Explosivos improvisados y coerción asimétrica en Turquía y México

Introducción

El orden mundial en el siglo XXI se caracteriza por la coexistencia de rivalidad interestatal, conflictos híbridos y formas de violencia organizada en las que actores no estatales aprovechan redes transnacionales y tecnologías de doble uso. La distinción entre seguridad externa e interna, guerra y criminalidad, o frente militar y espacio civil se ha vuelto más porosa. En ese contexto, los artefactos explosivos improvisados permiten que organizaciones con recursos inferiores produzcan efectos políticos, territoriales y sociales desproporcionados respecto de su costo material (Arquilla & Ronfeldt, 2001; Hoffman, 2007; Kaldor, 2012).

Los artefactos explosivos improvisados ocupan un lugar paradójico en los estudios de seguridad. Frente a misiles guiados, aeronaves de combate o formaciones blindadas, suelen ser materialmente modestos; sin embargo, pueden restringir la movilidad, redirigir presupuestos, alterar reglas de protección y producir efectos políticos muy superiores al radio físico de la explosión. La literatura los ha estudiado principalmente en insurgencias, terrorismo y campañas como Irak y Afganistán, pero la expansión de explosivos improvisados y drones modificados en regiones mexicanas disputadas muestra que una táctica militar puede ser adoptada por organizaciones criminales sin que estas compartan los objetivos ideológicos de una insurgencia. La difusión táctica, por tanto, no equivale a convergencia política (NATO, 2012, 2018; Dolnik, 2007; Horowitz, 2010).

Este artículo compara Türkiye y México mediante un diseño de sistemas más diferentes. Se emplea Türkiye, forma oficial internacional registrada por las Naciones Unidas desde 2022; aunque el exónimo español Turquía continúa siendo válido, se conserva la denominación oficial para mantener consistencia con las fuentes estatales e internacionales (Naciones Unidas, 2022). La elección de los casos obedece a cuatro criterios: ambos son Estados con instituciones de seguridad consolidadas; ambos enfrentan artefactos improvisados empleados por actores no estatales; existe evidencia documental reciente; y, sobre todo, varía la finalidad del actor. Türkiye permite observar una trayectoria político-insurgente y terrorista, mientras México permite analizar la adopción por organizaciones criminales orientadas al control territorial y a la extracción de rentas. La comparación no equipara causas, escalas ni responsabilidades; mantiene relativamente constante la tecnología para explicar la variación de su función coercitiva.

La pregunta central es: ¿bajo qué condiciones los actores no estatales adoptan artefactos explosivos improvisados y por qué estos cumplen funciones coercitivas diferentes en Türkiye y México? La hipótesis sostiene que la adopción se vuelve más probable cuando coinciden asimetría material, disputa territorial y capacidad organizativa para absorber conocimiento; no obstante, el uso estratégico depende del objetivo final del actor. Los actores insurgentes y terroristas tienden a emplear explosivos para la atrición, la provocación y el desafío a la autoridad estatal, mientras que las organizaciones criminales los utilizan principalmente para intimidar, castigar, negar acceso y disuadir la intervención pública. Se espera, además, que la intensidad del efecto coercitivo aumente cuando la amenaza deteriora la movilidad, los servicios esenciales, la confianza institucional y la resiliencia comunitaria.

El aporte consiste en vincular teoría de la coerción, difusión de innovación militar, gobernanza criminal, seguridad humana y calificación jurídica. El artículo evita deliberadamente toda descripción de construcción, componentes o procedimientos técnicos. Su unidad de análisis no es la fórmula del dispositivo, sino el sistema organizativo que permite financiarlo, aprender, seleccionar blancos, proteger operadores y convertir daño físico en modificación de conducta. El argumento se desarrolla en cinco pasos: definición conceptual e histórica; modelo teórico; explicación de la selección de casos; análisis de los entornos causales, las respuestas estatales y los marcos jurídicos; y comparación de resultados y medidas de prevención.

Definiciones y evolución histórica

La palabra bomba es de uso extendido, pero analíticamente ambigua. En este estudio se define como un arma o dispositivo diseñado para liberar energía explosiva en un lugar y momento seleccionados, produciendo efectos mediante presión, fragmentación, calor, incendio o daños secundarios. La definición excluye explosiones accidentales y permite diferenciar la intención de empleo del resultado material. Un arma explosiva es una categoría más amplia que incluye municiones convencionales; un artefacto explosivo improvisado es una categoría más estrecha, caracterizada por la producción, colocación o adaptación no estandarizada para destruir, incapacitar, hostigar o distraer (UNMAS, 2016; ICRC, 2022).

