Introducción
Los debates sobre seguridad internacional, de las comunidades de seguridad (Tokatlián, 2009) o del “campo de profesionales de gestión de las inquietudes y transnacionalización de los procesos de(in)seguridad” de acuerdo con Bigo (2020, p.5) -en ambos casos refieren al conjunto de profesionales, académicos y expertos, thinktanks, funcionarios, fuerzas de seguridad y militares, que constituyen dichas comunidades o campo de profesionales y que enmarcan los principales debates respecto al tema-, han estado centrados, durante la última década, en las fronteras, las movilidades humanas y los flujos que atraviesan los territorios como ejes desde los cuales organizar/gestionar las garantías de seguridad nacional, regional y global.
Así, puede identificarse una creciente confluencia entre los estudios de seguridad y los de fronteras (tradicionales y críticos), a los que debe sumarse la relevancia creciente de cuestiones asociadas a la tecnología (de datos, de información, de rastreo) que Bigo (2020) califica de tecnologías digitales y que Trauttmansdorff (2022) resume desde los Science and Technologies Studies (STS).
A su vez, desde la Postguerra fría la defensa y la seguridad pública han tendido a ser superpuestas por el mainstream de los estudios internacionales y las potencias del Norte global. La seguridad comenzó a ser calificada de “interméstica” (confluencia entre lo doméstico y lo internacional) y los medios de acción (militares o policiales) se desdibujaron, considerando la porosidad de las fronteras y la transnacionalización de todos los fenómenos sociales, incluidos los ilegales (Cardinale, 2018). América Latina y el Caribe (ALC) no estuvieron exentos de estas tendencias y debates, que incluyeron las formas de interpretar los conflictos y las violencias no tradicionales.
Ahora bien, la pandemia global desatada por el virus Sars-Cov-2 en 2020 y, más recientemente, la guerra ruso-ucraniana (2022), ponen en cuestión los supuestos sobre los que se basaron las interpretaciones, teorías y prácticas de seguridad internacional en el siglo XXI. Desde los ECF, Vaughan Williams (2009) afirma que se produjo el tránsito de una mirada geopolítica de las fronteras hacia una biopolítica, orientada por políticas de excepción y centrada en la gestión de los flujos y movimientos transfronterizos, incluido el gobierno de las poblaciones migrantes y donde las tecnologías digitales han obtenido un creciente protagonismo de control, aquello que Caballero (2021, p. 120) llama, retomando a Bigo, “mentalidad del gobierno” de las movilidades.
Desde miradas situadas, se problematizan los dispositivos biopolíticos en fronteras cuando se trata de relaciones Norte-Sur, Centro Periferia o Post (de) coloniales, las categorías de análisis principales son el continuo biopolítica-necropolítica: en las fronteras (post/de) coloniales, como, por ejemplo, México – EEUU, no se gestiona o se controla la vida, sino la muerte de migrantes centroamericanos. En términos necropolíticos “la migración se analiza en el contexto de la violencia criminal-estatal” (Estévez, 2018, p. 30). Para Rodríguez Ortiz (2023):
Casi todos los países en el mundo han cerrado sus fronteras territoriales en algún momento, una práctica global que en este siglo ha sido cíclica: primero en 2001 (posterior al 9/11, Estados Unidos), después en 2015 (durante la mal llamada crisis de los refugiados sirios, Unión Europea) y finalmente en 2020 (con el confinamiento mundial) (p. 164).
De este modo, durante la pandemia se observó un retorno de la geopolítica para las relaciones internacionales, en general, y las relaciones fronteras/seguridad en particular, las medidas de cerramiento de fronteras y prohibición de la circulación representan respuestas propias del miradas realistas de las Relaciones Internacionales (RRII) o de la geopolítica clásica, distintivas del sistema internacional moderno donde el estado constituye el centro de análisis y decisión, el objeto referente de la seguridad y el decisor último en situaciones excepcionales (Cardinale, 2021).
América del Sur, a pesar de sus múltiples espacios de integración, no fue la excepción. A su vez, la invasión rusa a Ucrania reubica el eje de análisis en la seguridad nacional y territorial, en la geopolítica concentrada en la competencia por la supremacía de poder global y en los principios clásicos de las RRII: autodefensa, integridad territorial y soberanía de los Estados. (Battaglino, 2022. Cardinale, 2022).
Frente a este escenario surgen las siguientes preguntas: ¿Cambiaron los temas prevalentes de las seguridades internacionales en la postpandemia? ¿Cómo impactan ambas crisis (pandémica y bélica) en las concepciones y agendas de la (in)seguridad de fronteras y, en especial, desde las propuestas críticas? ¿Qué tendencias se observan en las fronteras interestatales suramericanas?
