Introducción

Todos los seres humanos aspiramos a vivir dignamente y en paz en un entorno de seguridad humana que nos permita desarrollarnos en plenitud y que nos aporte bienestar. El bienestar de todo ser humano que habita el planeta que compartimos. Un planeta en el que hoy en día somos capaces de vernos a cientos de kilómetros en tiempo real, en el que las distancias son relativas. Pero al mismo tiempo somos ajenos a una realidad que nos genera incertidumbre. Una realidad en la que cada vez encontramos una sensación mayor de lo que se ha llamado “presentismo” entendido como que parece que hay un futuro indiscernible y aterrador, unido a una especie de indiferencia hacia el pasado, como si hubiese sido algo absolutamente inútil y obsoleto (Droit, 2025).

Podemos decir que actualmente seguimos inmersos en lo que Beck denominó “sociedad del riego”. La define como una fase de desarrollo de la sociedad moderna en la que los riesgos sociales, políticos, ecológicos e individuales creados por el impulso de innovaciones eluden cada vez más el control y las instituciones protectoras de la sociedad industrial. Esta época del riesgo impone sobre nosotros “la carga” de tomar decisiones cruciales que puedan afectar a nuestra supervivencia sin ningún fundamento adecuado en el conocimiento. Las medidas sociales de organización, principios éticos y legales como la responsabilidad, la culpa y el principio de “quien contamina paga”, así como los procedimientos políticos de toma de decisiones (como el principio del gobierno de la mayoría) no son adecuados para captar y/o legitimar los procesos que se han puesto así en marcha.

Tal y como señala Beck, como de lo que se trata es de tomar decisiones en vista de las consecuencias impredecibles e inatribuibles de las tecnologías a gran escala, es preciso redefinir las normas y principios para la toma de decisiones, para los ámbitos de aplicación y para la crítica (Beck, 2000). Y más teniendo en consideración que estamos asistiendo a una reconfiguración “atropellada” del Orden Mundial basada en el resurgimiento a cara descubierta de actuaciones imperialistas propias de tiempos pasados. Neoimperialismos que parecen conducir a una reconfiguración contraria al multilateralismo y a las relaciones internacionales imperantes hasta hoy, dejando de lado la diplomacia y el beneficio común. Sobre la base de un neoliberalismo capitalista sin límites y proclive a la desregulación total, se está poniendo en duda tanto la idoneidad como los beneficios de la propia globalización.

Asimismo, y estrechamente vinculado con lo anterior, ha surgido el concepto de “iliberalismo”. La evidencia empírica revela la existencia de unos sistemas políticos en los que se mantienen las formas democráticas, pero en los que se ve erosionada la dimensión liberal que suele acompañarlos. Se constata una debilitación de la separación de poderes y de los pesos y contrapesos habituales en favor de un mayor protagonismo del ejecutivo que concentra poder, una reducción de los derechos y libertades de los ciudadanos, en particular de las minorías, un menoscabo a la libertad de prensa y una deslegitimación tanto de la fiscalización interna que puede ejercer la sociedad civil y las ONG como de la externa que es llevada a cabo por las organizaciones internacionales (Barrio, 2022). Del mismo modo se pronuncia Delle Done alegando que oligarquías corruptas y autoritarias tratan de colonizar el Estado, anular la separación de poderes y acosar a la prensa libre (Delle, 2025).

El último informe de riesgos globales elaborado por el Foro Económico Mundial (FEM) destaca un cambio claro hacia una “era de competencia”. Si bien el impulso de los riesgos globales continúa acelerándose en velocidad, escala y alcance, el informe señala que el futuro no es un camino único y fijo, sino un abanico de decisiones que tomamos hoy como comunidad global. El análisis describe la aparición de un panorama multipolar, marcado por la confrontación en lugar de la cooperación y la confianza. La confrontación geoeconómica que amenaza el multilateralismo, la desinformación (tanto accidental como intencionada) y la polarización social constituyen los tres principales riesgos a corto plazo, mientras que los riesgos ambientales dominan el panorama a largo plazo (FEM, 2026).

