Violencia instrumental contra los líderes sociales y las economías ilícitas

Introducción

La violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia se ha consolidado como un problema criminal de alta visibilidad desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. Este estudio aborda el fenómeno de la violencia instrumental, entendida por Duarte et al. (2021) y Durán (2024) como el uso deliberado de la coerción para controlar territorios, disciplinar poblaciones y asegurar rentas derivadas de actividades ilegales. El objetivo central es establecer si existe una asociación estadísticamente significativa entre las economías ilícitas (específicamente el narcotráfico y la extracción ilegal de minerales) y la tasa municipal de homicidios de líderes sociales.

Tres patrones orientan esta hipótesis. Primero, la territorialidad: estos crímenes se concentran en zonas donde se asientan mercados ilegales, como lo muestran los clústeres del Pacífico nariñense, Catatumbo, Bajo Cauca y norte del Cauca. Segundo, el blanco principal son líderes de Juntas de Acción Comunal, es decir, el primer eslabón de la democracia local, lo que sugiere un ataque sistemático a las libertades comunitarias. Tercero, la superposición geográfica de homicidios con cultivos de coca y actividad minera ilegal (documentada por el monitoreo de UNODC (2021) y estudios como los de Prem et al. (2018) y Rubio (2020)) indica una posible raíz criminal común.

Sin embargo, la correlación espacial no es suficiente para probar una conexión causal. Por ello, este estudio emplea modelos de datos de panel con regresión binomial negativa (2016-2020) para estimar la asociación entre economías ilícitas y homicidios de líderes. Los resultados permiten construir un índice de riesgo municipal que prioriza la acción estatal.

La evidencia empírica presentada muestra que el narcotráfico es un predictor significativo del aumento de estos homicidios, y que la minería ilegal presenta una asociación positiva y robusta, posiblemente por su mayor rentabilidad (Navas, 2024). Con base en estos hallazgos, se concluye que la protección efectiva de los líderes sociales exige políticas públicas diferenciadas, enfocadas en desarticular las estructuras criminales que controlan las economías ilícitas en los territorios.

Antecedentes y contexto

La violencia instrumental en el contexto de economías ilícitas

En estudios contemporáneos sobre conflicto y criminalidad, la violencia instrumental puede abordarse como el uso deliberado de la coerción para producir resultados, ya sea para controlar territorios, disciplinar poblaciones, asegurar rentas o para estabilizar órdenes locales y no solamente para expresar crueldad. Duarte et al. (2021) y Durán (2024) afirman que en América del Sur y en especial, en ciudades específicas como Cali y Medellín, los actores criminales y armados emplean la violencia como herramienta para alcanzar fines organizacionales y económicos, más allá de ser un subproducto del delito. En Colombia, además, la violencia se inserta en dinámicas de mercado que crean oportunidades de acumulación y reordenamiento económico, lo que ayuda a explicar su persistencia y adaptabilidad (Thomson, 2011), así como su papel en arreglos político-económicos más amplios donde crimen y violencia pueden operar de forma funcional para sostener equilibrios de poder (Mahecha, 2024).

Esta violencia instrumental suele operar dentro de regímenes de gobernanza criminal e híbrida, donde la autoridad se comparte, compite o se superpone entre instituciones estatales y actores ilegales que proveen reglas, sanciones y bienes como seguridad o resolución de disputas) (Cabrera, Souza, & García, 2024). Además, en zonas de frontera y periferias, estos arreglos se observan como regulación de la vida social y de economías ilegales mediante repertorios de coerción y pactos locales, en los que la violencia puede ser modulada para sostener el orden (Hochmüller, 2022). La evidencia comparada dentro de Colombia sugiere, además, que la capacidad de gobernar criminalmente (control social, regulación de violencia, disciplina interna) varía en el posconflicto según trayectorias previas de control territorial, conexiones políticas y aprendizajes organizacionales (Durán, 2024), un hallazgo consistente con las investigaciones de Kerr (2020) y Sandoval (2024), quienes subrayan la centralidad de redes criminales y vacíos de seguridad tras procesos de desmovilización.

Autores como Gerstein et al. (2022) y Restrepo y Peña (2019), establecen que, en contextos de posconflicto, la retirada o transformación de un actor armado puede abrir vacíos de poder en territorios atravesados por coca, minería ilegal, contrabando y otras rentas, incrementando disputas y reconfigurando la coerción. Estudios recientes encuentran aumentos de homicidios en municipios con presencia previa de las FARC tras la firma del acuerdo, vinculados a incentivos criminales y a la provisión de “servicios” de seguridad en economías ilegales (Álvarez, 2024). En la misma línea Gerstein (2022) y Smith et al. (2020) con diagnósticos que muestran que, aunque el homicidio nacional cayó, la violencia rural y asociada al control de economías ilícitas se intensificó en ciertas áreas después de 2016.