El objetivo es abordar los debates actuales sobre seguridades internacionales e (in)seguritización de fronteras, con énfasis en los aportes desde los ECF, para analizar las tendencias en América del Sur (AS) en la postpandemia. Esta es una investigación cualitativa, descriptiva-interpretativa, que utiliza como fuentes la bibliografía específica y las notas de prensa vinculadas a la (in)seguridad fronteriza en AS.
El trabajo presenta el estado del arte y marco teórico, reconoce luego categorías claves de análisis (biopolítica, tanatopolítica, necropolítica), para, en un tercer apartado, identificar las tendencias actuales en Suramérica considerando ejemplos concretos de medidas gubernamentales y prácticas fronterizas. Finalmente, se presentan algunas reflexiones.
Desarrollo
Sobre los estudios críticos de fronteras y los debates teóricos actuales
Siguiendo a Agnew (2005) es posible reconocer un “imaginario geopolítico moderno” que consta de cuatro principios básicos: una visión del mundo como un todo; las diferentes partes del mundo se catalogan como modernas o atrasadas, de acuerdo con la obtención, o no, de una trayectoria histórica similar a la de una Europa [Occidente] idealizada; el mundo se divide en estados territoriales; y se interpreta que estos estados están en perpetua pugna por la primacía. Desde las RRII esta misma explicación se asocia al pensamiento realista, donde la relación de constante pugna interestatal viene determinada por la naturaleza (por tanto, inmutable) anárquica del sistema internacional (descentralización del poder y la fuerza) (Cardinale, 2018).
En general, la bibliografía coincide en reconocer una concepción tradicional de frontera, propia del realismo y de la geopolítica clásica: “In a common understanding of the term, the concept of the border of the state refers to “external”, “interstate” or “international” borders that delimit and delineates states as independent entities in the state system” (Vaughan Williams, 2009, p. 1)[1]. En ese sentido, la interpretación moderna de las fronteras divide lo doméstico y lo internacional y otorga significados políticos divergentes para cada uno: orden y anarquía, respectivamente. Los límites interestatales se califican como estáticos, fijos, demarcatorios del adentro y del afuera, con una lógica de separación (Tapia Ladino, 2017, p. 62).
En relación con la defensa y la seguridad nacional la noción de fronteras representó un marco para su entendimiento, en un mundo anárquico, la prioridad es la supervivencia del estado y ello depende de la autosuficiencia defensiva. Esos límites territoriales en el pensamiento geopolítico moderno funcionan como los ejes que permiten definir la amenaza (externa), la fuente de amenaza (interestatal) y el tipo de conflicto (guerra entre estados). (Vaughan Williams, 2009. Cardinale, 2017; 2018).
En la Postguerra fría las fronteras emergen como relevantes para las ciencias sociales, iniciándose un intenso trabajo interdisciplinario desde la geografía a los estudios culturales y desde la geopolítica hasta la ciencia política y la antropología. Las últimas tres décadas se caracterizaron por enérgicos debates sobre la cuestión fronteriza, su dinámica y complejización creciente, más allá de las interpretaciones clásicas sobre límites interestatales. En esas discusiones, la experiencia de la Unión Europea (UE) tuvo un protagonismo indiscutido, por la difusión explícita que otorgan a sus políticas comunitarias de cooperación territorial y desarrollo regional. Para Newman (2011):
Los estudios de fronteras han experimentado un renacimiento en las últimas dos décadas. Desde un análisis descriptivo del curso y ubicación de las líneas que separan los Estados en el sistema internacional, pasando por el estudio de la dinámica del proceso de fronterización hasta su impacto en la sociedad y el espacio, las fronteras han ido adquiriendo un significado multidimensional. (p. 45)
En la actualidad pueden reconocerse dos grandes campos de abordaje para las temáticas fronterizas. El primero es posmoderno y neoliberal, propio de la década de 1990, se asocia a la globalización e incluye las perspectivas promotoras de la desaparición de las fronteras, la desterritorialización o des-fronterización del mundo. En palabras de Newman (2006 enWases Walter, 2011, p. 25) “[…] the notion of a ‘borderless world’ has been coined by the West, specifically by a Western European perspective in which the permeability of borders is currently being actively promoted”.[2]
Este primer enfoque complejiza la noción de frontera internacional realista/geopolítica moderna. Para el transnacionalismo el eje de análisis está en los flujos, la porosidad y el debilitamiento de las fronteras; el señalamiento es hacia la multidimensionalidad y su realidad dinámica. (Vaguhan Williams, 2009. Newman, 2011. Porcaro, 2017).