La distinción es importante porque la amenaza no se reduce a una sustancia explosiva. Un artefacto improvisado se integra en una red de adquisición, financiación, conocimiento, reconocimiento, transporte, selección de blancos, colocación y protección. Por ello, la doctrina de lucha contra estos dispositivos diferencia entre neutralizar el objeto y desarticular la red que lo hace reproducible. Un Estado puede retirar dispositivos individuales y, al mismo tiempo, dejar intacta la infraestructura social y logística que permite reemplazarlos (NATO, 2012; UNIDIR, 2015).

Las armas explosivas poseen una historia extensa. La pólvora surgió en China y se incorporó gradualmente a flechas incendiarias, bombas, minas, cohetes y operaciones de sitio. La industrialización del siglo XIX hizo que la energía explosiva fuera más estable, transportable y disponible para usos civiles y militares. Esa transformación redujo el monopolio estatal de la fuerza concentrada y permitió que células clandestinas atacaran símbolos, autoridades, transportes y espacios económicos sin desplegar un ejército convencional (Dolnik, 2007).

En el siglo XX, el bombardeo aéreo devolvió la explosión al centro de la guerra estatal. La Primera y la Segunda Guerra Mundial convirtieron la destrucción de industria, logística, ciudades y moral civil en doctrina estratégica. Después de 1945, las guerras de descolonización, los separatismos y el terrorismo urbano trasladaron nuevamente la tecnología a actores no estatales. El blanco dejó de ser solamente un objeto físico: se convirtió en una audiencia. Atacar una patrulla, un ministerio, un mercado o un negocio comunicaba demandas diferentes y distribuía de manera distinta el miedo y la responsabilidad (Crenshaw, 1981; Kydd & Walter, 2006).

Las campañas de Irak y Afganistán consolidaron al artefacto improvisado como una herramienta central de la guerra asimétrica. Su éxito no dependió de derrotar convencionalmente a fuerzas superiores, sino de limitar movimiento, imponer costos protectores y mostrar que la tecnología avanzada no garantizaba control cotidiano del terreno. La etapa contemporánea añade drones comerciales, comunicación digital y circulación transnacional de aprendizajes. La novedad no es la existencia del explosivo, sino su integración en ecosistemas criminales y plataformas de doble uso (Horowitz, 2010; UNIDIR, 2015).

Marco teórico: coerción, seguridad humana y orden mundial contemporáneo

La teoría principal es la coerción. Schelling distingue la fuerza bruta, que obtiene un resultado mediante la derrota física del adversario, de la coerción, que busca influir en su decisión mediante daño limitado o amenaza creíble de daño adicional. Una explosión puede eliminar personas o infraestructura, pero también puede demostrar capacidad, voluntad y acceso futuro. Su valor estratégico depende, en parte, de lo que el público relevante infiere sobre la próxima acción (Schelling, 1966).

Esta lógica explica por qué las bajas no constituyen una medida suficiente. Un ataque con daños limitados contra un blanco simbólico puede producir cierre comercial, despliegue militar, cambios de ruta o polarización. Por el contrario, un ataque destructivo puede fracasar si provoca rechazo social, pérdida de apoyo o una concentración estatal que desarticula a la organización. La eficacia coercitiva es relacional: depende de la demanda, la credibilidad, las alternativas del objetivo y la interpretación política del evento (Kydd & Walter, 2006).

El enfoque de seguridad humana amplía el objeto protegido desde la supervivencia del Estado hacia la protección y las capacidades de las personas. Su valor para este estudio radica en que una amenaza explosiva puede degradar seguridad personal, económica, comunitaria y política aun cuando no produzca numerosas víctimas: basta con cerrar una ruta, impedir el acceso a servicios, desplazar población o erosionar la confianza en que las instituciones pueden proteger la vida cotidiana. La seguridad humana exige observar tanto protección frente a amenazas como capacidad comunitaria para recuperarse y actuar (UNDP, 1994; Commission on Human Security, 2003).