Desarrollo

Hoy en día se debate acerca de la justicia, de su alcance, de los derechos humanos, el desarrollo, la sostenibilidad económica, social y medioambiental y la paz en aras de conseguir seguridad humana para todas las personas. Hasta ahora el sistema internacional se ha basado en el Consenso de Washington. Respecto a este, como puso de manifiesto Held, los gobiernos fallan a las expectativas legítimas de los ciudadanos cuando aceptan un sistema internacional que impide o desalienta la cooperación internacional que a menudo y cada vez más es esencial para evitar desastres económicos, comerciales, médicos o ambientales. Las personas están sujetas a un riesgo constante que los filósofos llaman “dilema del prisionero”: circunstancias en que es racional para cada uno de ellos hacer algo, que termina en pérdida para todos ellos.

Estas situaciones plantean difíciles desafíos de coordinación. Los gobiernos pueden y responden a estos retos, cuando estos pueden resolverse localmente, mediante la adopción y aplicación de las leyes. Pero algunos problemas, como la contaminación de la atmósfera con carbón, no pueden ser enfrentados por los gobiernos actuando cada uno solo en su propio territorio. Las personas en los Estados separados necesitan la protección que solo una política coordinada respaldada por todos o casi todos los gobiernos pueden proporcionar. Pero un absoluto sistema westfaliano simplemente repite el dilema a nivel internacional. Si los Estados no pueden verse obligados a cooperar, todos tienen una razón para no participar.

Como consecuencia de ello, Held señaló que el Consenso de Washington ha debilitado la capacidad de gobernar– a nivel local, nacional y mundial- y ha erosionado la capacidad de proporcionar los bienes públicos más imprescindibles. La libertad económica es defendida a costa de la justicia social y la sostenibilidad del medio ambiente, causando daños a largo plazo a ambas, además de confundir la libertad económica con la eficacia económica. Por otra parte, la sistemática debilidad política del Consenso de Washington se ha visto agravada por las doctrinas de seguridad de Washington. El estado actual de las principales organizaciones e instituciones del orden multilateral requieren un desarrollo mayor.

En vista de lo anterior, a juicio de Held, para hacer frente a una serie de retos globales hace falta un sistema de toma de decisiones mundial, claro, eficaz y responsable; sin embargo, la capacidad colectiva para abordar estas cuestiones despierta serias dudas (Held, 2012). Y más teniendo en cuenta que las reglas internacionales se han aplicado históricamente de forma asimétrica, en un mundo gobernado por los intereses de los poderosos.

Como afirma Ronald Dworkin, en el sistema westfaliano de independencia plena soberana falta un cuerpo legislativo internacional con suficiente jurisdicción para resolver los problemas graves de coordinación a los que cada nación se enfrenta ahora. Nosotros ya nos estamos enfrentando a devastadores dilemas de prisioneros: sobre terrorismo, cambio climático, comunicación por internet y la política económica. Si tuviéramos una forma totalmente diferente de organización podríamos atacar esos problemas a través de una legislación global (Dworkin, 2013). Legislación global que sea también capaz de regular la cada vez mayor injerencia extranjera en los asuntos internos de otros países a través de diferentes vías, potenciadas por las redes sociales y por la Inteligencia Artificial.

Lo mismo está ocurriendo respecto a la propia democracia y sus instituciones, las cuales tienen un papel fundamental. Como es bien sabido, la democracia aspira a la justicia social y, por ende, conlleva una serie de valores democráticos, entre ellos, la tolerancia, interactuar con diferentes opiniones, convivencia, cohesión social, colaboración, derechos humanos, crítica constructiva, sostenibilidad (económica, social y ambiental), cooperación, solidaridad, seguridad humana y, por supuesto, participación ciudadana. Y es que la democracia depende de la participación de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones, y por tanto, requiere que puedan comunicarse entre sí y que se respete su derecho a recibir información veraz. Sin embargo, los nuevos avances tecnológicos, sobre todo, redes sociales e Inteligencia Artificial, están cambiando la forma tanto de comunicarnos como de entender la sociedad y el mundo.

Paradójicamente, nos encontramos en un momento de gran interconexión, si bien ello no quiere decir que nos estemos comunicando mejor. Partiendo de la base de que las redes sociales per se no tienen por qué ser nocivas, se está haciendo un uso instrumentalizado de las mismas para, entre otras cosas, influir y moldear la opinión pública. Mediante algoritmos, desinformación, bulos y manipulación, y con el objetivo de captar la atención e incidir directamente en las emociones, estamos siendo encapsulados en burbujas ideológicas que conllevan actitudes políticas más unilaterales que cada vez más nos impiden dialogar y debatir con el prójimo, lo que puede alterar gravemente el orden social. Como señala Ballesteros, el poder digital cercena la atención y deteriora la democracia utilizando la inestabilidad como herramienta del poder (Ballesteros, 2025).