Esta relectura permitió, luego, incorporar elementos simbólicos con prioridad en las poblaciones afectadas (por las movilidades y sus frenos), calificarlas como instituciones complejas, en (re)construcción social permanente, como fronterización. Así, en el marco de la UE surgen conceptos como regiones de fronteras, cooperación transfronteriza y el abordaje de esquemas transnacionales de vinculación. Para Valcuende, Cairo, Godinho, Kavanagh y Lois (2018, p. 31) “la frontera es un objeto complejo” donde se entrelazan dimensiones y escalas múltiples.
Los enfoques en AS (desde la geografía política, la antropología, los estudios de la integración/regionalización) -a partir de la difusión del modelo europeo- tienden calificar estas dimensiones y a las regiones transfronterizas como zonas estratégicas, áreas de interface, espacialidad abierta, redes de articulación como cooperación transfronteriza y horizontal (entre gobiernos subnacionales y sus ciudadanas/os), en tanto regionalismo, enfatizando en las nociones de pasaje, flujo, movilidad o de regiones de frontera. (Abínzano, 2017; Benedetti, 2014; Carrión y Llugsha, 2013; Clemente, 2016; Machado, 2005; Matiuzzi de Sousa, 2018; Montenegro y Giménez Béliveau, 2006; Oddone, 2013; Ríos, 2017; Mazzei, 2013; Mezzadra y Neilson, 2017; Moncada Paredes, 2016; Zapata Barrero y Ferrer Gallardo, 2012; Dilla y Contreras, 2021).
De este modo, la frontera se interpreta como el punto de encuentro entre estados y, en simultáneo, como “una zona de flujos transfronterizos que opera como puerto o plataforma internacional de integración” (Carrión y Llugsha, 2013, p. 7).
Por lo tanto, para Carrión y Llugsha (2013) “las políticas no pueden responder solo a un manejo tradicional de una línea de frontera a través del control militar, diplomático, migratorio o aduanero” (p. 7). Con relación a la violencia y la inseguridad, Carrión (2011) explica que la globalización trajo consigo una organización internacional del delito que tiene su correlato local, asociada a cuestiones eminentemente económicas (contrabando, tráficos). Por lo tanto, las visibles asimetrías en los niveles de bienestar forjan espacios propicios - en las regiones fronterizas- para la formación de mercados ilegales: “la frontera tiende a ser un freno para lo legal y un acelerador para lo ilegal” (Carrión y Llugsha 2013, p. 15-16).
A su vez, la cuestión frontera adquiere centralidad creciente en los debates de las ciencias sociales del Norte Global desde el 2001. La Geografía política y la Geografía crítica fueron las disciplinas que lideraron la discusión, fortalecida por otros subcampos de estudios a medida que aumentaron las apreciaciones sobre amenazas no tradicionales, asociadas con la intensificación de las movilidades humanas. Como corolario, los abordajes interdisciplinares de fronteras desde la Geopolítica crítica, los ECF, también asociados a la Sociología Política Internacional en los diez últimos años, han puesto en cuestión tanto el “imaginario geopolítico moderno” (Agnew, 2005) de los límites interestatales (y el enfoque realista de las RRII) como los abordajes globalistas, transnacionalistas y desterritorializantes (Bigo, 2002, 2020. Ponte Nogueiras y Hyusmans, 2022. Vaughan Williams, 2009. Newman, 2011. Lois y Cairo, 2011. Cairo, 2018).
Así, frente a las políticas de seguritización y militarización creciente en el presente siglo, se acentúa la idea de reterritorialización o re-fronterización, con endurecimiento de controles para enfrentar peligros transnacionales. Aquí las miradas críticas reconocen un desplazamiento, una expansión de los límites y de los dispositivos de vigilancia, hacia adentro y hacia afuera de las líneas demarcatorias políticas y geográficas clásicas (en aeropuertos, campos de refugiados, centros de detención). Este segundo campo comprende a los ECF con un eje de análisis biopolítico.
En este segundo campo de abordaje, y vinculado con los Estudios Críticos de Seguridad, buscan visibilizar, por un lado, las contradicciones expresadas en las “prácticas de soberanía” en las fronteras, donde el estado aplica una “política de excepción” para determinar quiénes están habilitados a circular por sus límites. Se ejerce, así, un poder arbitrario en los cruces fronterizos para decidir de qué modo y por qué ciertos sujetos constituyen un peligro para la seguridad nacional/regional, bajo la sospecha de sus potencialidades criminales (terroristas, narcotraficantes, entre otros).
