a) la escalada cuantitativa y cualitativa de los conflictos armados a nivel global, con aproximadamente 130 situaciones activas que duplican la cifra registrada por organismos especializados hace más de una década (CICR, 2026); b) el impacto de la creciente deshumanización de la población civil en el marco de las situaciones de conflicto armado; c) el carácter diferenciado con base en el género de la deshumanización de los conflictos en las mujeres y sus cuerpos que constituye un factor para su posterior desplazamiento forzado, frente a una vigencia del concepto de seguridad humana que no incluye un enfoque de género e interseccionalidad en su desarrollo.

El análisis propuesto busca establecer la interacción entre la crisis de protección de civiles en los conflictos armados del siglo XXI, la deshumanización como un patrón sistemático y, el compromiso político asumido recientemente por los Estados con el Comité Internacional de la Cruz Roja -en adelante CICR- (2024), promoviendo la interacción desde la perspectiva de la seguridad humana y la necesidad de inclusión en esta del enfoque de género e interseccionalidad. El alcance de la propuesta es teórico-analítico, con base en fuentes institucionales y, la relevancia de lo expuesto se encuentra dada por la interpelación directa y abierta a la comunidad de seguridad y defensa, en cuanto a que la protección de civiles no es una consideración marginal ajena a los estudios de seguridad, sino un requisito constitutivo del orden internacional que los Estados deben defender y que se enriquece aún más cuando pone el foco en las personas y sus vivencias conforme el impacto diferenciado que su género implica.

Los objetivos específicos del presente artículo son: a) analizar la necesidad de vigencia del DIH en los conflictos armados contemporáneos desde la perspectiva de la seguridad humana; b) introducir el enfoque de género y la interseccionalidad para analizar la deshumanización en contextos de conflicto y desplazamiento; y c) reflexionar sobre el alcance y las limitaciones de la Iniciativa mundial para reactivar el compromiso político con el derecho internacional humanitario -en adelante “Iniciativa Mundial” (CICR, 2024) como respuesta política a la actual crisis de humanidad en los conflictos armados.

Revisión de Literatura y Contexto

La seguridad humana como marco conceptual: desafíos en situaciones de conflictos armados

La noción de seguridad humana nacida en el ámbito de las Naciones Unidas (1994) se presenta como un cambio de paradigma en los desarrollos sobre la seguridad internacional frente a la concepción clásica que centraba la seguridad en la integridad territorial de los Estados y la capacidad de defensa militar, se produce un cambio que busca hacer foco no ya en los Estados, sino en las personas. Esto produce una modificación en torno a qué debía considerarse como amenazas a la seguridad, lo que llevó a la conclusión de que las amenazas son múltiples, se encuentran interconectadas y no son exclusivamente militares, como se entendía durante el siglo XX. También, se identifican siete dimensiones de la seguridad humana: económica, alimentaria, de salud, ambiental, personal, comunitaria y política (PNUD, 1994).

En el presente artículo nos centraremos en las dimensiones de seguridad personal -entendida como protección frente a la violencia física producto de las hostilidades armadas- y, seguridad comunitaria que incluye el derecho a vivir una vida libre de discriminación, conflictos étnicos y violencia social; dada la estrecha relación que guardan con las normas de protección de civiles establecidas en el Derecho Internacional Humanitario -en adelante DIH- para regular los conflictos armados contemporáneos. Tampoco debemos olvidar que el concepto de seguridad humana se apoya en dos pilares que son: el concepto de freedom from fear, entendida como la protección de las personas frente a la violencia, los conflictos y cualquier forma de inseguridad física; y el concepto de freedom from want, que implica el acceso a los recursos y servicios esenciales para una vida digna (PNUD, 1994; Segurilatam, 2025).

Al vincular lo expuesto con los conflictos armados contemporáneos, en particular, la crueldad en los ataques y destrucción de infraestructura vital para la población civil, observamos la afectación de los pilares mencionados, sumando el impacto diferenciado con base en el género (Durham & O’Byrne, 2010; Lindsay, 2000) y la interseccionalidad. Esta última entendida como un enfoque analítico proveniente de los estudios feministas, utilizado para describir la multidimensionalidad de las experiencias vividas y las discriminaciones superpuestas que enfrentan las personas por motivos como la raza, nacionalidad, clase, casta, religión, discapacidad u orientación sexual (Crenshaw, 1991, 2012).