Esta dimensión adquiere relevancia dentro del orden mundial contemporáneo. Los conflictos híbridos combinan instrumentos militares, criminales, tecnológicos, económicos e informativos; al mismo tiempo, redes no estatales aprenden, imitan y adaptan tecnologías de uso dual. Como resultado, amenazas producidas en espacios locales pueden afectar gobernabilidad, flujos económicos, fronteras y legitimidad estatal, mientras tácticas desarrolladas en guerras se trasladan a entornos de seguridad interna (Arquilla & Ronfeldt, 2001; Hoffman, 2007; Horowitz, 2010; Kaldor, 2012).

La teoría del conflicto asimétrico explica la demanda por métodos indirectos. Los actores débiles evitan el modo de combate preferido por el adversario fuerte y atacan vulnerabilidades relacionadas con movilidad, protección y legitimidad. La teoría de difusión explica por qué la demanda no conduce automáticamente a la adopción. La observación de una táctica, el acceso a tecnología dual y la circulación de personal no bastan sin continuidad organizativa, especialización, recursos y espacios protegidos de aprendizaje (Arreguín-Toft, 2001; Horowitz, 2010).

El modelo integrado propone que la asimetría crea demanda; la difusión ofrece ideas y oportunidades; la capacidad organizativa permite institucionalizar el empleo; y el objetivo político determina el blanco, la audiencia y la función coercitiva. La disputa territorial intensifica todos los mecanismos porque las rutas, los barrios, los corredores y las zonas productivas adquieren valor estratégico. El dispositivo se convierte entonces en una tecnología para gobernar el movimiento y, con ello, para condicionar tanto la autoridad estatal como la seguridad humana de la población.

Metodología y selección de casos

El estudio utiliza comparación estructurada y focalizada, genealogía histórica y rastreo de procesos. Las mismas preguntas se aplican a ambos casos: ¿qué actor utilizó o estuvo razonablemente asociado con el dispositivo?, ¿qué blanco seleccionó?, ¿qué entorno político, social y criminal precedió el evento?, ¿qué audiencia debía comprender la amenaza?, ¿qué respuesta estatal y judicial siguió?, ¿el episodio fue aislado o parte de un patrón? Estas preguntas permiten separar la descripción del dispositivo de la explicación estratégica y jurídica.

El periodo 2010-2026 captura la intensificación de conflictos regionales, la expansión de plataformas comerciales no tripuladas y la adaptación de actores criminales. La selección no responde a que Türkiye y México sean los únicos casos posibles, sino a que producen variación analíticamente útil: organización insurgente o terrorista frente a organización criminal; audiencia nacional frente a coerción predominantemente local; y arquitectura contraterrorista madura frente a capacidades subnacionales más desiguales. Colombia, Irak y Afganistán se emplean como casos de contraste, no como unidades equivalentes. Las fuentes incluyen doctrina internacional, literatura académica, comunicados oficiales, legislación, informes institucionales y documentación judicial.

El análisis combina dos tipos de evidencia. Primero, indicadores institucionales y operativos: capacidades de desactivación, decomisos, reformas normativas, víctimas y presencia de plataformas de entrega. Segundo, cuatro ilustraciones de proceso: la explosión de la calle İstiklal en 2022; el ataque contra el Ministerio del Interior en Ankara en 2023; la emboscada de Tlajomulco en 2023, que dejó seis personas fallecidas y doce heridas; y la concentración de dispositivos decomisados en Tierra Caliente durante 2025. Los ejemplos no representan todos los incidentes, pero permiten observar mecanismos de selección de blanco, audiencia, daño, calificación y respuesta estatal (Gobierno de Jalisco, 2023a).

La variable dependiente es la función coercitiva del empleo explosivo. Se codifica como atrición, provocación, intimidación, castigo, disuasión, señalización territorial o competencia reputacional. La asimetría, la disputa territorial y la capacidad organizativa operan como variables explicativas. Se añadió una dimensión transversal de seguridad humana que registra pérdida de movilidad, cierre o alteración de escuelas y mercados, interrupción de atención sanitaria, desplazamiento, deterioro de confianza institucional y cambios en la gobernabilidad territorial. Esta ampliación permite observar efectos estratégicos que no aparecen en los conteos de víctimas o daños materiales (UNDP, 1994; Commission on Human Security, 2003).