Por otro lado, destacan las denominadas “fronteras inteligentes”, que se sostienen en una serie de tecnologías digitales (biométricas, de acumulación de datos, rastreo, videovigilancia, etc.) destinadas a controlar la movilidad, en tanto mecanismo “racional” para identificar sujetos protegidos y con facilidad de circulación frente a aquellos/as no (in)deseados/as -dadas sus características étnicas, su país de origen, su condición socioeconómica o de género-. Este modelo de control, que se consolida como global, supone un debilitamiento del estado de derecho y del respeto a los derechos humanos (Vaughan William, 2009. Biswas y Nair, 2010. Sánchez, 2014. Bigo, 2002; 2020).
De acuerdo con Vaughan William (2015) el paradigma geopolítico tradicional de los estudios fronterizos se centró principalmente en la defensa del territorio en su borde físico exterior, mientras que los ECF, influenciados por la explicación paradigmática de la biopolítica de Michel Foucault (1998, 2003, 2007), fomentan una mayor atención a la relación entre las poblaciones y el gobierno.
Ambos campos contemporáneos de estudios sobre fronteras mencionados coinciden en afirmar que las líneas fronterizas no se ubican solamente donde las situó la geopolítica clásica o el realismo en RRII, es decir, en el límite territorial tradicional, ya sea por su desvanecimiento (des-fronterización) o por su ampliación/exteriorización.
Desde los ECF se considera que los flujos transfronterizos son selectivos. La obsesión por la seguridad implicó un reforzamiento de las fronteras existentes, la aparición de otras al interior de los propios estados y, simultáneamente, su exteriorización para controlar los tráficos y movimientos (de personas y mercancías ilícitas) antes de que lleguen al límite territorial propio. Los ECF pueden subdividirse en dos.
Para una primera interpretación, la cuestión central gira en torno a la “política de excepción”. Se refuerzan las fronteras y bordes al tiempo que se define arbitrariamente quiénes constituyen un riesgo de seguridad. Se produce una securitización de las fronteras, con “espacios de excepción” para las personas calificadas como peligrosas. Se aplican acciones de fuerza (militar o policial) en zonas de fronteras territoriales, en zonas demarcatorias al interior de los estados, como aeropuertos, e incluso en el espacio público interno. (Vaughan Williams, 2009. Cardinale, 2021).
Vaughan Williams (2015) analiza casos concretos de campamentos de refugiados y de los centros de detención en territorio europeo o norafricano, destinados al control de las poblaciones movilizadas y utiliza el concepto de fronteras zoopolíticas para calificar esos espacios y el trato otorgado a las personas confinadas. Esa conceptualización expresa los mecanismos desplegados para deshumanizar, “animalizar” y someter a los y las migrantes “irregulares”, quienes no califican claramente como refugiados o asilados, y son detenidos/as y encerradas/os en sitios de confinamiento en condiciones “zoológicas”, con violaciones flagrantes a sus derechos básicos (falta de comida, de elementos de higiene, de camas donde dormir, etc.).
El autor reconoce en esto los antecedentes de pensadores postcoloniales. “The animalization of ‘irregular’ migrants constitutes a specific technology of power within the contemporary apparatus of EU border security” (p. 72).
Para la segunda interpretación, el centro del análisis es el conjunto de tecnologías digitales para controlar la movilidad y delimitar sujetos protegidos y habilitados a la circulación frente a los “indeseables”; también las prácticas cotidianas y los discursos, provenientes del campo transnacional de los profesionales de la (in)seguridad (Bigo, 2020). Los dispositivos se orientan a identificar poblaciones peligrosas por anticipado, antes de que se cometa delito y resultan un ejercicio discriminatorio sobre personas movilizadas, pero que se promociona como racionalidad tecnológica y neutral (Bigo, 2020). Para la Escuela de París de las RRII en el análisis de la vinculación seguridad-fronteras:
Esta mundialización de la inseguridad volvería obsoletas las fronteras nacionales y obligaría a la colaboración internacional al mismo tiempo que cuestionaría la distinción clásica entre, por un lado, la guerra, la defensa, el orden internacional, la estrategia y, por otro lado, el crimen, seguridad nacional, orden público, investigación policial. De acuerdo con estos discursos, el crimen alcanzaría la magnitud de la guerra, la guerra sería hecha por criminales (Bigo, 2020, p. 7).
