APROXIMACIONES TEÓRICO-CONCEPTUALES
Con el fin de exponer las estructuras de poder que subyacen en la triple relación (capital criminal, gubernamentalidad necroliberal y derechos humanos) dentro de un análisis que integra la economía, la política y la justicia en el marco del desarrollo y la transformación del modo de producción capitalista, es la teoría crítica el principal enfoque teórico. Para la economía política marxista, el capital es una relación social de producción que por medio de la explotación del trabajo vivo genera una ganancia que se incrementa y acumula constantemente. Esta relación social puede ser de carácter formal y legal o informal e ilegal, cuando sus actividades son exclusivamente ilegales lo convierten en capital criminal.
Integran las operaciones de la economía criminal: el capital productivo en el proceso directo de producción de las mercancías, el capital comercial en la distribución y comercialización de estas, y el capital financiero en el lavado de dinero para reinsertarlo en la economía formal. "En el sistema mundial capitalista, la economía criminal es uno de sus engranajes, no es un ámbito separado, marginal o anómalo, es consustancial a la lógica de valorización del capital, que no tiene reparos éticos, legales o civilizatorios" (Márquez, 2020, p. 12). La economía del narcotráfico es una de las ramas más importantes del capital criminal (Gómez, 2018, p. 302), cuyas prácticas de corrupción y violencia consolidan el poder de clase del narco-capitalismo que involucra: industrias, financieras, representantes políticos del Estado y GDO, en articulaciones nacionales e internacionales.
El narcotráfico atraviesa los núcleos duros del funcionamiento del sistema capitalista mundial, a partir de una estructura económica y política expansiva que traspasa fronteras nacionales y fortalece su participación en la dinámica de acumulación global. Este gran dinamismo le permite hacer "...partícipe su capital criminal de otros capitales considerados lícitos lo que implica una hibridación entre lo legal y lo ilegal" (Vázquez, 2018, p. 106). Así también, el narcotráfico se vertebra con otras economías ilegales como el tráfico de personas, el tráfico de armas, secuestro, extorsiones, minería ilegal, etc., generando un grupo empresarial con una matriz y sus filiales. De esta forma, además de la ganancia absoluta, y relativa, el capital criminal consigue una ganancia extraordinaria que lo está convirtiendo en un motor de la economía internacional.
Desde la misma línea de argumentación, en el campo de lo político, este artículo toma como conceptos de su análisis: la soberanía, la necropolítica y el necropoder trabajados por Achilles Mbembe. A partir de estos conceptos se articula el concepto de gubernamentalidad necroliberal. "La soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Hacer morir o dejar vivir constituyen, por lo tanto, los límites de la soberanía, sus principales atributos" (Mbembe, 2011, p. 19-20). La soberanía, entonces, es la capacidad del Estado -o de un grupo de poder dentro del Estado, en alianza con él o fuera de él- "...para definir quién tiene importancia y quién no la tiene, quién está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no" (Mbembe, p. 46).
La necropolítica: "...da cuenta de la forma en que la política hace hoy del asesinato de su enemigo su objetivo primero y absoluto, con el pretexto de la guerra, de la resistencia o de la lucha contra el terror" (Mbembe, 2011, p. 20). El necropoder, que la acompaña, es aquel capaz de producir y administrar la muerte, a la cual la usa como herramienta política para mantener la dominación. No solo se trata de matar físicamente, sino de someter a poblaciones a condiciones de existencia precarias (hambre, falta de derechos, desplazamiento forzado), donde la muerte es una amenaza constante.
"Por 'gubernamentalidad' entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad." (Foucault, 1977-1978, p. 136)
La gubernamentalidad liberal hace referencia a un tipo específico de ejercicio de la soberanía política, el poder basado en el régimen de vedad económica que acompaña el desarrollo del capitalismo en sus distintas formas históricas. Del neoliberalismo, que transformó el trabajo en capital humano y convirtió a los trabajadores en emprendedores capaces de administrar su propia explotación, el siglo XXI transita al necroliberalismo que transforma al trabajador en residuo humano, peso muerto del capital, capaz de gestionar su propio sacrificio, su propia muerte. Esta gubernamentalidad se caracteriza por el desprecio total a la vida en función del mantenimiento del orden económico y político vigente, expresa la soberanía como poder y capacidad de decidir quién vive y quién muere. En conclusión, la soberanía de la gubernamentalidad necroliberal se basa en el derecho de matar.