El análisis propuesto en el presente artículo incorpora al marco de la seguridad humana la crítica en su tendencia a asumir la protección de la persona en tanto sujeto neutro y universal, en amplia contradicción con los desarrollos sobre enfoque de género, seguridad y conflictos armados, que demuestran que las mujeres en situaciones de conflicto armado no son simplemente “civiles” u “objetos de protección” -conforme la terminología del IV Convenio de Ginebra de 1949-; sino “sujetos” cuya vulnerabilidad se encuentra dada por las relaciones de poder patriarcales que el conflicto no suspende sino que intensifica y recrudece (Moser & Clark, 2001), con impactos propios en los cuerpos que se proyectan al tejido de las sociedades donde esas mujeres se encuentran insertas.

Para ello, abordaremos el corpus documental a partir de la combinación del análisis temático y la hermenéutica crítica como estrategias interpretativas complementarias. Mediante el análisis temático se identificaron y organizaron categorías recurrentes a través de las fuentes utilizadas, las que permiten verificar la interrelación entre las categorías de deshumanización en la protección de civiles, violencia sexual, género y seguridad humana, permitiendo mapear convergencias y tensiones conceptuales entre los instrumentos relevados.

La hermenéutica crítica orientó, a su vez, la lectura contextualizada de cada documento en su marco normativo y político de producción, atendiendo no sólo a los enunciados explícitos sino también a los silencios, desplazamientos y limitaciones presentes en los textos institucionales. Esta doble estrategia interpretativa permite trascender la descripción normativa para producir un análisis crítico de las condiciones en que el DIH aborda - o elude- las dimensiones de género en los conflictos armados contemporáneos, y la necesidad actual e imperiosa de una lectura interseccional (Raju & Bruun, 2023) capaz de reconocer al género como un factor condicionante del acceso a la protección.

Deshumanización: un desafío histórico del DIH y su regreso en el siglo XXI

Un común denominador en la historia de las guerras es la deshumanización entendida como la acción de “privar al otro de aquellas cualidades que le distinguen como ser humano” (Rodríguez Perez, 2007), ya sea que se trate de combatientes, personas protegidas -heridos, enfermos, náufragos, detenidos, prisioneros de guerra- y personas civiles. La deshumanización como método de combate se traduce en acciones concretas que se encuentran prohibidas expresamente por el DIH, pero que al día de hoy los mecanismos de cumplimiento -políticos y jurisdiccionales- no logran disuadir con eficacia.

Al respecto, el CICR (2026) señaló que la cantidad de conflictos armados continúa en aumento: aproximadamente 130 en 2026, duplicando la cifra de hace 15 años. Más de veinte conflictos se han prolongado más de dos décadas y con ello, hay generaciones que no han conocido la posibilidad de vivir su cotidianidad en paz, es decir, que han sido forzados a acostumbrarse a vivir en guerra. A su vez, los combates en los conflictos contemporáneos no se dan en lugares aislados, sino en zonas densamente pobladas, donde el frente de combate abarca entornos físicos y digitales. El uso de drones, inteligencia artificial y ciberoperaciones acelera y transforma la conducción de las hostilidades con efectos devastadores para la población civil. (CICR, 2026, párr. 1).

En este contexto, la deshumanización como un fenómeno complejo y global se presenta en tres dimensiones: física, institucional y tecnológica. En su dimensión física, la deshumanización convierte el cuerpo de las personas protegidas, especialmente el de las mujeres, en un objetivo militar. En particular cuando los ataques son dirigidos contra la infraestructura civil -hospitales, escuelas, viviendas, saneamiento- y, también, con la utilización de la violencia sexual en tanto método de combate sistemático contra civiles, ya sea mediante ataques físicos, su amenaza, y psíquica en los casos de amenazas de exposición de intimidad, amenazas de violación, entre otros².

La deshumanización en su dimensión institucional se expresa en el trato a las personas en contextos de detención. Al respecto, en el 75° aniversario de los Convenios de Ginebra de 1949, celebrado en 2024, el CICR advirtió que el DIH “se trata con una flexibilidad cada vez mayor”, y que “la detención en conflictos armados y la forma en que se trata a las personas en los lugares de detención deben basarse en el derecho internacional, no en la retórica” (Hackett, 2024, párr. 3). Esta advertencia es especialmente relevante cuando se observa la creciente utilización de la detención como una herramienta de terror y de concreción de actos de violencia sexual.