Trauttmansdorff (2022), resume las vinculaciones fronteras/seguridad como procesos simultáneos de securitización y externalización. Las tecnologías y bases de datos se interpretan desde los ECS como parte inevitable de la securitización de las migraciones, en respuesta a cómo la movilidad se constituyó en un problema de seguridad. Para el autor, la tecnología digital es un impulsor fundamental para la creación de condiciones de vigilancia masiva.
Estas tecnologías de vigilancia trascienden la simple línea de frontera terrestre. Para Bigo (2020) las clásicas fronteras externas (en la UE) o interestatales en AS, si bien son “lugares de arbitrariedad” no son infranqueables. De este modo, los controles van más allá de las líneas demarcatorias a través de una serie de dispositivos, por un lado, se privatizan “se delega en las líneas aéreas y los aeropuertos”, a veces se desplazan unos kilómetros hacia adentro. (p. 25).
Existen, asimismo, controles previos, a través de las visas y los consulados en los países de origen donde “se realiza la mayor parte del trabajo policial”. También, se despliegan dispositivos de información como el Sistema de Información Schengen (SIS) en la UE, con interacciones transnacionales, para ello cobran fundamental importancia las tecnologías destinadas a documentos de identidad infalsificables, que además de las huellas dactilares se basan en información personal a través del ADN, la retina, etc. (Bigo, 2020). Estos mecanismos se replican cada vez con más intensidad en AS.
Ahora bien, la significación multidimensional de las fronteras y límites territoriales de los estados, o bien la externalización de controles, se diluyeron con la pandemia. Las fronteras volvieron a definirse, primordialmente, como la línea demarcatoria del adentro y del afuera del territorio estatal, con un fuerte protagonismo y una lógica de clausura de la movilidad (Cardinale, 2021). Respecto al conflicto armado en Ucrania, Murphy (2022) advierte: “Cualquiera que esté convencido de que una era post-territorial está cerca probablemente recibió una fuerte llamada de atención el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a Ucrania”.Biopolítica, tanatopolítica, necropolítica y la recuperación geopolítica para la gestión de las fronteras durante la pandemia
Profundizar acerca de estas conceptualizaciones brinda instrumentos para reconocer las prácticas de gestión hegemónicas defendidas por el “campo (transnacional) de profesionales de gestión de las inquietudes y transnacionalización de los procesos de(in)seguridad”, como les califica Bigo (2020, p.5), y de qué modo se intensifica la incorporación de estas políticas de (in)seguridad de las fronteras en AS, aún entre estados vecinos, que no guardan entre sí conflictos mayores y con espacios multidimensionales de integración recíproca.
Por biopolítica se debe comprender “la incorporación de lo biológico (no en términos individuales, sino lo humano como especie biológica) al campo de regulación del poder del Estado”; como afirma Foucault (1996) “en el siglo XIX, el poder toma a su cargo la vida, se ocupa de “hacer vivir”, de las poblaciones” (Cardinale, 2018, p. 218). En esa administración de la vida, el poder también puede “dejar morir”. En sociedades (neo)liberales la movilidad de lo deseado (del intercambio, de la propiedad) no implica encerrar ni prohibir (como supone la disciplina en tanto anatomopolítica), sino que conlleva el despliegue de instrumentos tecnológicos que habiliten la verificación de lo que circula. Así, las tecnologías de la información y la comunicación, luego las biométricas o de datos, constituyen posibilidades crecientes de ampliación de la vigilancia sin coartar la circulación deseada.
Para Campessi (2012), al traer estas consideraciones a la gestión fronteriza, se trata de potentes dispositivos de control que funcionan a partir de la sistemática reducción de derechos y libertades de migrantes, que suelen ser asociados con amenazas transnacionales (narcotráfico, terrorismo, crimen organizado). Este aspecto es observado en las fronteras suramericanas, a pesar de autoproclamarse como una zona de paz.
Retomando a Ágamben (2005) es posible hacer referencia a las nociones de políticas de excepción y de tanatopolítica. De acuerdo con el autor el estado de excepción es un “espacio anómico donde se pone en juego una fuerza de ley sin ley”, en que aun estando la norma vigente se vacía de significado al desaplicarse. “El espacio normativo del derecho puede ser así impunemente obliterado y contradicho por una violencia gubernamental que, ignorando externamente el derecho internacional y produciendo internamente un estado de excepción permanente, pretende sin embargo estar aplicando el derecho”. (Ágamben, 2005, p. 155).
De esta manera, la biopolítica es el ingreso de la zoè (como vida biológica que los seres humanos compartimos con cualquier ser viviente) al campo de lo político en la modernidad, que desde el pensamiento clásico guardaba diferencia específica con el bíos, es decir, la vida políticamente cualificada. Ahora bien, el poder que toma a su cargo la vida como poder soberano tuvo históricamente poder sobre la muerte, para dar muerte. (Cardinale, 2017).