A través de estas se aprecia un auge exponencial de la polarización1 de la sociedad (Complexity Science Hub, 2025) exacerbada por la irrupción de un individualismo salvaje. Ello está provocando un aumento de la fragmentación social, la desconfianza, intolerancia, desigualdad, criminalización del que piensa diferente... Urge un sistema de gobernanza eficaz y transparente para poder proteger a las personas y garantizarles su seguridad. Una seguridad humana fundamental y que abarca múltiples factores interrelacionados. Tal y como señala Naciones Unidas, para muchas personas el mundo actual es un lugar inseguro, plagado de amenazas en muchos frentes. Los desastres naturales, los conflictos violentos, la pobreza crónica y persistente, las pandemias, el terrorismo internacional y las recesiones económicas y financieras abruptas imponen dificultades y socavan las perspectivas de desarrollo sostenible, la paz y la estabilidad (F.F. N.U., 2016).

Las crisis son complejas y entrañan múltiples formas de inseguridad humana. Cuando las inseguridades se solapan, pueden crecer e invadir todas las esferas de la vida de las personas, destruir comunidades enteras e incluso cruzar las fronteras nacionales. Las inseguridades deben atenderse en conjunto, de forma exhaustiva. Así, las personas se sentirán protegidas en todos los ámbitos de la vida, tendrán ingresos y oportunidades para alcanzar el bienestar mediante un respeto absoluto de sus derechos y dignidad. Solo entonces gozarán de la seguridad humana, una respuesta más robusta y duradera a las principales carencias en materia de paz y desarrollo. El enfoque de la seguridad humana fortalece la resiliencia frente al cambio climático y los desastres naturales, promueve sociedades pacíficas e inclusivas, combate las causas subyacentes de la pobreza y facilita la transición de una crisis humanitaria a un desarrollo sostenible duradero (F.F. N.U., 2016).

El enfoque de la seguridad humana requiere estrategias de desarrollo que creen sociedades más resilientes en las que las personas estén protegidas de amenazas crónicas, como pobreza extrema, hambre, enfermedades, violencia, represión y de perturbaciones repentinas de la vida cotidiana. En resumen, el enfoque de la seguridad humana es imprescindible para alcanzar el desarrollo sostenible. El entendimiento común que orienta la aplicación del enfoque de la seguridad humana en el sistema de las Naciones Unidas: las personas tienen el derecho de vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación, a disponer de una igualdad de oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano; exige respuestas exhaustivas centradas en las personas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención, que refuercen la protección y el empoderamiento de todas las personas y todas las comunidades.

Asimismo, la seguridad humana reconoce la interrelación entre la paz, el desarrollo y los derechos humanos, y a su vez tiene en cuenta los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Su concepto difiere de la responsabilidad de proteger y su implementación. La seguridad humana no supone la amenaza ni el uso de medidas de fuerza o coercitivas, y no reemplaza en ningún caso la seguridad estatal. Se basa en la implicación nacional: puesto que las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de la seguridad humana varían de forma considerable entre los países y dentro de ellos, así como en diferentes momentos, la seguridad humana refuerza las soluciones nacionales compatibles con la realidad local. La función y la responsabilidad primordiales de asegurar la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos sigue recayendo en los gobiernos (F.F. N.U. 2016).

Sin embargo, teniendo en consideración las dinámicas contemporáneas de violencia, cabría preguntarse si la dicotomía entre seguridad estatal y seguridad de las personas resulta insostenible (Guzmán, 2026)2. Este enfoque resulta muy interesante en momentos en los que proliferan los discursos enfocados en el enfrentamiento y la división, el resultado puede ser una especie de “histeria colectiva” en la que el ser humano, único ser capaz de creer en los relatos, cree en soluciones sencillas a problemas complejos. Problemas que más bien son desafíos que hemos de afrontar conjuntamente para poder superar, pues hay problemas que no entienden de fronteras, ni de cálculos geopolíticos, ni de estrategias; y porque la experiencia ha demostrado que el pensamiento a corto plazo y acompañado de violencia tiene un resultado no solo negativo sino también contraproducente.