Finalmente, la deshumanización en su dimensión tecnológica se presenta con mayor ferocidad en lo que va del siglo XXI. El avance en la utilización de drones es crucial para comprender los nuevos alcances y desafíos que la tecnología presenta a la vigencia operativa del DIH. Cabe destacar que los ataques con drones aumentaron un 4.000% entre 2020 y 2024, al igual que el uso de la inteligencia artificial en la identificación de objetivos, con consecuencias potencialmente catastróficas para los civiles (Consejo de Seguridad de la ONU, 2026). Esta dimensión afecta de manera directa uno de los pilares del DIH: el principio de distinción entre combatientes y civiles.

El resultado de la deshumanización (ver gráfico 1) en sus tres dimensiones se observa en la actual impunidad estructural que no es casual sino funcional al mantenimiento de las hostilidades. Como señala el CICR (2024c), el sufrimiento, la destrucción y la crueldad que enfrentan, en particular, las personas civiles son consecuencia directa de la ausencia de voluntad política para aplicar el DIH y, esa ausencia de voluntad es el problema central que la comunidad internacional debe abordar.

Seguridad humana: una mirada con enfoque de género

La violencia de género y, en particular, aquella dirigida a las mujeres en el marco de los conflictos armados no es una novedad del siglo XXI, con registro a lo largo de la historia aunque la codificación de las leyes y costumbres de la guerra se dio dentro de una lógica androcéntrica conteste al sistema patriarcal (Lerner, 1990), lo que se tradujo en la constante invisibilización de la utilización de la violencia en sus múltiples formas -abusos sexuales, esclavitud sexual, esterilización forzada, embarazos forzados, entre otros- como un arma de guerra, y por tanto, en la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque interseccional en el DIH.

Algunos casos de trascendencia mundial fueron el de las “mujeres confort”, esclavas sexuales al servicio del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial (Chung, 2010); y, la implementación de “campos de violación” en el conflicto armado de la ex-Yugoeslavia, en el que mujeres, además de sufrir abusos físicos concretos, eran forzadas a participar de las violaciones de otras mujeres desconocidas o miembros de sus familias, embarazos forzados y mutilaciones (Bastick et. al., 2007; Skjelsbaek, 2010).

En este sentido, la irrupción de los feminismos en el ámbito de las Naciones Unidas y la adopción de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer -1979-, permitió la incorporación y comprometió la adecuación de normas y prácticas al enfoque de género (Vecchioni, 2017). Siguiendo lo expuesto y, luego de una labor constante de visibilización, en particular, a partir de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995)³, el Consejo de Seguridad adopta la Resolución 1325 (2000) y las resoluciones subsiguientes de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad (2000, 2008, 2009a, 2009b, 2010, 2013a, 2013b, 2016) las que, si bien representan avances normativos, enfrentan serias dificultades de implementación.

Datos recientes revelan el agravamiento de esta situación: conforme ONU Mujeres (2025) en 2024 se documentaron más de 4.600 casos de violencia sexual relacionada en conflictos armados, incluyendo su utilización como arma de guerra, tortura, terror y represión política, lo que supone un aumento de este fenómeno en un 87% entre 2022 y 2024. A estas cifras debe sumarse el agravamiento de la violencia de género registrada en 22 de los 25 países con crisis humanitarias en ese período (ONU Mujeres, 2025).

El presente artículo propone un análisis con enfoque de género e interseccionalidad del concepto de seguridad humana para describir el modo en que los conflictos armados afectan de manera cualitativamente distinta a las mujeres. Así, el impacto diferenciado con base en el género, en particular, en el caso de las mujeres se observa en el nivel de la amenaza: las mujeres y niñas enfrentan formas específicas de violencia -sexual, reproductiva, doméstica exacerbada- que los hombres no vivencian en los mismos términos (Stern, 2019).

Otro nivel de impacto diferenciado es el de la protección, ya que los sistemas de respuesta humanitaria históricamente han sido diseñados sin perspectiva de género (Vecchioni, 2017), promoviendo una visión de “neutralidad” que se traduce en una distribución inequitativa de recursos, en la exclusión de las mujeres de los procesos de toma de decisiones, por ejemplo, en los campamentos de refugiados y espacios de negociación de paz, ausencia de servicios de salud sexual y reproductiva, de asistencia en materia de salud mental para mujeres víctimas de violencia sexual en contextos de conflicto armado. Sumado a lo anterior, se observan diferencias a nivel de la representación, las mujeres son sistemáticamente subrepresentadas en los procesos de paz y en los cuerpos encargados de construir el DIH y sus mecanismos de cumplimiento.