Para la teoría crítica y contextualizada, los derechos humanos son productos culturales: "...dinámicas y luchas históricas resultado de resistencias contra la violencia que las diferentes manifestaciones del poder del capital han ejercido contra los individuos y los colectivos" (Herrera, 2005, p.219). Procesos en permanente construcción y reconstrucción impulsados en la lucha por la dignidad humana en un contexto histórico concreto de emergencia, desarrollo y transformación de las relaciones sociales capitalistas. Los derechos y los entornos de relaciones se transforman permanentemente en dependencia de los cambios sociales, políticos, jurídicos y económicos que configuran los tramas en que tiene lugar la lucha por la dignidad humana. Los derechos humanos son procesos históricos que: "constituyen la afirmación de la lucha del ser humano por ver cumplimentados sus deseos y necesidades en los contextos vitales en que está situado" (Herrera, 2008, p.14).
La lógica del necropoder busca expulsar, dejar morir o asesinar a una parte de la población que considera excedente, lo cual pone en duda la premisa de que todo ser humano tiene derechos por el solo hecho de existir. La idea esencialista de los derechos humanos no alcanza para captar la radicalidad de la lucha por su garantía, antes y después de su reconocimiento jurídico. El estudio que se presenta, por lo tanto, está inserto en los conflictos y las prácticas sociales que surgen en las luchas por la dignidad en contextos que exigen asumir compromisos y responsabilidad por el derecho a vivir y por el derecho a tener derechos. El compromiso se sitúa en la lucha social en su nivel de defensa práctica y discursiva por el derecho a la vida, esta última disputa el fortalecimiento de: "...la llamada imaginación utópica y de la producción de sentidos emancipatorios" (Herrera, 2008, p.133).
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS RESULTADOS
"Las masacres carcelarias en las prisiones fueron una de las primeras expresiones de la crisis de seguridad que Ecuador vive desde inicios de 2021. El 23 de febrero de este año, 79 personas fueron asesinadas en cuatro cárceles del país durante un motín múltiple. El origen de esa masacre fue la disputa entre bandas narcodelictivas. En ese momento, empezó una guerra por tomar el mando del mundo criminal..." (Primicias, 2022)
Detrás de lo visible de la "violencia subjetiva e irracional" se encuentra la "violencia objetiva" (Žižek, 2009, p. 22), inherente al capitalismo y su enloquecida, imparable y autoestimulante circulación y acumulación de capital, exacerbada en su fase criminal. Los grandes GDO ejecutores de esta violencia están articulados al negocio del narcotráfico, que hoy es una economía en ascenso en el capitalismo global y nuclear en el Ecuador. Al país ingresan, aproximadamente, 3500 millones de dólares anuales, 800 se destinan a la reproducción del nuevo ciclo económico y 2700 se lavan a través del sistema financiero y productivo nacional, cuyo porcentaje está entre el 2% y 5% del PIB anual. Si el Ecuador proyecta un crecimiento legal menor al 2% y el lavado de dinero es de uno a dos puntos porcentuales más, se infiere que el narcotráfico es un puntal fundamental en la economía nacional (CELAG, 2023).
La violencia desatada por los GDO vinculados al narcotráfico es inseparable de las operaciones del capital criminal, que para reproducirse rompe límites jurídicos, políticos, éticos o culturales. La producción de valor de la mercancía ilícita se encuentra en un ejército de seres humanos empobrecidos que son convertidos en mano de obra forzada, a veces esclava, carente de derechos y lanzada a la muerte en medio de la guerra de los cárteles por rutas de circulación y mercados.