Se trata de “la fijación de un umbral más allá del cual la vida deja de revestir valor jurídico y puede, por tanto, ser suprimida sin cometer homicidio” (Agamben, 1998, p. 176). Ese umbral se abre a partir del estado de excepción, que niega a determinados sujetos su condición jurídico-política (dentro del estado de derecho) para ser tratados como mera vida biológica, que al perder significación política quedan expuestos a la violencia y la muerte. (Vaughan Williams, 2015. Cardinale, 2018).
Un caso concreto que aborda Vaughan Williams (2015, p. 58), y que se puede retomar para comparar las consecuencias de la militarización en las fronteras norte de Chile, al hablar de tanatopolítica (en su centramiento sobre la segunda característica de la biopolítica, el aspecto de dejar morir), es el caso del “boat-left-to-die” en el mediterráneo con poblaciones provenientes de Nigeria, Ghana, Eritrea, entre otros. Para el autor las políticas contemporáneas de fronteras de la UE evidencian los impulsos tanatopolíticos de la prohibición soberana a través de dos dispositivos: las operaciones de “devolución” o retroceso de migrantes hacia sus lugares de origen (sin considerar el peligro que ello supone a sus vidas) y las prácticas de no responder a las señales de socorro de botes de migrantes “irregulares”.
Podemos avanzar y considerar que en los espacios pos y de-coloniales las tecnologías de gobierno aplicadas son necropolíticasy en ese contexto es oportuno señalar que la necropolítica se refiere a: “un concepto que hace referencia a una tecnología de poder que en vez de estar interesada en inscribir a los cuerpos en los nuevos aparatos disciplinares, estos son inscritos, cuando llega el momento, en el orden de una economía radical que ahora se representa con políticas de muerte”.Oportuno es destacar que tambiénla llamada «tanatopolítica», ha sido utilizada como su sinónimo. Retomando a Mbembe, Estévez (2018) afirma la inversión de los términos biopolíticos, en el necropoder lo que prima es el poder de hacer morir y, luego, el dejar vivir, aunque no se refiere a una prerrogativa exclusivamente estatal, “sino que incorpora agentes no estatales y la economía criminal” (p. 30).
Así, mientras que el biopoder está al servicio de la administración de la vida de personas “desechables” o mercantilizables en el Norte global, el necropoder es “el brazo armado de la biopolítica migratoria desterritorializada en los lugares destruidos y desposeídos” (Estévez, 2018, p. 32) por la globalización neoliberal, la pérdida del imperio de la ley y la sobreexplotación de los territorios en el Sur global.
Para situar un ejemplo concreto de tecnología necropolítica aplicada basta considerar el tratamiento recibido por las poblaciones migrantes centroamericanas en su trayectoria hacia la frontera estadounidense. Son personas que huyen de las violencias locales, que les espera la represión en las fronteras de la potencia y que, muchas veces, se convierten en víctimas del negocio criminal montado alrededor de las movilidades humanas transnacionales (cobrando para el paso por caminos peligrosos con poca vigilancia, para cruzar ríos o sometiendo mujeres y niños/as a la trata de personas).
Por último, la pandemia desatada en 2020 puso de relieve la centralidad que todavía guarda la geopolítica tradicional de fronteras interestatales o la mirada realista clásica del sistema internacional a la hora de responder a una crisis epidemiológica global. Las reacciones inmediatas y urgentes supusieron sellar las fronteras, recurriendo a las reglas modernas del sistema internacional como la única opción de cara a una situación extrema.
Sin embargo, en un mundo hiperglobalizado el cerramiento estatal sobre el espacio soberano trajo consigo falta de insumos claves para lidiar con el virus, guerras comerciales, cierre de fronteras y ciudadanos/as de terceros países varados en territorios extranjeros, control poblacional y militarización/securitización de las calles de las ciudades y pueblos del mundo. (Cardinale, 2021).
En la gestión de la crisis pandémica, en la mayor parte del mundo, los estados se abocaron a la tarea de ejercer su poder soberano sobre el territorio no sólo cerrando las fronteras, también prohibiendo toda circulación por ellas e incluso clausurando el comercio internacional de toda mercancía no esencial.
La invasión rusa a Ucrania sitúa nuevamente el eje de análisis en la defensa de la soberanía del estado, en la geopolítica clásica para abordar la competencia por la supremacía mundial y en los principios internacionales tradicionales: autodefensa e integridad territorial (Battaglino, 2022. Cardinale, 2022). A pesar de su mixtura con componentes de la guerra híbrida, los dispositivos de la soberanía y la guerra modernas vuelven a ocupar el foco del debate en dicho conflicto.