Este marco dialoga con literatura sobre drogas que enfatiza que la economía ilícita ha alimentado violencia y que estrategias militarizadas como el llamado “Plan Colombia” exhiben resultados contradictorios, por un lado se reportan mejoras de seguridad, pero por el otro se presentan logros limitados en reducción sostenible de cultivos y persistencia de incentivos ilícitos (Franz, 2016).

Gerstein et al. (2022) y Ramírez (2019) mencionan que en estos escenarios la violencia instrumental adopta formas selectivas de amenazas y asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos como mecanismos para remover obstáculos a proyectos económicos y a la reorganización territorial, especialmente en periferias militarizadas y economías ilegales, así mismo, para Uribe (2020), la evidencia disponible señala un incremento de asesinatos dirigidos tras 2016 y su asociación con actores armados/criminales que buscan controlar poblaciones y rentas en territorios de débil presencia estatal.

Histórico de homicidios de líderes sociales

El análisis se focaliza a nivel municipal con datos de 2016 a 2020 de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Policía Nacional y el informe de la Oficina de Las naciones Unidas contra la Drogas y el Delito - UNODC (2021). Entre 2016 y 2020 se registraron 415 víctimas de homicidio en función de su liderazgo social, según los protocolos de Naciones Unidas. De los 1.122 municipios de Colombia, 201 (18%) presentan homicidios de líderes, concentrados en 12 departamentos. Estos 201 municipios equivalen al 70% de los municipios de los departamentos afectados.

El homicidio de líderes sociales se hizo visible a partir del proceso de negociación con las FARC y la firma del acuerdo en 2016. Antes de esa fecha, estos crímenes se clasificaban como homicidios comunes sin tratamiento diferencial. Desde 2016, el Cuerpo Élite de la Policía Nacional ha contabilizado 415 víctimas en 201 municipios. La distribución departamental se concentra en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Caquetá, Nariño, Putumayo, Arauca, Chocó, Meta, Risaralda y Huila, que aglutinan el 80% (326 homicidios).

El 31% de estos crímenes (128 víctimas) se han dado en 17 municipios que poseen 43.694 hectáreas de cultivos ilícitos (28% del total nacional). Tumaco (Nariño) concentra el mayor número de homicidios (15) y 11.830 hectáreas de coca; Tibú (Norte de Santander) registra 9 líderes asesinados y 19.893 hectáreas. Este patrón se repite en Tarazá, El Tambo y Cáceres.

Comparativo con otros países de América Latina

La violencia instrumental contra líderes sociales en América Latina responde a un patrón donde el activismo es percibido como una amenaza para los intereses de grupos poderosos (Cepeda, 2022). En Colombia, de acuerdo con Prem et al. (2018) y Kerr (2020), tras el Acuerdo de Paz de 2016, los homicidios aumentaron en antiguos bastiones de las FARC debido a la disputa territorial entre nuevos actores armados por el control de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Esta violencia es instrumental porque se elimina a líderes que promueven la restitución de tierras o la sustitución de cultivos ilícitos (Ramírez, 2019), ya que sus acciones obstaculizan el flujo de rentas criminales (UNODC, 2021).

Autores como Cepeda (2022) y Rettberg (2020) mencionan que países como México y Honduras muestran dinámicas similares. En Honduras, el asesinato de líderes ambientales es una herramienta de élites para afianzar proyectos agroindustriales y mineros. En México, la violencia se asocia a “caciques” regionales que utilizan el homicidio y la criminalización judicial para silenciar la oposición a megaproyectos. Rettberg (2020) y Batanero (2025) señalan que Brasil y Perú presentan alta peligrosidad para líderes indígenas en la Amazonía: en Brasil, la violencia es impulsada por latifundistas y buscadores de oro; en Perú, las agresiones están ligadas a la resistencia contra la tala ilegal y el tráfico de drogas. A diferencia del fenómeno de las “maras” en Centroamérica (violencia urbana), la violencia en Colombia, Brasil y Honduras es eminentemente rural y ligada a recursos naturales (Kerr, 2020). El denominador común es la existencia de gobernanza híbrida, donde actores legales e ilegales usan la violencia instrumental para garantizar regímenes de acumulación basados en el despojo (Cabrera, Souza, & García, 2024).