Y es que estamos en una época que parece absolutamente caótica. Sin embargo, el caos ha resultado ser una estrategia. Ha aparecido una nueva generación de estrategas expertos en imagen, comunicación digital y manipulación de datos. A través de las redes sociales explotan las emociones de los usuarios moldeando la opinión pública y reconfigurando el orden social. Fabrican el desorden para canalizar mejor la ira popular que ellos mismos generan y su papel es decisivo en el debilitamiento de las instituciones democráticas (Da Empoli, 2020).

En un mundo en el que se han desdibujado todas las reglas, donde se vuelven a imponer decisiones de manera despiadada y la Inteligencia Artificial campa sus anchas, ha llegado la hora de los depredadores en la que el respeto a las instituciones y los derechos se ha convertido en algo irrelevante para los autócratas y los magnates de la tecnología, y en donde los nuevos líderes moldean la realidad a su antojo mediante la fuerza bruta, el engaño y la disrupción caótica (Da Empoli, 2025).

Las respuestas que necesita la sociedad mundial en su conjunto no pueden reducirse a las fronteras de un Estado concreto, precisando de un entendimiento con las demás naciones que consiga respuestas eficaces a problemas complejos que afectan a toda la humanidad. Además de reconocer y trabajar en el orden institucional global y nacional, es muy importante también el papel de las personas y de los organismos no gubernamentales, que, tal y como señala Amartya Sen, el diálogo global es vital y se produce entre instituciones como las Naciones Unidas pero también de manera más general a través de los medios de comunicación, la agitación política, el trabajo comprometido de las organizaciones ciudadanas y las ONGs, y el trabajo social basado no solo en las identidades nacionales, sino también en otras comunidades, como los movimientos sindicales, las cooperativas, las campañas de derechos humanos o las actividades feministas (Sen, 2010).

Partiendo de las actuales circunstancias, en las que podríamos considerar la desigualdad y la pobreza como parte de las circunstancias de la justicia, la política nacional debiera tender siempre a la consecución de la seguridad humana, la cohesión social y la sostenibilidad, no solo económica sino, en definitiva, vital. El papel del Estado en una democracia es representar la voluntad popular, y si bien es complicado de armonizar, la democracia no puede medirse según su sencillez o dificultad. Requiere acuerdos y consensos, y el abandono de verdades absolutas y miras unidireccionales. Esos acuerdos y consensos también pueden alcanzarse globalmente en determinadas materias, siendo posible, a la par que deseable, elaborar una teoría de la justicia con unos mínimos aceptables para todos y trabajar para erradicar las injusticias más flagrantes.

Todo ello teniendo en cuenta que vivimos en un periodo de una opulencia sin precedentes. Opulencia que, según múltiples informes recientes de diferentes organismos -tanto oficiales como de organizaciones no gubernamentales- se va acumulado cada vez en menos manos, mientras sigue aumentando la desigualdad tanto nacional como globalmente en un creciente número de países, tanto desarrollados como en desarrollo. El último informe sobre desigualdad global realizado por el World Inequality Lab destaca el separatismo de los ricos del mundo y la urgente necesidad de una justicia fiscal en la cima de la pirámide. Explora nuevas dimensiones de la desigualdad que definen el siglo XXI: el clima y la riqueza, las disparidades de género, el acceso desigual al capital humano, las asimetrías del sistema financiero mundial y las divisiones territoriales que están rediseñando la política democrática.

En conjunto, estos temas revelan que la desigualdad actual no se limita a los ingresos o la riqueza, sino que afecta a todos los ámbitos de la vida económica y social. Además de una gran cantidad de datos novedosos, el último informe del World Inequality Lab proporciona un marco para comprender cómo se entrecruzan las desigualdades económicas, medioambientales y políticas. Hace un llamamiento a una cooperación global renovada para abordar estas divisiones desde su raíz mediante una fiscalidad progresiva, la inversión en capacidades humanas, la responsabilidad climática vinculada a la propiedad del capital privado y unas instituciones políticas inclusivas capaces de reconstruir la confianza y la solidaridad (World Inequality Lab, 2026).