Las fronteras suramericanas en la postpandemia
Para revisar el caso de las zanjas cavadas por el estado chileno en su frontera norte a modo de contención de los y las migrantes “irregulares”, es interesante partir de la conceptualización que realiza Rodríguez Ortiz (2023):
Frontera de la securitización (el uso del neologismo es intencional): se deduce de la necesidad de resguardar el territorio de los “bárbaros”, “terroristas”, “refugiados” o “migrantes sin papeles”, mediante fortificaciones tecnológicas, cercas, muros, barreras, mallas, vallas, sensores de calor y movimiento, y demás recursos materiales que inhiban la intención de ser cruzadas. Para ello, los gobiernos destinan un amplio porcentaje del gasto público para su militarización.
Los dos últimos gobiernos chilenos han declarado que el país se encuentra bajo una “crisis migratoria” en su frontera norte. No refiere a las movilidades tradicionales entre las poblaciones transfronterizas (de Bolivia y Perú), sino a migrantes de Venezuela y Haití principalmente.
De Marchi Moyano y AlvitesBaiadera (2022) califican a las zanjas cavadas como muros invertidos, siguiendo los parámetros predominantes transnacionalmente al intentar frenar, mediante instrumentos de corte, la circulación indeseada. Para las autoras:
(...) las zanjas analizadas pueden ser interpretadas como muros invertidos, de bajo costo y gran plasticidad, que componen un paisaje fronterizo móvil y se constituyen como dispositivos defensivos y de protección en contra de agentes transnacionales no estatales, entendidos como amenazas. Asimismo, se subraya su condición paradójica: mientras las zanjas se proyectan con el propósito de reafirmar el poder y expresar el control estatal sobre un territorio, resaltan su debilidad dada su mera existencia e ineficacia operativa. (p. 355).
En concreto las zanjas fueron excavadas en la región fronteriza entre Colchane (en Tarapacá, Chile) y Pisiga Bolívar (en Oruro, Bolivia) en 2017, la primera de ellas. Si bien existen conflictos diplomáticos entre ambos países, vinculados a cuestiones territoriales históricas y a la salida al mar por parte de Bolivia, estas dificultades no fueron impedimento para la existencia de Comités de Frontera e Integración en las zonas transfronterizas. En esas zonas la circulación binacional entre habitantes fronterizos es permanente y las preocupaciones principales, (como en la mayoría de las zonas interestatales del Cono Sur) giran alrededor del contrabando
En el año 2022 las zanjas se renuevan y profundizan (De Marchi Moyano y AlvitesBaiadera, 2022) bajo los discursos gubernamentales y de prensa de una intensificada crisis migratoria. Esta percepción de amenaza escaló hasta designar a las Fuerzas Armadas chilenas en dicha frontera norte mediante declaración de un estado de excepción[1]. Su aplicación afectó a más regiones y provincias que las de la franja original.
Durante la pandemia, y esto se replica en toda AS, las fronteras se cerraron por completo durante el 2020, en algunos países se fue flexibilizando para determinadas excepciones o por períodos de tiempo. Para el caso mencionado se definió “el cierre de frontera al tránsito terrestre de personas por Covid-19, que Chile mantuvo desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022 en los pasos de frontera compartidos con Bolivia” (De Marchi Moyano y AlvitesBaiadera, 2022, p. 366).
En agosto de 2022 se reunieron los presidentes Arce (Bolivia) y Boric (Chile) y publicitaron un acuerdo para una mesa de trabajo conjunta sobre migraciones de indocumentados en la frontera común. Es importante señalar que en el año transcurrido previo a ello se produjo la muerte de 20 personas intentando cruzar esas franjas fronterizas hacia y desde Chile (France24, 2022).
Chile mantuvo la seguritización de sus fronteras y en 2023 las tensiones escalan entre Chile y Perú por la “crisis migratoria”. En respuesta a las prohibiciones chilenas, Perú cerró sus fronteras y los/as migrantes quedaron varados/as en la franja entre ambos estados. Al igual que hizo Chile el año anterior, Perú declara el estado de excepción y envía militares a la frontera para “controlar” la situación (Alcalde, 2023). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos definió la situación como emergencia humanitaria (Alcalde, 2023): “[la CIDH] expresó preocupación por la situación en la frontera entre Arica y Tacna, donde se observan personas migrantes “con riesgos de protección y conflictos con autoridades policiales” y urgió a los Estados “garantizar y coordinar” asistencia humanitaria”.