El diseño incorpora una precaución ética y de seguridad: omite ingredientes, mecanismos, circuitos, secuencias de ensamblaje y cualquier detalle que facilite reproducción. Esta exclusión no reduce la validez del estudio, porque las hipótesis se refieren a objetivos, redes y respuestas, no a ingeniería del dispositivo.

Türkiye: insurgencia, terrorismo y aprendizaje institucional

El empleo de explosivos en Türkiye no puede explicarse mediante una vaga tradición de "rebelión". Se inserta en un conflicto prolongado entre el Estado y organizaciones armadas kurdas, en disputas sobre identidad, representación y control territorial, y en los efectos regionales de las guerras de Siria e Irak. Estas condiciones ayudan a explicar oportunidades de reclutamiento, continuidad organizativa y aprendizaje, pero no justifican jurídicamente ataques contra civiles ni permiten tratar como homogéneos a movimientos políticos, comunidades kurdas y organizaciones armadas (Güneş, 2012; Tezcür, 2016).

La experiencia de Türkiye está vinculada a décadas de conflicto político, terrorismo, separatismo y exposición a redes yihadistas transnacionales. Organizaciones con ideologías y estructuras distintas, entre ellas el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y el Estado Islámico, han empleado explosivos con objetivos que no deben confundirse. El elemento común es la búsqueda de efectos desproporcionados frente a un Estado con superioridad formal; la audiencia y el significado varían según la organización, el territorio y el blanco (Staniland, 2014; Weinstein, 2007).

En zonas de insurgencia, los dispositivos funcionan como instrumentos de atrición y negación de movilidad. El Estado necesita recorrer rutas relativamente previsibles para patrullar, administrar y abastecer. La amenaza obliga a variar itinerarios, desplegar equipos especializados, reforzar vehículos y ralentizar operaciones. Incluso un dispositivo que no detona puede consumir tiempo y recursos si la fuerza pública debe comportarse como si el riesgo estuviera presente en un espacio amplio (NATO, 2012).

En entornos urbanos, la relación entre daño y efecto político cambia. El ataque de noviembre de 2022 en la calle İstiklal, uno de los corredores civiles y comerciales más visibles de Estambul, dejó seis personas fallecidas y 81 heridas según el balance oficial. Más allá del daño inmediato, la elección del lugar amplificó la atención nacional, afectó la percepción de seguridad y produjo una respuesta intensiva de inteligencia y detenciones. El blanco civil simbólico convirtió la explosión en una demostración de alcance (Ministerio del Interior de la República de Türkiye, 2022).

El intento de ataque del 1 de octubre de 2023 frente a la entrada de la Dirección General de Seguridad, en el complejo del Ministerio del Interior en Ankara, mostró una lógica diferente. Uno de los atacantes detonó y el segundo fue neutralizado; dos policías sufrieron heridas leves. El efecto físico fue contenido, pero el blanco representaba directamente la autoridad de seguridad nacional. El caso ilustra que la coerción puede buscar desafío simbólico y provocación aun cuando la capacidad de destrucción sea limitada (Ministerio del Interior de la República de Türkiye, 2023).

La respuesta turca revela institucionalización. La Gendarmería informó que sus equipos especializados operaban en 62 provincias y estaban facultados para intervenir, investigar y capacitar frente a municiones, explosivos y dispositivos improvisados. Un reporte oficial de 2017 señaló además la incautación de 1,231 minas y artefactos improvisados y 107 toneladas de explosivos durante el periodo informado. Las cifras no constituyen una serie actual, pero evidencian densidad histórica de amenaza y aprendizaje acumulado (Jandarma Genel Komutanlığı, 2018; Ministerio del Interior de la República de Türkiye, 2017).

El marco jurídico distingue entre el objeto explosivo y la finalidad terrorista. El artículo 174 del Código Penal Turco sanciona la fabricación, transporte, almacenamiento o circulación no autorizada de materiales peligrosos; la Ley núm. 6551 y su normativa regulan explosivos de uso civil. La Ley núm. 3713 se activa cuando la conducta reúne finalidades políticas o constitucionales, uso de violencia o intimidación y vínculo organizativo. Por tanto, la existencia de un artefacto no basta por sí sola para calificar terrorismo: deben acreditarse los elementos del delito base y del régimen antiterrorista (República de Türkiye, 1991, 2004; Emniyet Genel Müdürlüğü, 2026).