En cuanto al uso de la violencia sexual como arma de guerra, éste ha sido reconocido como hecho constitutivo de las categorías de crímenes de guerra y lesa humanidad en el Estatuto de Roma (1998), e interpretado en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional (2012, 2019, 2021). Su análisis en los conflictos en República Democrática del Congo, Siria, Myanmar, Sudán y la Franja de Gaza, permiten observar la utilización de la violencia sexual particularmente dirigida hacia las mujeres como estrategia deliberada para desmoralizar comunidades, destruir lazos sociales y ejercer control territorial (Chavez Vargas, 2025). Sus consecuencias se extienden mucho más allá de las víctimas directas: producen desplazamientos masivos de población, destrucción del tejido comunitario y trauma intergeneracional que prolonga los ciclos de violencia (ACNUR, 2016).

Deshumanización y desplazamiento: una mirada con enfoque de género

A lo largo de la historia otro de los fenómenos presentes como consecuencia de los conflictos armados, además de la violencia de género, ha sido el desplazamiento forzado de población, a pesar de ello, la normativa⁴ que reconoce derechos a las personas en estos contextos ha excluido de manera sistemática el reconocimiento de la conexión con los conflictos armados, como también, la presencia de las mujeres en este fenómeno y, el impacto diferenciado de los desplazamientos en las vidas de éstas (Vecchioni, 2021).

Los desarrollos normativos a nivel internacional y nacional no han sido suficientes y, en la actualidad, las dimensiones del fenómeno no tienen precedentes: a finales de 2024, alrededor de 123,2 millones de personas se encontraban en situación de desplazamiento forzado por hechos asociados a conflictos armados y violencia generalizada, cifra que duplica aquellas registradas en la última década (eACNUR, 2024).

Si analizamos las cifras mencionadas a partir de la noción de seguridad humana podemos establecer la existencia de una triple vulnerabilidad para describir la trayectoria de desprotección que enfrentan las personas forzadas a desplazarse por situaciones de conflicto armado, y el impacto diferenciado en las mujeres con base en el género. Así, el primer factor de vulnerabilidad se observa en el país de origen cuando las mujeres sufren hechos de persecución por fuerzas armadas y/o grupos armados con base en su sola condición de mujeres -violencia sexual, reclutamiento forzado y destrucción del entorno- (Thynne et. al., 2022).

El segundo factor de vulnerabilidad ocurre en las rutas del desplazamiento, entendidas como espacios de altísimo riesgo, donde las mujeres con necesidades de protección internacional enfrentan redes de trata y la ausencia de protección institucional por parte de los Estados que atraviesan (Gutierrez Ochoa et. al, 2025). Y, por si fuera poco, las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan en los lugares de destino ante la falta de sistemas de acogida adecuados, campamentos de refugiados, problemas en el acceso a los sistemas de asilo, sumado a las situaciones de violencia estructural con base en el género propias de las sociedades de acogida.

Sumado a lo expuesto, no podemos dejar de mencionar la visión androcéntrica y masculinizada que mantiene el sistema de asilo con base en la Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 1951, su Protocolo de 1967 y las definiciones ampliadas a nivel regional y replicadas en las legislaciones internas de asilo (Vecchioni, 2021).

A pesar de numerosos esfuerzos realizados desde la academia para lograr la visibilización institucional de estas deficiencias, como de la labor del ACNUR en la adopción de documentos de interpretación de las definiciones legales a los fines de la incorporación del enfoque de género, éstas últimas sólo han servido a la promoción en los procedimientos de asilo de estereotipos de género asociados a representaciones de “mujeres merecedoras” del reconocimiento de la protección internacional, generando y promoviendo nuevas formas de vulnerabilidad y desprotección basadas en el género, estas vez institucionalizadas, que se suman a aquellas presentes desde el inicio del desplazamiento forzado (Espiro & Vecchioni, 2024).