Economías ilegales, grupos armados y violencia contra líderes sociales

Cultivos ilícitos y violencia asociada

Los mapas de la Figura 2 muestran la distribución de homicidios de líderes (2016-2020) y su coincidencia con los clústeres de cultivos de coca: Pacífico nariñense, Caquetá, Putumayo, Catatumbo, Norte del Cauca y Bajo Cauca.

Esta correlación espacial sigue el concepto de “zonas calientes” (hot spots) y el análisis de incentivos económicos de Sherman et al. (1989) y Weisburd (2012), que, si bien se desarrollaron en contextos urbanos de Estados Unidos, pueden explicar los patrones especiales de violencia, donde los fenómenos criminales se concentran geográficamente. Esta concentración responde a procesos históricos de extracción de materias primas y débiles instituciones locales, como documentan Acemoglu et al. (2012).

Grupos armados y control territorial

El proceso de paz con las FARC generó un vacío de poder en áreas históricamente controladas, que coinciden con zonas de cultivos ilícitos y minería ilegal. Este vacío ha sido disputado por el ELN, disidencias de las FARC (GAO-r), Clan del Golfo y otros grupos (GDO). La Tabla 2 muestra municipios con homicidios de líderes (2018-2020) y presencia simultánea de grupos armados, homicidios colectivos y aumento de homicidios con arma de fuego en zona rural.

Siguiendo a Levitt y Venkatesh (2000) y Venkatesh (1987), los homicidios colectivos ocurren con frecuencia cuando una sola estructura criminal busca expandir su dominio sobre mercados ilegales, asumiendo costos de corto plazo para maximizar ganancias a mediano y largo plazo. La Tabla 2 revela que los municipios donde confluyen múltiples estructuras criminales presentan mayores tasas de homicidios comunes, mientras que aquellos con homicidios colectivos tienden a tener una única estructura hegemónica.

Especialización criminal: narcotráfico vs. minería ilegal

La evidencia sugiere una especialización que los Grupos Delincuenciales Organizados - GDO se concentran predominantemente en minería ilegal (intensiva en capital, cooptación burocrática), mientras que los Grupos Armados Organizados - GAO tienden a enfocarse en narcotráfico (intensivo en mano de obra, control territorial extensivo). La minería ilegal podría ofrecer mayor rentabilidad por unidad (Navas, 2024), lo que explicaría su creciente letalidad. La Figura 3 muestra la evolución procíclica de homicidios de líderes, hectáreas de coca y homicidios con arma de fuego en zona rural.

La Figura 4 compara la geografía de homicidios con arma de fuego entre 2016 y 2020, mostrando la consolidación documentada en la Figura 2. Durante 2020, la concentración disminuyó excepto en el Bajo Cauca, donde convergen narcotráfico y minería, y donde el precio internacional del oro (activo refugio durante la pandemia) incentivó la extracción ilegal y la violencia asociada.

La evidencia descriptiva confirma la asociación entre presencia de grupos armados, economías ilícitas y violencia instrumental contra líderes sociales. Rubio (2020), mediante un diseño de diferencias en diferencias, encontró que los municipios con cultivos ilícitos previos al acuerdo presentaron incrementos en la tasa de homicidios, y que las zonas abandonadas por las FARC también mostraron aumentos del crimen instrumental. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de pasar de la correlación espacial a una estimación econométrica que identifique el poder predictivo de las economías ilícitas sobre los asesinatos de líderes sociales, tal como se desarrolla en la siguiente sección.

Datos

Índice de riesgo de líderes sociales

A través del documento se ha encontrado que los cultivos ilícitos poseen una asociación entre el comportamiento de los homicidios contra líderes Sociales y los homicidios comunes con arma de fuego en zona rural, así lo muestra tanto la evidencia espacial como la estadística descriptiva. A la par en las áreas donde hay presencia de economías ilícitas, es decir extracción ilícita de yacimientos mineros o narcotráfico, los homicidios contra líderes sociales aumentaron.

A continuación, se presentará un método de estimación para encontrar los efectos entre el mercado del narcotráfico, la extracción ilícita de yacimientos mineros y la muerte de los líderes sociales. Se escoge este periodo entre 2016 y 2020, porque antes del año 2016 no existen registro de estos homicidios de forma diferencial, es decir se registraban las muertes violentas de personas que ejercían liderazgos sociales, pero no es posible establecer de forma estructurada si fueron asesinadas a causa de la actividad que desarrollaban.