El caso apoya H1 y H3. La asimetría aumenta la utilidad de atacar movilidad y símbolos; la continuidad del empleo requiere organizaciones capaces de conservar experiencia y adaptarse a contramedidas. La función dominante combina atrición, provocación, demostración de alcance y desafío a la autoridad estatal. Desde la seguridad humana, el desafío consiste en conservar capacidades especializadas sin normalizar una excepcionalidad permanente que debilite derechos, confianza pública o resiliencia comunitaria (UNDP, 1994; Commission on Human Security, 2003).

México: gobernanza criminal y escalamiento táctico

El narcotráfico es una causa relevante del uso criminal de explosivos en México, pero no es la única. La adopción se relaciona con la fragmentación de mercados ilícitos, la competencia por corredores y economías locales, la extorsión, la corrupción, la impunidad y la necesidad de elevar el costo de la intervención estatal. Estas condiciones producen oportunidades de gobernanza criminal y control territorial; explicarlas no equivale a reconocer una justificación social o política para la violencia (Arias, 2017; Lessing, 2017; Trejo & Ley, 2020).

México presenta una trayectoria diferente. La violencia criminal se ha apoyado principalmente en armas de fuego, convoyes, secuestro, desaparición y asesinato selectivo. Sin embargo, los decomisos y ataques documentados en Jalisco y Michoacán indican que algunas organizaciones han incorporado explosivos improvisados, dispositivos de tipo mina y drones modificados. La adopción se concentra en territorios donde se disputan rutas, zonas productivas, influencia municipal y acceso a comunidades (Gobierno de Michoacán, 2025a, 2025b).

Las organizaciones criminales no suelen buscar reemplazar al Estado nacional. Su gobernanza es selectiva: regulan mercados, extraen rentas, protegen corredores, condicionan autoridades locales y castigan la cooperación con rivales o fuerzas públicas. Esa finalidad modifica el empleo explosivo. El blanco puede ser una patrulla, un camino, un negocio o una comunidad, y la audiencia puede limitarse a quienes deben decidir si entran, colaboran, pagan o resisten (Arias, 2017; Arquilla & Ronfeldt, 2001).

El ataque de julio de 2023 en Tlajomulco constituye una ilustración de disuasión contra la investigación estatal. El saldo oficial fue de seis personas fallecidas y doce heridas, entre personal público y civiles. A diferencia de un ataque orientado a obtener reconocimiento ideológico nacional, la emboscada buscó elevar el costo de la presencia institucional en un espacio específico y advertir sobre la capacidad de preparar el terreno (Gobierno de Jalisco, 2023a, 2023b).

Los decomisos muestran una escala territorial significativa, aunque no permiten inferir cuántos dispositivos estaban operativos o destinados a ataques. En el primer trimestre de 2025, Michoacán informó 282 artefactos asegurados, incluidos dispositivos tipo mina, granadas y modificaciones para lanzamiento por dron; el acumulado desde la creación del agrupamiento especializado alcanzaba 3,454. En abril se reportaron 523 adicionales, con 248 desactivados en Buenavista y 184 en localidades de Apatzingán (Gobierno de Michoacán, 2025a, 2025b).

Otros indicadores confirman la convergencia entre redes criminales y tecnología militar adaptable. En diciembre de 2023, una operación federal en Jalisco aseguró 45 artefactos improvisados. En marzo de 2025, el Gabinete de Seguridad reportó 31 artefactos y dos drones en El Rosario. Las reformas federales de 2024 y 2025 incorporaron expresamente artefactos explosivos improvisados y aeronaves pilotadas a distancia adaptadas para transportar o activar explosivos, señal de que la capacidad tecnológica se convirtió en un problema normativo nacional (Secretaría de la Defensa Nacional, 2023; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2025; Cámara de Diputados, 2025, 2026a).

El marco mexicano permite una respuesta diferenciada. El artículo 139 del Código Penal Federal sanciona el terrorismo con penas de quince a cuarenta años cuando, mediante explosivos u otros medios violentos, se busca producir alarma o terror, presionar a la autoridad o afectar la seguridad nacional. Cuando esos elementos finalistas no se acreditan, pueden concurrir homicidio, lesiones, daños, delitos en materia de explosivos y delincuencia organizada. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada resulta especialmente pertinente cuando existe una estructura estable orientada a delitos y rentas, sin necesidad de convertir automáticamente toda violencia criminal en terrorismo (Cámara de Diputados, 2026a, 2026b).