Este capital muestra un desprecio total por la vida de los trabajadores, cuya oferta crece por los niveles progresivos de desempleo estructural de la economía formal y legal. La historia del capitalismo nos enseña que en su expansión ha tolerado ilegalidades de todo tipo, ha eludido los controles estatales y ha cometido muchos crímenes para acrecentar sus ganancias. La violencia subjetiva del narcotráfico es parte de la historia de la violencia objetiva del capitalismo, es la forma propia de operar del capital criminal que constituye un elemento orgánico y cuantitativamente significativo de la economía del mundo (Illades, 2024).
El Plan Colombia internacionaliza el ciclo económico del narcotráfico que da lugar a una división internacional y territorial del delito. Hay unas organizaciones que cultivan, otras que producen, otras que trasladan, otras que introducen en los mercados, otras que venden y otras que lavan (Carrión, 2024). En ese contexto, el Ecuador se convierte en un sitio estratégico para el narcotráfico: 1. Se encuentra entre los dos países productores (Colombia y Perú) y tiene salida a dos cuencas de distribución (la del Pacífico y del Amazonas). 2. Es un país polarizado que lo convierte en un lugar donde se vuelve fácil lavar dinero. 3. Su institucionalidad estatal débil beneficia los negocios ilícitos. Todo esto lo convierte en una plataforma internacional del delito en la que operan empresas criminales transnacionales articuladas a la red global del capital criminal, que con sus sistemas de nodos y redes conecta territorios lejanos y distintos sectores de la economía mundial.
La crisis del precio de los commodities en 2014 y de la pandemia en 2020 agudizaron los niveles de pobreza y lanzaron al empleo informal y al desempleo a más del 60% de la población económicamente activa; la descomposición acelerada de la institucionalidad a partir del 2017, sobre todo, la de los aparatos de control y seguridad del Estado; el aumento exponencial de cocaína en Colombia de 1200 toneladas en 2018, a 1738 toneladas en 2022 para ser movida por Ecuador a un costo de 800.000 dólares, la mitad de lo que cuesta por Colombia; llevó al país a ser uno de los principales puntos de embarque para el tráfico global de cocaína (InsightCrime, 2023).
Todo esto explica por qué el Ecuador: "...se ha convertido en un país que ocupa un puesto privilegiado en la cadena de valor del narcotráfico, al incrementar exponencialmente su participación en la producción, el refinamiento, el almacenamiento y el transporte de drogas ilícitas" (Rivera-Rhon & Bravo-Grifalba, 2020, p. 10).
En el Ecuador existe alrededor de 50000 trabajadores directos de los GDO, dato que indica que el capital criminal ofrece empleo a grandes sectores de la población.
Los hechos y datos expuestos revelan que el narcotráfico en el Ecuador es parte de la red global del capital criminal y no una economía marginal y local. Este negocio multimillonario integra de manera eficiente los planos local, regional, nacional y mundial de la producción y consumo de mercancías (Illades, 2024). Desde los miles de niños y jóvenes de la costa ecuatoriana -trabajadores asalariados de los GDO nacionales- hasta los consumidores de Estados Unidos, Europa y Brasil, el proceso está totalmente articulado y regulado por medio de la coacción y la violencia.
Se trata de uno de los capitales más exitosos de la globalización, cuyo flujo de ganancia corre por las redes financieras internacionales y a nivel nacional se filtra a todos los sectores económicos: construcción, bancos, cooperativas, equipos de futbol, exportaciones, etc. En otras palabras, la economía nacional depende de la economía del narcotráfico. Finalmente, el análisis expuesto hace suponer que, en el siglo XXI, el capital criminal del narcotráfico se transforma en uno de los capitales dominantes de la economía ecuatoriana.
Como respuesta al ascenso de la violencia criminal del narcotráfico, el presidente Noboa firma el Decreto 111, que en su artículo 1. "Reconoce la existencia de un conflicto armado interno" (Decreto Presidencial, 2024), dispone la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional y los actores no estatales beligerantes. Se identifica 22 grupos criminales como organizaciones terroristas de amenaza interna. El decreto "...presenta un retorno a la noción de enemigo de la sociedad, frente al cual 'debe aplicarse una solución rápida que conjure dicho riesgo antes de que ocurra la catástrofe'" (González Mongui, & Carvajal Martínez, 2023, p. 206). De esta manera, la guerra contra el narcoterrorismo afirma jurídicamente, con consenso social, la implementación de una política gubernamental que limita derechos humanos fundamentales.