La globalización existe y hemos de analizar la forma adecuada que ha de adoptar, sobre todo teniendo en consideración la relevancia moral de los intereses fundamentales de las personas, que deben estar en el centro de toda consideración y formar parte de ella. Tal y como afirma Pogge, la actual interconexión ofrece enormes posibilidades. Y por ello, debemos repensar acerca de cómo podría resultar lo más beneficiosa posible para la humanidad en conjunto (Pogge, 2009). De ahí que considero fundamental la preocupación poggésiana por el valor moral del autogobierno colectivo y la mayor coordinación y transparencia posible. Ello en aras de su consecución, pues considero que son instrumentos y/o elementos necesarios para llevarse a cabo (Esteban, 2022).

Como se puede apreciar, la seguridad humana y el desarrollo humano van de la mano. Las siete dimensiones de la seguridad humana (económica, alimentaria, sanitaria, medio ambiental, personal, comunitaria y política) son el pilar fundamental para conseguir un desarrollo humano que nos permita a todos vivir en plenitud. Esta seguridad humana requiere como mínimo educación, salud, justicia social, protección ambiental y gobernanza democrática. Conseguirla supondrá poder hacer frente a los riesgos a los que nos enfrentamos, y que actualmente consideramos que son, siguiendo el informe del Foro Económico Mundial, la confrontación geoeconómica que amenaza el multilateralismo, la intensificación de riesgos económicos, los riesgos tecnológicos sin control, la polarización social, los riesgos ambientales a largo plazo y que el viejo orden mundial está en un punto de inflexión (FEM, 2026).

En un mundo de amenazas y desafíos interconectados, interesa a todos los países dar una respuesta eficaz a todos ellos. Por eso la causa de una libertad más amplia solo – aquí el autor hace alusión a un concepto más amplio de libertad que engloba desarrollo, seguridad y derechos humanos- puede promoverse mediante una cooperación extensa, profunda y sostenida a nivel mundial entre los Estados. Esa cooperación es posible si las políticas de cada país tienen en cuenta no solo las necesidades de los propios ciudadanos sino también las necesidades de los demás. Además de promover los intereses de todos, esta clase de cooperación es también un reconocimiento de nuestra humanidad común (Naciones Unidas, 2005).

Los Estados soberanos son componentes básicos e indispensables del sistema internacional. A ellos les corresponde garantizar los derechos de sus ciudadanos, protegerlos de la delincuencia, violencia y la agresión, y crear el marco de libertad al amparo de la ley que permita a las personas prosperar y a las sociedades desarrollarse. Si los Estados son frágiles, los pueblos del mundo no gozarán de la seguridad, el desarrollo y la justicia a que tienen derecho. Por tanto, uno de los grandes desafíos del nuevo milenio es asegurar que todos los Estados sean bastante fuertes para responder a los numerosos desafíos a que se enfrentan. Pero esta tarea no pueden hacerla solo los Estados. Necesitamos una sociedad civil activa y un sector privado dinámico. Ambos ocupan una parte cada vez más amplia e importante del espacio antes exclusivo de los Estados, y es obvio que los objetivos descritos no podrán conseguirse sin su total participación (Naciones Unidas, 2005).

También son necesarias, a nivel regional y mundial, instituciones intergubernamentales ágiles y eficaces que puedan movilizar y coordinar la acción colectiva. En nuestro intento de fortalecer las contribuciones de los Estados, la sociedad civil, el sector privado y las instituciones internacionales para promover un concepto más amplio de la libertad, debemos asegurar que todos los interesados asuman su respectiva responsabilidad de traducir las buenas palabras en hechos positivos. Por consiguiente, necesitamos nuevos mecanismos que garanticen la rendición de cuentas: la rendición de cuentas de los Estados ante sus ciudadanos, de los Estados entre sí, de las instituciones internacionales ante sus miembros y de la presente generación ante las generaciones futuras (Naciones Unidas, 2005).