Recordar lo que nos hace humanos: la Iniciativa Mundial del CICR (2024)

La crueldad presente en los conflictos armados del siglo XXI puede llevarnos a una conclusión prematura sobre la “erosión”, o la “inutilidad” del marco normativo en materia de DIH y de seguridad humana. Pero no debemos olvidar que frente a cada acción, se sucede una reacción y, en este sentido, el 27 de septiembre de 2024 Brasil, China, Francia, Jordania, Kazajistán y Sudáfrica lanzaron, junto con el CICR, la Iniciativa mundial para reactivar el compromiso político con el derecho internacional humanitario -la Iniciativa-, abriendo un proceso público para la inclusión de más Estados, y utilizando las redes sociales como un medio de circulación de información que fuera catalizador a la hora de generar conciencia en las personas⁵. Atendiendo a la estrecha relación de ésta con los temas del presente artículo, la analizaremos brevemente.

Los objetivos declarados de la Iniciativa son: a) convertir el DIH en una prioridad política a nivel global, regional e interno de los Estados; b) poner en el centro del debate internacional la necesidad urgente de exigir a las partes en conflicto la aplicación universal e irrestricta del DIH; y c) iniciar un proceso de discusión para producir recomendaciones concretas y ejecutables sobre los desafíos específicos más urgentes en la materia (CICR, 2024). Para ello, se organiza el trabajo en siete ejes temáticos co-dirigidos por grupos de Estados, a saber: i) buenas prácticas de prevención, ii) comisiones nacionales de DIH, iii) el DIH y la paz, iv) proteger la infraestructura civil, v) lograr una protección efectiva de los hospitales; vi) tecnologías de la información y las comunicaciones y vii) guerra naval (CICR, 2024, párr. 2).

A nivel cuantitativo en lo que va de su funcionamiento se destaca que: para mayo de 2026, 111 países se habían sumado formalmente (Consejo de Seguridad de la ONU, 2026), y la primera ronda de consultas celebrada entre abril y junio de 2025 con alrededor de 130 Estados participantes dio como resultado un conjunto de buenas prácticas y propuestas concretas que se integrarán en las recomendaciones finales (CICR, 2024). Se espera la culminación de este proceso en una reunión de alto nivel para defender la humanidad en el marco de los conflictos armados a finales de 2026 (CICR, 2024).

Al analizar este proceso desde la noción de seguridad humana, la Iniciativa representa un avance político sustantivo en tanto reconoce explícitamente que la crisis a nivel internacional producto del recrudecimiento de las situaciones de conflicto armado y sus efectos en la población civil no es de tipo normativa -falta de normas de protección convencionales y consuetudinarias-, sino de voluntad política de cumplimiento, lo que implica un diagnóstico más real, humano y útil, evitando declaraciones vacías o el dictado de nuevas normas que impliquen una sobre-regulación y contribuyan a generar mayor confusión en estos temas ya de por sí complejos de regular.

Tampoco puede hacerse a un lado la inclusión de China en este proceso, país que históricamente se mostró reticente a los marcos de protección internacional. Su presencia como Estado fundador brinda una muestra de compromiso geopolítico significativa en un contexto de multipolaridad emergente. Y finalmente, los temas a tratar en los ejes temáticos permiten abordar tanto los desafíos del DIH considerados tradicionales (conducción de hostilidades, protección de hospitales), como los emergentes (ciberguerra, inteligencia artificial).

A pesar de lo expuesto, existen limitaciones en la Iniciativa y a la luz de los desarrollos del presente artículo no podemos dejar de mencionar que una vez más se ha producido una exclusión metodológica del enfoque de género y la interseccionalidad en el abordaje de los conflictos armados.

Así, no se incluye en ninguno de los ejes temáticos uno dedicado explícita y exclusivamente a la violencia de género que permita un análisis diferenciado de los conflictos armados y su impacto, no solo en las mujeres y niñas, sino en los hombres y personas LGBTIQ+. A este respecto, si bien el eje “Buenas Prácticas de Prevención”, podría llevar a la incorporación de estas dimensiones con enfoque de género e interseccionalidad, la falta de un espacio específico reproduce la tendencia histórica a considerar la perspectiva de género como “un adicional” a voluntad de quien redacta y no como una parte estructural en el desarrollo del DIH en el siglo XXI. Más aún cuando se cuenta con extensos desarrollos producidos en el marco de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad a instancias de la Resolución N° 1325 -y subsiguientes- del Consejo de Seguridad.