El caso mexicano apoya con especial claridad H2 y H3. La disputa territorial incrementa el valor de métodos que hacen costosos los caminos y los accesos, mientras la adopción sostenida se concentra en organizaciones con recursos, protección, capacidad técnica y continuidad. La respuesta debe combinar inteligencia, investigación financiera, capacidades de desactivación, coordinación municipal y restablecimiento de servicios.

Desde la seguridad humana, el éxito exige que la población recupere movilidad, educación, salud, confianza para denunciar y vida económica sin subordinación criminal (UNDP, 1994; Commission on Human Security, 2003).

Los casos de contraste permiten evaluar si los mecanismos observados son exclusivos de Türkiye y México. Irak y Afganistán muestran el modelo clásico de atrición insurgente: los artefactos buscan restringir movilidad militar, elevar costos de protección y erosionar la percepción de control territorial. Colombia constituye un caso intermedio, porque organizaciones armadas con objetivos políticos operan dentro de economías ilícitas y utilizan minas, dispositivos de detonación controlada y, crecientemente, drones. El CICR registró en 2023 a 380 víctimas directas de artefactos explosivos en Colombia, 54 % de ellas civiles, y subrayó que la sola sospecha de un dispositivo puede confinar comunidades y limitar agua, escuela y atención médica (ICRC, 2024; NATO, 2012; UNIDIR, 2015).

El contraste confirma que el dispositivo no contiene una finalidad intrínseca. En Irak y Afganistán predominó la coerción contra fuerzas desplegadas; en Colombia se combinan negación territorial, protección de economías ilegales y disputa política; en México sobresale la gobernanza criminal; y en Türkiye, la provocación y el desafío político. Türkiye y México fueron preferidos porque maximizan la diferencia de objetivos dentro de dos Estados con capacidad institucional suficiente para documentar respuestas, lo que permite aislar mejor la relación entre tipo de actor, audiencia y función coercitiva.

Hallazgos comparativos

El primer hallazgo es que la asimetría y la disputa territorial generan una demanda común por métodos indirectos. En ambos países, la amenaza explosiva obliga al Estado a inspeccionar rutas, proteger múltiples blancos y sostener vigilancia continua. Sin embargo, el contexto modifica la forma de esa demanda: en Türkiye se inserta en una confrontación política prolongada; en México, en mercados ilícitos, control local y competencia por rentas.

El segundo hallazgo es que la capacidad organizativa, y no la disponibilidad técnica aislada, explica la adopción sostenida. Se requieren financiación, especialistas, inteligencia de blancos, espacios protegidos, disciplina y mecanismos para aprender de fallos. La experiencia histórica turca y las concentraciones documentadas en Michoacán apoyan H3: las redes organizadas transforman una posibilidad técnica en repertorio repetible.

El tercer hallazgo es la divergencia de finalidad y audiencia. En Türkiye predominan atrición, provocación, visibilidad nacional y desafío a la autoridad. En México predominan intimidación, castigo, negación territorial y disuasión de intervención; la atribución puede ser localmente evidente sin reivindicación pública. H4 recibe el apoyo más claro: la tecnología no determina el significado político.

El cuarto hallazgo es jurídico. La presencia de un explosivo no convierte automáticamente un hecho en terrorismo. La calificación debe atender a finalidad, estructura organizativa, blanco, audiencia y contexto. El uso automático de la etiqueta terrorista puede ocultar mercados, corrupción y control criminal; tratar todos los hechos como delitos ordinarios puede subestimar aprendizaje militar y coerción territorial.

El quinto hallazgo es que las bajas y los decomisos no bastan para medir éxito o fracaso. La pérdida de movilidad, el cierre de escuelas o mercados, la interrupción de servicios sanitarios, el desplazamiento y el temor a cooperar con autoridades amplían el efecto estratégico. La seguridad humana es el puente entre daño táctico y poder territorial, y los casos de Colombia, Irak y Afganistán muestran que este mecanismo trasciende los dos países analizados.

Marco jurídico comparado y criterios de respuesta

La calificación jurídica debe partir de la conducta, la finalidad y la organización, no del nombre del dispositivo. Un mismo artefacto puede integrar terrorismo, delincuencia organizada, homicidio, lesiones, daños, amenazas o delitos específicos de explosivos. La diferencia es sustantiva porque determina competencia, prueba, garantías, cooperación internacional y proporcionalidad de la pena.