Es crucial ampliar la comprensión de la seguridad más allá de su enfoque tradicional territorial, tomando en cuenta todas las facetas de la vulnerabilidad humana, como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, la violencia, los desastres naturales y otros riesgos. Esto implica abordar las causas subyacentes que afectan la seguridad humana y encontrar soluciones integrales que protejan y promuevan el bienestar de las personas. Incluye aspectos como la seguridad alimentaria, la salud, la educación, los derechos humanos y la protección del medio ambiente, y no se limita únicamente a la seguridad física y militar. Asimismo, el fortalecimiento de las instituciones, la promoción de la cooperación internacional y la lucha contra las desigualdades sociales y económicas son objetivos necesarios para lograr un enfoque efectivo de seguridad humana (Luque, 2024).

Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 respaldan la seguridad humana y brindan un marco universal para trabajar con los Estados en la búsqueda de su cumplimiento. El paradigma de desarrollo humano y sostenible establecido por la ONU ha fortalecido la importancia de esta concepción en los planes de desarrollo gubernamentales. En el ámbito de la defensa, esta perspectiva se ha convertido en un enfoque para gestionar situaciones que promuevan la reducción de riesgos e incertidumbres tanto en áreas rurales como urbanas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población. Más allá de esto, la noción de seguridad humana ha evolucionado y ha sido incorporada en el ámbito militar, con el propósito de armonizar la protección de derechos, la ejecución de funciones públicas y la prevención de amenazas (Luque, 2024).

En este contexto, es prioridad fundamental la integridad total tanto de los actores armados como de la ciudadanía que es objeto de agresión. Esto implica buscar soluciones que vayan más allá de la reacción y el uso de la fuerza, con enfoque en la protección y el bienestar de todos los involucrados. Es importante ampliar la comprensión de este concepto en el ámbito militar, promoviendo enfoques que incluyan la prevención de conflictos, la promoción del diálogo, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la gobernanza democrática. De esta manera, se puede avanzar hacia una seguridad integral que garantice la paz, el desarrollo y el bienestar de las personas en todas las situaciones y contextos.

Por ello, surge la necesidad de definir de manera clara los límites de las responsabilidades militares en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la protección de las libertades, pero siempre sin comprometer ingenuamente su misión fundamental de defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial, proveer seguridad y mantener el orden interno, así como garantizar la convivencia y el ejercicio de los derechos y las libertades públicas. Es fundamental fomentar un enfoque integral que vaya más allá de la respuesta a amenazas y se centre en la prevención de conflictos, la protección de los derechos humanos, la promoción de la paz y el desarrollo sostenible. Para ello, es necesario adoptar prácticas y políticas que fomenten la colaboración con otros actores sociales, fortalezcan la gobernanza democrática y promuevan la participación ciudadana (Luque, 2024).

Se deben respetar los principios de proporcionalidad y legalidad en el uso de la fuerza. En este sentido, se presentan dos enfoques conceptuales que abordan la seguridad humana de manera integral: 1.- Enfoque de amenazas y vulnerabilidades: abarca diversas amenazas y vulnerabilidades que impactan a las personas como violencia armada, conflictos, pobreza, exclusión social, desastres naturales, cambio climático, inseguridad alimentaria y acceso limitado a servicios esenciales. Este enfoque busca anticipar y resolver dichos desafíos de manera sostenible, fomentando la resiliencia comunitaria y la prevención; y 2.- Enfoque centrado en las personas: la protección y el bienestar de las personas están en el centro. Implica proteger sus derechos básicos, satisfacer las necesidades fundamentales de las personas (alimentación, vivienda, educación y atención médica). Igualmente, se vela por la promoción de la inclusión social, la equidad de género y la no discriminación.

Teniendo todo lo anterior en consideración, las Fuerzas Armadas pueden contribuir de manera significativa a la salvaguarda de las libertades adscritas a la seguridad humana en un Estado social de derecho, adoptando enfoques que reflejen los principios de la Organización de las Naciones Unidas y la política integral de seguridad humana. Esto se debe a que desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos humanos y la promoción de la seguridad y el bienestar de la población en general. Al mismo tiempo, como acertadamente señala Luque, se ha evidenciado que el cumplimiento de las garantías del desarrollo humano no recae exclusivamente en una institución. Por el contrario, requiere del trabajo conjunto y coordinado entre diferentes actores comprometidos con la promoción y protección de las libertades fundamentales, bajo una política de Estado sólida que consolide la seguridad humana.