Variable endógena

Como variable dependiente se toma la tasa de homicidios de líderes sociales por cien mil habitantes a nivel municipal, lo que permite controlar el efecto de población, información procede de la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Esta oficina es garante del rigor investigativo a nivel judicial y de contexto criminal y ha sido sometido a discusiones académicas como la de Ball et al. (2018), que resalta problemas de subregistro, sin embargo, el esclarecimiento de los determinantes de un homicidio, así como la causa de este, lleva un rigor procedimental que no permite registrar un crimen contra un líder social de forma inmediata, así que el subregistro se reduce en el transcurso del tiempo cuando pasa por este tipo de validaciones. Además, los autores muestran que las tendencias de la serie de homicidios contra líderes sociales que se aprecian en las mediciones de diversas organizaciones estatales y no estatales son similares a las que lleva a cabo el Estado colombiano.

Variables exógenas

Las variables escogidas como independientes son la tasa de homicidios con armas de fuego por cien mil habitantes en municipios de todo el país, la cual proviene de la base de datos de la Policía Nacional. Como se apreció en capítulos anteriores, las tasas de homicidios más altas forman agrupaciones en el Bajo Cauca, Pacífico Nariñense, norte del Departamento de Cauca y Catatumbo. Este comportamiento del crimen de alto impacto según Raffo y Gómez (2017), existe un nivel dado de criminalidad en función de los recursos disponibles en los municipios, así las economías ilícitas son un incentivo para luchar por la apropiación de los recursos provenientes de estas economías, lo que lleva a que mayor cantidad de beneficios monetarios deriva en mayor número de homicidios.

La segunda variable que se escoge son las capturas por homicidios que realiza la Fuerza Pública. A medida que crecen los crímenes, el Estado reacciona para contener esta amenaza en contra de la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, se espera que a mayor cantidad de crímenes el número de capturas aumente como una respuesta de las autoridades en contra de los criminales; así su inclusión permite controlar los efectos de la acción del Estado para combatir el crimen violento, permitiendo que los resultados de la estimación sean más precisos eliminando posibles problemas de endogeneidad.

La siguiente variable es el número de hectáreas de hoja de coca, proveniente de los informes de monitoreo de cultivos ilícitos de Naciones Unidas. Esta permite establecer si el negocio del narcotráfico impacta sobre la violencia instrumental que sufren los líderes sociales. Sin embargo, se aclara que, si bien los cultivos es el primer eslabón de la cadena de producción y tráfico de drogas ilícitas, además de ser una materia prima con un valor agregado marginal; su presencia permite capturar el negocio del narcotráfico, porque territorialmente los precursores químicos, el proceso de transformación, la comercialización y distribución se concentran alrededor de estos sembradíos.

La segunda variable relevante en las economías ilícitas es el número de delitos relacionados con la extracción ilegal de yacimientos mineros que posee un municipio, esta información proviene de la base de datos de la Policía Nacional, y permite por medio de la operatividad de las autoridades revelar el impacto de este fenómeno, al igual que el caso anterior esta variable captura los efectos del fenómeno de la minería ilegal y permite establecer cómo este mercado criminal amenaza la vida de los líderes sociales.

Variables de control

Estas variables se incluyen para neutralizar su efecto en el resultado. Es decir, se requiere que los efectos derivados por las condiciones sociales y económicas del municipio no interfieran sobre el efecto que tienen los mercados ilícitos sobre el asesinato de líderes sociales. Así, los resultados reflejarán el efecto de los mercados delictivos sobre la violencia instrumental contra los defensores de derechos humanos. La variable más sólida para agrupar los efectos sociales y económicos del municipio es el índice de pobreza multidimensional municipal el cual fue construido por el DANE con los datos del censo de 2018. Este indicador lo componen quince factores, que para este caso serán agregados a los modelos de forma individual, con el objetivo de buscar la mayor rigurosidad de las estimaciones a calcular. Sin embargo, las variables del índice y sus resultados no serán analizados porque están fuera del alcance de este documento.

Estrategia empírica

Con el objetivo de estimar la asociación entre los mercados ilícitos sobre el asesinato de líderes sociales, se recurre a los modelos de data panel a nivel municipal entre 2016 a 2020. Sin embargo, los Líderes asesinados que son 415 a fecha de septiembre de 2020, se ubican en 201 municipios de los 1.123 que tiene el país. Así, que realizar la estimación sólo sobre las áreas afectadas traería un problema de sesgo, porque solo se estaría teniendo en cuenta una parte del país, lo que estaría censurando los resultados que no serían válidos. Por lo tanto, se corrige este problema de sesgo por medio de un modelo de datos panel binomial negativo, que permite capturar los efectos de la economía ilícita del narcotráfico y la extracción ilícita de yacimientos mineros.