En Türkiye, la Ley núm. 3713 vincula el terrorismo con fines políticos o constitucionales, violencia o intimidación y pertenencia organizativa, mientras el Código Penal y la normativa de explosivos permiten sancionar fabricación, traslado o posesión ilícita aun sin finalidad terrorista. En México, el artículo 139 del Código Penal Federal incorpora un elemento finalista de alarma, terror o presión sobre la autoridad; la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos cubren estructuras criminales, materiales y plataformas de entrega (República de Türkiye, 1991, 2004; Cámara de Diputados, 2025, 2026a, 2026b).

En el plano internacional no existe una convención universal única que defina exhaustivamente el terrorismo. El marco es sectorial: la Convención Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas obliga a criminalizar conductas específicas; la Resolución 1373 exige prevención, cooperación y persecución de financiación; y la Convención de Palermo cubre delincuencia organizada transnacional. México, además, ratificó la Convención Interamericana contra el Terrorismo; Türkiye no está vinculada por ese instrumento regional (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1997; Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2001; OEA, 2002; UNODC, 2004).

La recomendación no es crear una etiqueta penal autónoma para todo artefacto improvisado, sino usar las categorías existentes de manera acumulativa e individualizada. Deben aplicarse los delitos de terrorismo solo cuando se acrediten sus elementos; los de delincuencia organizada cuando exista estructura estable; y los delitos contra la vida, integridad, patrimonio y regulación de explosivos según el daño y la conducta. La pena debe guardar proporcionalidad con autoría, intención, resultado y riesgo, sin sustituir prevención social, investigación financiera y recuperación territorial.

Discusión e implicaciones prácticas

La comparación confirma que las políticas centradas exclusivamente en la desactivación tratan el síntoma. Los Estados deben identificar financiación, adquisición, aprendizaje, transporte, reconocimiento, protección y coerción comunitaria. La doctrina de "atacar la red" puede adaptarse al ámbito interno siempre que respete competencias judiciales, controles civiles, derechos fundamentales y cadena de custodia (NATO, 2012; UNIDIR, 2015).

La prevención debe intervenir sobre entornos causales sin confundir explicación con justificación. En Türkiye, esto implica combinar inteligencia y persecución penal con canales de representación, protección de civiles y políticas que reduzcan oportunidades de reclutamiento y polarización. En México, requiere disminuir impunidad y corrupción local, proteger economías comunitarias, investigar rentas ilícitas y sostener presencia institucional más allá de operativos temporales (Güneş, 2012; Arias, 2017; Trejo & Ley, 2020).

La respuesta penal debe ser diferenciada. Cuando la violencia sirve a una campaña política y reúne los elementos legales, procede el marco antiterrorista. Cuando sostiene gobernanza criminal, deben priorizarse delincuencia organizada, investigación patrimonial, homicidio, lesiones, daños y delitos de explosivos. Esta distinción evita dos extremos: sobrerreaccionar con categorías excepcionales o minimizar una capacidad que ya modifica control territorial.

La prevención territorial exige presencia persistente y restauración de movilidad civil. Retirar un dispositivo no es suficiente si escuelas, mercados, ambulancias y agricultores continúan evitando la ruta. El criterio de éxito debe incluir reapertura segura, recuperación de servicios, confianza para denunciar, atención a víctimas y reducción del poder de intimidación (UNDP, 1994; Commission on Human Security, 2003; ICRC, 2022).

También se requiere mejorar los datos. Un registro nacional debería diferenciar artefactos confirmados, objetos sospechosos, munición convencional, accidentes, plataforma de entrega, blanco, atribución, víctimas, daño, proceso judicial y resultado coercitivo. La información pública debe excluir detalles operativos sensibles, pero la falta de categorías homogéneas impide observar difusión, concentración, reincidencia y efectividad institucional.

Finalmente, la cooperación internacional debe priorizar estándares forenses, flujos financieros, tecnología dual, inteligencia fronteriza, protección de infraestructura y aprendizaje institucional. La transferencia de lecciones entre fuerzas armadas, policías, fiscalías y protección civil es necesaria, pero la hibridación táctica del crimen no justifica la militarización ilimitada del Estado. El objetivo debe ser reducir la capacidad de coerción y restaurar seguridad humana, no solo aumentar decomisos.