En los tres primeros meses, desde la declaratoria del CANI, se ejecutaron más de 272 mil operaciones militares, solo 260 contra grupos terroristas; más de 18 mil detenidos, solo 300 de ellos por presunto terrorismo; alrededor de 14 personas abatidas (Primicias, 2024). La intervención de las FF. AA. se da principalmente en las cárceles, en las ciudades y en los barrios más empobrecidos y violentos del país donde operan los GDO. No solo se militariza la seguridad, sino y principalmente la sociedad. "Las escenas se repiten: fusiles apuntan a los rostros de adolescentes, jóvenes y hombres adultos —decenas son afrodescendientes—, detenidos por policías y militares en varias zonas conflictivas en Ecuador como Esmeraldas, Manabí, Guayas" (Noroña, 2024).
Las masacres carcelarias, permitidas por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI); los asesinatos diarios en las calles protagonizados por los GDO; las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los militares a partir del Decreto 111, son signos de la implementación de una política gubernamental que: "...hace del asesinato de su enemigo su objetivo primero y absoluto con el pretexto de la guerra, de la resistencia o de la lucha contra el terror" (Mbembe, 2011, p. 20).
Una necropolítica ejecutada por el Gobierno legal y por los gobiernos ilegales que operan en los territorios dominados por el narcotráfico. El enemigo de esta guerra no es la narcoempresa nacional, ni las grandes estructuras del crimen organizado, que no han sido afectadas, sino: "...estructuras pandilleras que operan en los territorios más violentos del país, donde jóvenes ejecutaban delitos como sicariato o extorsión" (Noroña, 2024), organizaciones delincuenciales pequeñas o simplemente jóvenes empobrecidos y racializados signados como terroristas. "Después de todo, la guerra también es un medio de establecer la soberanía, tanto como un modo de ejercer el derecho a dar la muerte" (Mbembe, 2011, p. 20).
El Estado, con sus aparatos armados, y los GDO implementan un tipo de gubernamentalidad basada en el derecho de matar, en un contexto de avance del capital criminal, de declaración de guerra y de estado de excepción. Las Fuerzas Armadas y la Policía nacional están autorizadas a utilizar armas letales contra los grupos terroristas con la promesa de impunidad. Explica Edward Pérez: "...la experiencia en América Latina nos muestra que el problema es que bajo estos estados de excepción se tienden a esconder atrocidades que luego se mantienen durante décadas en la impunidad y la oscuridad". (Pérez, 2024). De hecho, la presencia del narcotráfico en las Fuerzas Armadas, la Policía y el sistema nacional de justicia abre una zona gris donde es difícil identificar los límites entre el Estado y los GDO (El Comercio, 2024).
"La fiscalía general del Estado investiga el presunto cometimiento del delito por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos, en el otorgamiento –ilegítimo– de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad" (Fiscalía, 2024). Hay muchas más denuncias de la presencia de intereses del narcotráfico en la estructura estatal que involucra a políticos, altos funcionarios del Estado como lo indica el caso "León de Troya" (Fiscalía, 2023). Al igual que en otros países de la región: "El mecanismo que ha empleado el narcotráfico para incidir en las entidades públicas está vinculado a las debilidades de cada una de las instituciones públicas". (Sierra & Bermúdez, 2021, p. 287).
El nivel de penetración del narcotráfico en la estructura del Estado ecuatoriano hace pensar en la formación de un narcoestado. Las operaciones económicas delictivas del capital criminal influyen con poder, dinero y amenazas las decisiones de estado o, definitivamente, están dirigidas de manera encubierta por funcionarios estatales que son parte de las estructuras criminales. Si esta tesis es cierta, es el narcoestado el que tiene el poder de administrar la muerte a través de una articulación de hecho, aunque no de derecho, del poder militar y policial con lo GDO que actúan como estructuras militares del narcotráfico. Es el narcoestado el que tiene: "...la capacidad de definir quién tiene importancia y quién no la tiene, quién está desprovisto de valor y quién puede ser fácilmente sustituible y quién no" (Mbembe, 2011, 45-46).