Por otra parte, la forma como se distribuyen los datos de la tasa de homicidios de líderes sociales por 100.000 habitantes muestra que la desviación estándar está por encima de la media, lo que muestra el problema de la sobre dispersión de la variable a estimar, tal como aparece en la Tabla 3. De acuerdo, a Cameron y Trivedi (1998) el mejor modo de calcular los parámetros con estas características es por medio de una distribución binomial negativa, Igualmente, el fenómeno criminal del asesinato de líderes sociales cumple la hipótesis estadística que estos tienen probabilidades constantes en el tiempo de ser victimizados, pero que varían según la ubicación geográfica con presencia de economías ilícitas, así como el tipo de liderazgo que ejercen.

Lo anterior permite describir que el homicidio de líderes sociales está en función de la tasa de homicidios por cien mil habitantes, la tasa de capturas por homicidio que realizan las autoridades, el número de hectáreas de coca a nivel municipal la cual recoge el negocio del narcotráfico, tal como se explicó previamente, así como las variables sociales y económicas que están contenidas en el índice de pobreza multidimensional. El subíndice m representa cada municipio mientras que t es el periodo de tiempo anual entre 2016 a 2020. Así mismo, la posible correlación de las características de los municipios con los predictores se controla por medio de los efectos fijos del municipio, que están definidos por lo que lleva a que la ecuación asuma la siguiente forma.

Sin embargo, como se mencionó esta manera de estimación tiene problemas de sobre dispersión porque el número de hechos violentos se concentra en ciertas áreas. Por lo tanto, para corregir este problema la identificación de la estructura de datos panel se mantiene, pero emplea la estimación binomial negativa. Así el valor que se encuentra es la probabilidad de que suceda el fenómeno violento a nivel municipal. Para lograr este propósito el modo de cálculo sigue la estructura más adecuada para estimar modelos donde el valor de la moda de la variable dependiente es igual a cero.

Como la ecuación anterior no tuvo en cuenta el mercado de la extracción ilícita de yacimientos mineros, se incluye esta variable para medir el efecto de este fenómeno sobre el asesinato de los líderes sociales, manteniendo las mismas variables que ya se estimaron. Por consiguiente, se calcula de forma simultánea el efecto de las dos economías ilícitas; lo que se identifica de la siguiente forma:

Los resultados de estas estimaciones se presentan en la siguiente sección, donde se explicarán los mecanismos de los mercados ilícitos sobre el asesinato de líderes sociales, y se contrastarán con las pocas investigaciones como la de Prem et al. (2018) que indican que estos asesinatos selectivos los atribuyen a lo que denominan “vacío de poder dejado por las FARC”, lo que implica que el sistema de control que ejercía este grupo armado mantenía a otros actores criminales fuera de su área de influencia, impidiendo este tipo de crímenes diferenciales.

Sin embargo, estas zonas son atractivas a otras organizaciones delictivas porque en ellas confluyen beneficios monetarios. Es decir, que movilizar una organización criminal a un territorio se realiza en función de incentivos financieros; tal como lo muestra Guidolin y La Ferrara (2007) con relación al caso de Angola, donde el control por las minas de diamantes y pozos de petróleo tienen relación con la violencia de ese país. Igualmente, Miguel y Satyanath (2011) encuentran que en 41 países del África el conflicto se explica por las motivaciones económicas.

Resultados

Las estimaciones que a continuación se presentan parten de regresiones binomiales negativas, donde la tasa de homicidios de Líderes sociales por cien mil habitantes es la variable de interés, con la misma transformación que emplea Lee y Thomas (2010) para medir efectos de prosociabilidad sobre el crimen de alto impacto; al igual que Nadanovsky, y otros (2009) quienes analizan la tasa de homicidios de Brasil.

En la Tabla 4 se aprecian los modelos de estimación. En el modelo A solo se emplearon como predictor del crimen de líderes sociales la tasa de homicidios con arma de fuego del municipio, la cual es positiva y significativa para todos los modelos. Esto indica una asociación positiva y robusta entre los altos niveles de violencia de una región y la probabilidad de que se atente contra los líderes sociales. El hecho que el parámetro fluctúa entre 0.09 a 0.011, sin cambios significativos a pesar de la inclusión de las variables sociales y económicas, muestra la importancia de los homicidios comunes sobre los asesinatos selectivos.