Otra limitación que no puede obviarse es la naturaleza no vinculante de los compromisos asumidos en la Iniciativa, la cual opera mediante declaraciones políticas y recomendaciones voluntarias, en un contexto en el que la presidenta del CICR (2025) ha advertido contra la tendencia creciente de interpretaciones excesivamente permisivas del DIH, sumado a los retiros sin precedentes de algunos Estados de los tratados de desarme (Consejo de Seguridad de la ONU, 2026). Esto nos lleva al necesario fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas en paralelo al compromiso político, de lo contrario existe el riesgo de que la Iniciativa produzca declaraciones de buenas intenciones sin una transformación real de las prácticas de los actores involucrados en los conflictos armados.

Finalmente, otra limitación es la naturaleza estructural de la Iniciativa, es decir su diseño para Estados cuando una gran proporción de los conflictos contemporáneos involucra actores no estatales -grupos armados y sus múltiples formas de organización y asociación-; como tampoco, se incluye a las asociaciones civiles y personas -académicos, trabajadores humanitarios, operadores judiciales, defensores de derechos humanos, personas que realizan acciones de solidaridad internacional, entre otros- que trabajan en la promoción y aplicación de las normas en los contextos y formas más diversas y desafiantes que estos pueden presentar.

De esta forma, si bien el DIH vincula a todas las partes en conflicto -sean o no Estados, en tiempos de paz, durante y con posterioridad a las hostilidades armadas-, la Iniciativa carece de mecanismos específicos para generar cumplimiento en actores no estatales que participan activamente en los conflictos y que son frecuentemente los principales responsables de las peores violaciones documentadas contra la población civil; como tampoco, incluye ni abre la participación a sectores de la población civil que históricamente han contribuido a la vigencia del DIH a partir de sus acciones de litigio estratégico, y toda otra forma de visibilización de las obligaciones en materia de DIH.

Conclusiones

El análisis desarrollado a lo largo del presente artículo nos permite concluir que los conflictos armados del siglo XXI no sólo amenazan la seguridad personal de los civiles, sino que afectan de manera simultánea todas las dimensiones de la seguridad humana a partir de acciones concretas que buscan promover el paradigma de la deshumanización, muchas veces asumido como un efecto colateral de las hostilidades armadas.

En este sentido, pudimos analizar la necesidad de una incorporación real del enfoque de género y de la interseccionalidad en la interpretación de las normas de DIH, como de su vinculación al tratamiento de conformidad con la noción de seguridad humana, en tanto herramientas que desarticulan las situaciones normativas y fácticas de deshumanización en el marco de los conflictos armados es cada vez más imperiosa.

Una prueba de lo expuesto es el incremento del 87% de la violencia sexual en conflictos entre 2022 y 2024 (ONU Mujeres, 2025), las situaciones de vulnerabilidad a las que se ven sujetas las mujeres en el marco de los desplazamientos forzados causados por situaciones de violencia generalizada y conflictos armados en los países de origen, en las rutas y en los países de acogida, lo que constituye evidencia suficiente para afirmar que un enfoque de seguridad humana que no incorpore la perspectiva de género es teóricamente incompleto y prácticamente insuficiente.

La situación descripta muestra, también, la reacción desde la institucionalidad a la deshumanización, sirviendo como ejemplo de ello la Iniciativa mundial para reactivar el compromiso político con el derecho internacional humanitario del CICR (2024), la que si bien a primera vista podría señalarse como el avance político más significativo en la arquitectura del DIH en años recientes, nos muestra un diseño con limitaciones históricas en la materia.

Así no podemos dejar de señalar la ausencia de un eje temático específico sobre violencia de género; la naturaleza no vinculante de los compromisos; y la falta de mecanismos específicos para actores no estatales, así como la falta de inclusión de actores diversos que trabajan la temática y contribuyen a la evolución del DIH (académicos, docentes, operadores jurídicos, defensores de derechos humanos, personas que realizan acciones de solidaridad internacional, ONG’s, entre otros). La reunión de alto nivel prevista para finales de 2026 tiene el potencial de convertirse en la oportunidad para corregir estas deficiencias.

A lo largo del presente trabajo observamos como el orden mundial en el siglo XXI se juega, entre otros escenarios, en la capacidad de la comunidad internacional de mantener vivo el principio que subyace a todos los marcos normativos examinados de que “hasta las guerras tienen límites”. No debemos olvidar que estos límites derivan de la dignidad humana, y defender esos límites con enfoque de género e interseccionalidad, con mecanismos políticos y jurisdiccionales efectivos, no es otra cosa que dar cumplimiento a la seguridad humana.