A la gubernamentalidad que tiene por blanco principal decidir quién debe morir, en base al saber de la economía política del narcotráfico, y por instrumentos técnico esencial los dispositivos de violencia criminal, la llamo necroliberal. El poder de matar que tiene el narcoestado es lo que le permite, a sus jefes, afirmarse como hombres de gobierno capaces de imponer a la población un modo de proceder necrótico. De la gubernamentalidad liberal que consume y administra la libertad del intercambio se pasó a la gubernamentalidad neoliberal que consume y administra la competencia desigual, para hoy transitar a la gubernamentalidad necroliberal que consume y administra la muerte. De la fobia liberal al Estado se pasa al Estado bajo vigilancia permanente del mercado y, de allí, a la filia narcoestatal a la muerte. El necroliberalismo es una ideología de gobierno que combina el autoritarismo con la tolerancia a la humillación, la tortura y la muerte.
En el contexto de formación del narcoestado ecuatoriano, el Decreto 111 da paso a la implementación jurídica de la gubernamentalidad necroliberal que pone a operar un conjunto de procedimientos y dispositivos de extrema violencia estatal en sintonía con la violencia de los GDO. Se declara la guerra a los jóvenes más empobrecidos, se encuentren o no integrados a las bandas criminales.
Muestra de esta violencia gubernamental son: "La muerte de Javier, el joven que iba a vender un perro y acabó acribillado en un retén militar de Ecuador" (El País, 2024). La detención arbitraria de Raúl, un joven afroecuatoriano de 18 años que "NO tenía antecedentes penales, NO cometió un delito" (Justicia en Cárceles, 2024). El caso de Jonathan que: "Lo secuestraron a las 10 am, estaba en su casa, le dieron una golpiza criminal. Se lo llevaron ya reventado a puñetes y lo siguieron torturando hasta matarlo" (Granja, 2024). Y el caso más conocido, la desaparición forzada con desenlace de asesinato e incineración de los 4 jóvenes de Guayaquil a manos de militares. La gubernamentalidad necroliberal, ejecutado tanto por los aparatos de seguridad del Estado cuanto, por los GDO, somete la vida al poder de la muerte.
El necroliberalismo se configura mediante el primado autoritario y genocida del mercado sobre la democracia y los derechos humanos, sostenido bajo una amenaza de extinción permanente (Viejo, 2022). Para esto se establece una serie de dispositivos disciplinares que destruyen la dignidad de los seres humanos mediante la violencia ideológica que propagandiza el desprecio a la vida de la población empobrecida y racializada, donde se encuentra la inmensa masa de trabajadores del capital criminal convertidos en población sacrificable. Personas sometidas a la violencia del narcoestado que les persigue, criminaliza, humilla, apresa, tortura y mata en las cárceles, los barrios populares y las calles. Las características culturales y sociales de la población objetivo son convertidas en signos de criminalidad y violencia. Así se regula y distribuye la muerte, haciendo posibles las funciones mortíferas del narcoestado.
El necroliberalismo suspende en los hechos la universalidad de los derechos humanos. Hay humanos que importan y otros no, unos que tienen permiso para vivir y otros que no. La población residual, peso muerto del capital, violentamente incorporada a la producción del capital criminal es una población destinada al exterminio. En el ciclo productivo del capital criminal, los medios de producción son ilegales, la mano de obra es delincuencial, la mercancía lleva en sí misma el signo de la muerte (drogas, órganos, tráfico de personas, armas, etc.) y el consumo es delito.
Este proceso funciona violando en cada momento los derechos humanos de las personas involucradas en él mismo, fundamentalmente el derecho a la vida, por lo tanto, su garantía se vuelve absolutamente disfuncional a la acumulación de capital criminal. Los negocios criminales requieren establecer en la población general un tipo de subjetividad adversa a la lucha por la dignidad. Para esto, por ejemplo, se propagandiza por videos las humillaciones y torturas que los militares cometen en contra de jóvenes y niños empobrecidos acusados de terroristas. Propaganda que deja claro que la violación de derechos humanos perpetrada por los militares contra la población criminalizada debe ser aceptada, como se puede ver en la siguiente denuncia:
"Señores y señoras jueces de la @CorteConstEcu, aquí unas imágenes de niños que están siendo tratados como terroristas, (sin sentencia que así lo determine), quienes reciben tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Esto para cuando analicen, valoren y califiquen el Decreto 111, que ojalá sea pronto, porque resulta que son los niños y los jóvenes empobrecidos y racializados del país, quienes están poniendo el cuerpo a la violencia y al conflicto armado interno, sean o no parte de las bandas delincuenciales." (Martínez, 2024).