Con relación al mercado del narcotráfico este tiene efectos significativos y positivos controlando por los efectos económicos, sociales, tendencias en el tiempo y características intrínsecas de los municipios. Es decir, el narcotráfico podría constituirse en un predictor de alto valor para explicar los asesinatos selectivos en contra de los líderes sociales. Además, la estabilidad del coeficiente de esta economía ilícita es baja, está entre .00015 a .00017 a través de los modelos, lo que podría indicar la presencia de efectos predictivos y la posibilidad de explicar la victimización de los líderes sociales.

Así, el aumento del mercado del narcotráfico incrementa de forma notable la probabilidad de que existan ataques instrumentales contra los líderes sociales. Es decir, que esta economía ilícita en todas sus vertientes responde a los asesinatos de líderes sociales, debido a la significancia estadística y que mantiene la persistencia del coeficiente a pesar de la inclusión de todas las variables que componen el índice de pobreza multidimensional.

Además, los ejercicios presentados tienen en cuenta los rezagos en el tiempo, porque el impacto de un mercado ilícito sobre el crimen no responde de modo inmediato, sino que reacciona con posterioridad. Esto llevó a que las variables de las economías ilícitas estén rezagadas un periodo, lo que es acorde con los fenómenos sociales y criminológicos.

El segundo mercado criminal que se analizó fue el de la extracción ilícita de yacimientos mineros, que es estadísticamente significativo y positivo. Esto implica que la presencia de esta economía ilícita incrementa la probabilidad de los asesinatos de líderes sociales; incluso los efectos podrían ser más fuertes que los del narcotráfico, debido al tamaño del parámetro que oscila entre .012 a .015. Sin embargo, la estabilidad de los indicadores obliga a profundizar en el estudio de este mercado delictivo, empleando información sobre producción, precios internacionales de los minerales e insumos que han sido incautados por las autoridades a quienes desarrollan esta actividad. Así, los resultados encontrados siguen la misma dirección que el trabajo de Idrobo et al. (2014) que muestran cómo el auge de la actividad ilícita de la minería elevó los homicidios comunes en los municipios con presencia de este mercado criminal.

Ahora, cuando los dos mercados ilegales interactúan de forma conjunta no se encuentran efectos sobre los homicidios de los líderes sociales. Lo que muestra que las organizaciones criminales, se especializan en la producción de bienes en este caso ilegales en ciertas regiones. Este hecho es una característica del mercado ilícito laboral que revela la existencia de la especialización criminal en diferentes mercados, a través de la cadena de producción y comercialización de cada nodo productivo.

A partir de estos resultados, se crea el índice de predicción de los municipios que podrían presentar nuevos homicidios contra los líderes sociales, dada la presencia de alguna de las economías ilícitas. De acuerdo con la evidencia plasmada, un municipio con solo un mercado delictivo y alta tasa de homicidios por arma de fuego coloca a sus líderes sociales en condición de vulnerabilidad.

A partir del modelo E de la columna 6, se crea el índice de riesgos de líderes sociales, para los municipios más afectados, lo que se desarrolla en la siguiente sección.

Índice de riesgo

Con el objetivo de establecer dónde podrían volver a presentarse homicidios de líderes sociales, se estimó la probabilidad de ocurrencia municipal de estos crímenes a partir de la valoración de los parámetros del modelo C y E de la Tabla 4. Dados los parámetros calculados en la sección previa, se construyó el índice de probabilidad de ocurrencia de asesinatos de Líderes sociales a nivel municipal, para lo cual se computó la probabilidad de los modelos mencionados. Este valor se transformó tal como lo sugiere él Departamento Nacional de Planeación (2016) en una variable estandarizada de la forma:

La variable Z, estandarizada tipo permite la comparación de distintivas unidades a nivel municipal, eliminando fricciones que puedan poseer el índice y facilita la lectura del indicador.

Finalmente, la serie se divide a partir de las desviaciones estándar en cinco categorías y así construir el mapa de riesgos municipal de asesinatos de líderes sociales.

Priorización de municipios

El valor resultante del riesgo municipal de los asesinatos de líderes sociales permitió graficar la priorización, según el grado de afectación que poseen los municipios. La geolocalización se plasmó en tres mapas, el primero muestra cómo se distribuyen los riesgos si solo se tiene en cuenta la economía ilícita del narcotráfico; el segundo mapa exhibe cómo se agrupan los municipios con respecto al mercado delictivo de la extracción ilícita de los yacimientos mineros; mientras el tercero proyecta los resultados teniendo en cuenta cómo inciden los dos principales mercados criminales sobre la seguridad de los líderes sociales.