El otro caso que llama la atención es el muro construido en la zona de ingreso al puente (del lado argentino) entre Posadas (Misiones, Argentina) y Encarnación (Paraguay). Aquí existe una profunda, tradicional y activa vida transfronteriza, y además deben señalarse los múltiples lazos bilaterales y la pertenencia conjunta a Mercosur. Bajo la supuesta necesidad de un muro para controlar las migraciones irregulares y el narcotráfico en 2015 el gobierno provincial, con acuerdo del gobierno nacional argentino y por intermedio de la empresa binacional Yacyretá, construye un muro de 5 metros de altura y 1 kilómetro y medio de largo, sobre el río Paraná y que rodea las áreas de aduana y migraciones (Marty, 2015. De Marchi Moyano y AlvitesBaiadera, 2022). Las movilizaciones sociales y de organizaciones de trabajadores de ambos países lograron que una parte de ese muro fuera derribado en 2017, pero no fue eliminado en su totalidad. (Lo Duca, 2019).
En ambas regiones fronterizas mencionadas de AS lo que se observa es la reproducción de medidas prohibitivas y seguritarias para la circulación por las fronteras, en nombre de la necesidad de enfrentar amenazas transnacionales, mediante una serie de dispositivos biopolíticos.
El trato deshumanizado que se otorga a personas migrantes provenientes de la región (incluidas/os niñas/os) revela la extensión del modelo hegemónico para la gestión de las fronteras promovido por el campo transnacional de profesionales de la (in)seguridad, aún en regiones pacíficas, con altos niveles de concertación y cooperación como Suramérica, la respuesta al aumento de las movilidades es la seguritización, la militarización y el abandono de las personas en condiciones de riesgo para sus vidas. La geografía de alta montaña y desierto hace de la franja fronteriza peruano-chilena un espacio de riesgo para circular sin resguardo. Esto permite reconocer dispositivos tanatopolíticos para el trato a las personas movilizadas indocumentadas (con la posibilidad explícita de “dejar morir”).
En la Triple Frontera Argentina-Brasil-Paraguay, el primero de los tres países cuenta con centros de detención, se denominan Centros No Penitenciarios de la Frontera Norte (bajo la órbita de las fuerzas de seguridad especiales: Gendarmería y Policía Aeroportuaria), que no entran en la regulación normativa sobre condiciones de reclusión, y cuyos detenidos/as quedan situados/as en una abertura anómica, en un espacio de excepción, sin resolución judicial respecto a su condición. Se trata de personas extranjeras que quedan retenidas por condiciones irregulares de ingreso, no por cometer delitos. De acuerdo con el Informe Anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación:
El marco jurídico establecido por la Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871 y su Decreto Reglamentario Nº 616/2010, habilitan a la Dirección Nacional de Migraciones a solicitar a la autoridad judicial competente que ordene la retención de una persona extranjera en el marco de un procedimiento administrativo de expulsión. El término utilizado por la ley es retención, como eufemismo de detención, y las causales que la habilitan se vinculan con infracción administrativa a las condiciones de ingreso y permanencia en el territorio nacional (p. 131).
Por último, es preciso mencionar la inserción en AS de la confianza en las tecnologías digitales para la gestión de las fronteras y la concentración de funciones en el estado central para el control fronterizo. Desde la pandemia, Argentina y Uruguay han centralizado las funciones de seguridad fronteriza. Bajo dependencia del Ministerio de Seguridad, en 2020 el gobierno argentino crea la Dirección Nacional para el Control de Fronteras e Hidrovías, también cuenta con un Sistema de Vigilancia Integrada de Fronteras (SIFA), creado en 2019 con la incorporación de una serie de tecnologías (sensores, drones, etc.) en nombre de la seguridad frente a delitos complejos.
Uruguay mantiene bajo la órbita del Ministerio del Interior toda cuestión policial, y para el control de fronteras colabora con el Ministerio de Defensa (principalmente para la vigilancia de vías fluviales y marítimas). En pandemia instituye la figura de Coordinador de Cruce de Fronteras, dentro de la Dirección Nacional de Migraciones.
Por último, Brasil es el país que lleva más tiempo invirtiendo en tecnologías para el control de fronteras, desde 2008 posee un Sistema Integrado de Monitoreo de las Fronteras Terrestres (SISFRON), en 2016 establece el Programa Integrado de Protección Fronteriza y, en plena pandemia, en 2020 comienza la búsqueda por renovar el SISFRON para implementar su Fase 2, que se anuncia en 2022 mediante acuerdos internacionales (Marques Nunes, 2018).