Cabe destacar que la responsabilidad de garantizar la seguridad humana va más allá de las Fuerzas Armadas y requiere la participación de diferentes actores e instituciones comprometidos con la protección de los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas. Estos actores deben trabajar de manera articulada, modular y conjunta, bajo una política de Estado sólida y un marco de acción coherente y sostenible. En consecuencia, las Fuerzas Armadas, en uso de sus capacidades duales, si bien ponen a disposición la acción integral y el desarrollo a nivel local, precisan de una acción unificada con todos los actores institucionales comprometidos con la sostenibilidad y garantía de las libertades. Solo esta suma de esfuerzos puede consolidar la seguridad integral de la sociedad civil (Luque, 2024).

Y es por ello precisamente por lo que vale la pena plantearse el estándar de seguridad que se propone, que es el de la seguridad humana, por la interconexión entre la seguridad militar y la seguridad humana. En el pasado, las iniciativas para reducir el gasto militar fracasaron a causa de la preocupación sobre una reducción de la seguridad estatal tradicional. Si bien esta preocupación debe tomarse en serio, está basada en un entendimiento tradicional de la seguridad que se enfoca exclusivamente en la protección del territorio y el orden estatal. Esta concepción resulta demasiado limitada en una época de crecientes riesgos y amenazas a las personas, sus comunidades y entorno. El estándar de la seguridad humana implica una reconsideración del gasto militar en vistas de las exigencias de los riesgos y amenazas no militares (Brozoska et.al, 2022).

Al adoptar las resoluciones de Naciones Unidas sobre seguridad humana y amenazas no militares a la vida y a los medios de vida, la comunidad internacional ha aceptado la seguridad humana no solo como enfoque sino también como objetivo. La obligación de mejorar esta seguridad recae esencialmente sobre los Estados individuales, pero la comunidad internacional ha acordado compromisos conjuntos para apoyar a los Estados en sus esfuerzos por promover las necesidades de esta perspectiva de seguridad.

El informe Nuestra Agenda Común de Naciones Unidas de 2021 sería un buen foro para mantener conversaciones iniciales sobre la vinculación de medidas de limitación de armas y prevención de conflictos con reducciones en el gasto militar. Asimismo, los esfuerzos por promover los ODS 16 sobre conflicto y gobernanza, en especial los objetivos 16.1 (reducir todas las formas de violencia) y 16.5 (reducir la corrupción y el soborno) podrían vincularse con la reducción del gasto militar (Brozoska et.al, 2022). Se precisa una manera de entender la seguridad que abarque más que la seguridad de los Estados y el orden estatal, un entendimiento más enfocado en la seguridad humana definida como seguridad de las personas y comunidades además de futuras consecuencias fatales debidas al cambio climático y otros cambios en el medio ambiente. Este concepto ha sido aceptado como guía de actuación por los gobiernos del mundo en Naciones Unidas.

Sin embargo, existen grandes lagunas en la financiación disponible para hacer frente a las amenazas vitales para la seguridad humana. Tomar en serio la seguridad humana implica reevaluar el gasto militar, teniendo en cuenta las necesidades de seguridad humana, ya que todos los riesgos vitales y amenazas son amenazas a la seguridad, independientemente de su causa. Esta reevaluación no tiene por qué conducir a una reducción de la seguridad en general (Brozoska et.al., 2022), más bien al contrario. Se trataría de alcanzar una seguridad humana dentro del concepto amplio de libertad sin perjudicar la seguridad de los Estados y el orden estatal. Las nuevas amenazas para la seguridad humana en el Antropoceno exigen una mayor solidaridad (PNUD, 2022).

Hemos de reconocer que el sistema internacional ha cambiado sustancialmente en la última década, y también que las estrategias de seguridad presentan problemas para afrontar los nuevos retos y amenazas que nos acechan, es un hecho constatado. Analizando la complejidad de los problemas mundiales y su impacto sobre millones de personas, y sin olvidar la existencia de nuevas amenazas transnacionales y multidimensionales, se llega a la conclusión de que hace falta un nuevo complemento a las actuales estrategias de seguridad. Libertad respecto del miedo y la miseria. Garantizar la seguridad y fortalecer el desarrollo económico y social del ser humano pueden ser las claves y el complemento perfecto de la seguridad estatal haciéndola más inclusiva, integradora y multidimensional. Establecer una visión más global y comprehensiva situando a los individuos y a las vulnerabilidades no tradicionales en el centro del escenario.