El mapa anterior muestra los municipios que podrían ser afectados por los homicidios contra los líderes sociales, únicamente teniendo en cuenta el mercado criminal del narcotráfico. Mostrando los clústeres de la Figura 2, que son las principales agrupaciones regionales donde se debe priorizar la acción del Estado, dado los resultados del índice.

Ahora con el modelo E, se crea el índice de riesgo de Líderes sociales, dada la presencia de los dos mercados delictivos, es decir extracción ilícita de yacimientos mineros y narcotráfico. Los resultados se plasman en el mapa de la figura 6 y realiza una corrección geográfica, si bien las zonas mencionadas se mantienen aparece una nueva agrupación regional en riesgo en la costa caribe de Colombia.

Finalmente, se presenta el promedio de los índices anteriores con el propósito de calibrar los resultados, se computan las predicciones corrigiendo posibles problemas de estimación, reduciendo el margen de error. Asimismo, se establece que estos modelos y sus resultados se testean por el test de Wald y su margen de error es del 0,01 por ciento. Así en el mapa número de la figura 6 se presenta el indicador final de riesgos contra líderes Sociales.

Asimismo, en el anexo de este documento se presentan los municipios más afectados de acuerdo con la ordenación que se concibe por medio del índice de riesgos de Líderes sociales. Los resultados plasmados en este documento, así como el índice calculado de acuerdo con los diferentes mercados, permite plantear líneas de intervención diferencial sobre los municipios identificados en riesgo extremo, las cuales se presentan en las recomendaciones.

Conclusiones y recomendaciones

Los resultados expuestos indican que las economías ilícitas (narcotráfico y minería ilegal) presentan una asociación estadísticamente significativa con los homicidios de líderes sociales en Colombia durante el período 2016-2020. La evidencia espacial, la estadística descriptiva y los modelos de probabilidad así lo demuestran de manera consistente. En primer lugar, el narcotráfico muestra una asociación robusta con la violencia instrumental contra los líderes sociales. En los modelos de la Tabla 4 (estimaciones de panel con regresión binomial negativa), el coeficiente de hectáreas de coca rezagadas se mantiene positivo y significativo (entre 0.00014 y 0.00017, con p<0.01) tras controlar por variables de seguridad, socioeconómicas y efectos fijos municipales. Ello indica que los municipios con mayor presencia de cultivos ilícitos presentan una mayor probabilidad esperada de homicidios de líderes sociales. Siguiendo a Prem et al. (2018) y Rubio (2020), este hallazgo es consistente con la hipótesis del “vacío de poder” generado tras la desmovilización de las FARC, que incentivó disputas territoriales por el control de las rentas del narcotráfico en las zonas donde históricamente se asentaban estos cultivos.

En segundo lugar, la extracción ilícita de yacimientos mineros también se revela como un predictor relevante. Los modelos D y E de la Tabla 4 arrojan coeficientes positivos y significativos para esta variable (entre 0.0115 y 0.0120, con p<0.1), lo que sugiere que la minería ilegal incrementa la probabilidad de asesinatos de líderes sociales en los municipios donde opera. Este resultado es consistente con los hallazgos de Idrobo et al. (2014), quienes documentan que el auge de la minería ilegal eleva los homicidios comunes, y con Navas (2024), quien señala la alta rentabilidad de esta actividad ilícita. No obstante, se requiere cautela en la interpretación, dado que las escalas de medición del narcotráfico (hectáreas de coca) y la minería (tasa de delitos registrados) no son directamente comparables, y la variable de minería puede sufrir sesgo de detección (mayor registro donde hay mayor capacidad institucional), por lo que futuros estudios deberían profundizar este hallazgo con indicadores alternativos como producción aurífera sin título o precios internacionales del oro.

En tercer lugar, la evidencia sugiere una especialización criminal por actividad ilícita. El término de interacción entre ambos mercados ilegales incluido en los modelos D y E no resultó estadísticamente significativo (coeficientes cercanos a cero y p>0.1), lo que indica la ausencia de un efecto sinérgico cuando ambos fenómenos coexisten en un mismo municipio. Este hallazgo apoya la hipótesis de que las organizaciones criminales tienden a especializarse: los Grupos Armados Organizados (GAO) se concentran predominantemente en el narcotráfico (actividad intensiva en mano de obra y control territorial extensivo), mientras que los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) se enfocan en la minería ilegal (actividad intensiva en capital y cooptación burocrática). Esta especialización regional tiene implicaciones directas para el diseño de políticas públicas diferenciadas, pues las estrategias de intervención deben ajustarse a la lógica económica y operativa de cada mercado criminal.