El necroliberalismo niega "...la dignidad humana como factor esencial intrínseco y del respeto al otro por el hecho de ser mi igual, sin hacer juicios de valor que lo califiquen como seudo-humano" (Galán, 2016, p. 33). La vida del otro y la propia pierde valor o se lo mantiene en niveles mínimos, fenómeno que se manifiesta en la expansión de la práctica criminal del sicariato. En Ecuador este negocio ha quitado la vida a muchos jóvenes integrantes de las bandas y ha alcanzado a alcaldes, jueces, fiscales e incluso a un candidato presidencial. El asesinato a tiros del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio ha sacudido Ecuador en plena campaña electoral, es la manifestación de la devaluación de la vida (El País, 2023). Cualquier vida incómoda e innecesaria es una vida sacrificable.
Los sicarios empiezan su actividad delictiva en la pubertad y por lo general mueren asesinados muy jóvenes. Ellos son el signo de desprecio a la vida que promueve el capital criminal, son los que ejecuta el poder de matar por lo cual adquieren valor en el mercado del crimen. El narcostado y su gubernamentalidad necroliberal interviene sobre la sociedad misma para mercantilizarla e integrarla a los mecanismos de la muerte: adicciones, secuestros, minería ilegal, migración forzada, sicariato, extorsiones, etc.
"El enfrentamiento del terrorismo ha puesto en la balanza un supuesto enfrentamiento entre la seguridad humana que como derecho fundamental tienen las comunidades y la libertad frente a la supuesta necesidad de restringir los derechos humanos. El terrorismo es pretexto para que se legisle en contravía de los derechos humanos." (González Mongui, & Carvajal Martínez, 2023, p. 206).
Para restringir derechos humanos se pone en marcha una propaganda ideológica agresiva que los deslegitima en el seno de la sociedad, con el objetivo de hacer que la población acepte la muerte de los otros, narcoterroristas, y renuncien a muchos derechos en nombre de la seguridad y el combate al narcotráfico, el mismo que se centra en las poblaciones empobrecida, racializada y encarceladas. En el contexto del incremento de la violencia, los grandes medios de comunicación, formadores de opinión y troles en redes sociales se dedican a atacar a las organizaciones de derechos humanos, acusándolas de ser defensores de delincuentes. Por ejemplo, sostienen que: "La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que los delincuentes que matan roban y están presos en una cárcel tienen los mismos derechos que las personas que no lo hacen y están libres" (Calderón, 2024).
Esta campaña en contra de los derechos humanos se agudizó en torno a la Consulta popular del 21 de abril del 2024, cuyos resultados mostraron un apoyo mayoritario de la población a todas las medidas de seguridad que abrió paso a la formación de un estado de militarización permanente en el Ecuador. Es común leer opiniones en redes sociales como esta: "...gracias a Dios más del 80% de los ecuatorianos apoyamos a las fuerzas armadas, si tienen que poner orden de la forma que sea que lo hagan! No tengan miedo" (Cruz, 2024) Un número importante de opiniones en redes apoyan que se torture o asesine a los delincuentes, incluidos niños y adolescentes que fueron detenidos en el marco de la declaratoria del CANI. La intervención ideológica es una técnica gubernamental que busca consenso en la sociedad para que esta acepte sacrificar y ser sacrificada.
"¡¡Urgente!! ¡¡Solo el pueblo salva al pueblo!! En Imbabura un delincuente fue quemado vivo por moradores del sector, fue capturado mientras estaba robando en los interiores de una hacienda en San Rafael. Esta vez no hubo perdón. ¿Qué opinan de este tipo de justicia?" (Calderón, 2024)