Conclusiones

El orden geopolítico contemporáneo, el llamado Orden Mundial, afronta un punto de inflexión irreversible que evidencia el agotamiento del modelo clásico de seguridad exclusivamente militar y centrado en el Estado. La proliferación de riesgos transnacionales y asimétricos, inherentes a la denominada “sociedad del riesgo”, demuestra que las fronteras nacionales son permeables ante crisis climáticas, pandemias, ciberataques y fracturas socioeconómicas (PNUD, 2022 y FEM, 2026).

Esta interdependencia global exige que las agendas de defensa asuman el paradigma de la seguridad humana, desplazando el objeto de protección desde el Estado soberano hacia la dignidad y defensa integral del individuo. En consecuencia, la estabilidad internacional ya no puede disociarse del desarrollo humano, la justicia social y la mitigación de las desigualdades y vulnerabilidades estructurales (Stiglitz, 2012 y World Inequality Lab, 2026) que son la base de la violencia y el conflicto en el interior de y entre naciones.

Tal y como señala Naciones Unidas, el nuevo multilateralismo debe reconocer que el orden mundial está cambiando. Debe adaptarse a un panorama geopolítico más fragmentado, respondiendo a la aparición de nuevos ámbitos de posible conflicto. También debe alzarse para hacer frente a las innumerables amenazas globales que han encerrado a los Estados en la interdependencia, lo deseen o no. Este nuevo multilateralismo exige que miremos más allá de nuestros estrechos intereses de seguridad. La paz que vislumbramos solo puede perseguirse junto con el desarrollo sostenible y los derechos humanos. La cooperación internacional, que abarca desde el desarrollo sostenible, el desarme, los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres hasta la lucha antiterrorista y la protección del medio ambiente, ha hecho que la humanidad sea más segura y prospera.

La adopción de este enfoque multidimensional redefine de forma sustantiva la identidad, doctrina y empleo estratégico de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI. Las instituciones militares ya no operan únicamente como instrumentos de coacción externa o disuasión armada, sino como actores dinámicos de gestión pública y estabilización humanitaria en entornos complejos. Esta metamorfosis exige integrar variables sociológicas, medioambientales y éticas en la planificación estratégica, asumiendo que los vectores de conflicto actuales raramente admiten soluciones puramente cinéticas. Por lo tanto, la modernización de los ejércitos modernos debe medirse por su agilidad conceptual para interpretar estas dinámicas y por su aptitud para generar entornos de paz y gobernanza democrática (Naciones Unidas, 2023).

Operativamente, las misiones no militares tales como la asistencia en catástrofes humanitarias, el soporte logístico ante emergencias sanitarias, la ciberdefensa y la reconstrucción posconflicto, han dejado de ser subsidiarias para consolidarse como ejes prioritarios de la política de defensa (Naciones Unidas, 2021). El cumplimiento de estos cometidos demanda un perfil militar altamente polivalente, cuyo adiestramiento e implementación práctica en operaciones debe alinearse de forma estricta con las exigencias operativas de la seguridad humana (Luque, 2024). Esta versatilidad táctica resulta indispensable en un contexto global volátil, donde los contingentes deben estar capacitados para transicionar de manera fluida y precisa desde operaciones de combate de alta intensidad hacia tareas de asistencia civil, garantizando la proporcionalidad y legitimidad de sus actuaciones (PNUD, 2022).

Finalmente, la investigación empieza a evidenciar que la consecución de una seguridad humana efectiva depende de la superación de los compartimentos estancos mediante un enfoque integral y con la participación de todos los actores. Ninguna organización ni Estado posee de forma aislada las capacidades técnicas o de legitimación necesarias para resolver las crisis transversales que acontecen en la actualidad, lo que obliga a las Fuerzas Armadas a maximizar su interoperabilidad con agencias multilaterales, sociedad civil y organismos globales (PNUD, 2022 y Naciones Unidas, 2021). El gran desafío científico e institucional pendiente radica en codificar marcos regulatorios y éticos comunes que sincronicen estas sinergias híbridas, asegurando que la acción militar combinada actúe siempre de manera complementaria al poder civil y como garante último de la justicia social global, la seguridad humana y el desarrollo sostenible.