En cuarto lugar, con base en los parámetros estimados en el Modelo E, se construyó un índice de probabilidad de ocurrencia de homicidios de líderes sociales a nivel municipal, cuyos resultados se plasman en las Figuras 5 y 6. Los municipios con mayor riesgo, es decir, aquellos que presentan una combinación de alta tasa de homicidios con arma de fuego en zona rural y presencia significativa de alguna de las dos economías ilícitas, se concentran en clústeres regionales bien definidos: el Bajo Cauca antioqueño, el Norte del Cauca, el Pacífico nariñense, el Catatumbo, Putumayo y Caquetá. Este índice permite priorizar geográficamente la acción estatal, enfocando los recursos de protección y persecución penal en los territorios donde la evidencia indica un riesgo elevado de victimización de líderes sociales.

Sobre la base de estos hallazgos, se formulan cinco recomendaciones de política pública. Primera, adoptar el índice de riesgo municipal como herramienta oficial para la priorización territorial, diferenciando las intervenciones según la economía ilícita predominante: en municipios con alta presencia de narcotráfico, las estrategias deben enfocarse en control territorial extensivo y sustitución de cultivos; en aquellos con predominio de minería ilegal, deben priorizarse la fiscalización minera, el control de insumos y la lucha contra la cooptación burocrática. Segunda, promover la coordinación interinstitucional para desmantelar las estructuras criminales, mediante una directiva del Ministerio de Defensa Nacional que integre capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en los municipios priorizados, elevando el costo operativo de los líderes de GAO y GDO. Tercera, fortalecer el Cuerpo Élite de la Policía Nacional mediante su descentralización hacia las regiones de mayor riesgo, transformándolo en el eje articulador de la investigación criminal y la prevención, con énfasis en la protección de los líderes de Juntas de Acción Comunal, quienes constituyen el primer eslabón de la democracia local y el principal blanco de la violencia instrumental. Cuarta, establecer canales de comunicación expeditos entre líderes sociales y autoridades, integrando un cuadro de mando que vincule al Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Pública, con el objetivo de monitorear la evolución del fenómeno criminal y evaluar las acciones de las entidades responsables. Quinta, desarrollar una estrategia de comunicación pública a nivel regional, nacional e internacional que visibilice las acciones estatales de protección y, simultáneamente, el accionar criminal de las estructuras que controlan las economías ilícitas, con el fin de contrarrestar la percepción de impunidad y desincentivar futuros ataques contra líderes sociales.

Finalmente, es necesario reconocer las limitaciones del presente estudio. En primer lugar, el posible subregistro de homicidios de líderes sociales, aunque Ball, Rodríguez y Rozo (2018) documentan que las tendencias son similares entre fuentes estatales y no estatales, puede afectar la precisión de las estimaciones. En segundo lugar, las variables utilizadas como proxies de las economías ilícitas (hectáreas de coca y delitos de minería registrados) son indicadores imperfectos que pueden sufrir sesgo de detección (mayor registro donde hay más capacidad institucional) o de medición (la coca no captura el tráfico ni la comercialización, y los delitos de minería no reflejan la producción real). En tercer lugar, persiste la posibilidad de endogeneidad no resuelta: la violencia puede desplazar los cultivos ilícitos o reducir la denuncia de actividades mineras ilegales, invirtiendo potencialmente la dirección de la relación. Por esta razón, el estudio ha empleado sistemáticamente un lenguaje asociativo (“predictor”, “asociación”, “mayor probabilidad esperada”) y no causal a lo largo del texto. En cuarto lugar, los hallazgos corresponden exclusivamente al período 2016-2020, por lo que no pueden extenderse a años posteriores sin una nueva validación empírica. Futuras investigaciones deberían abordar estas limitaciones empleando variables instrumentales, como los precios internacionales del oro o los choques en los precios de la hoja de coca, o diseños cuasi-experimentales de diferencias en diferencias que permitan identificar efectos causales con mayor precisión.

A pesar de estas limitaciones, la evidencia presentada constituye un avance significativo en la comprensión de los determinantes territoriales de la violencia contra líderes sociales en Colombia y ofrece herramientas concretas para orientar la acción estatal hacia la protección de quienes defienden los derechos humanos y la democracia local en los territorios más vulnerables.