NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD HUMANA EN EL SIGLO XXI: APROXIMACIONES MULTIDIMENSIONALES Y PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS

El siglo XXI ha transformado las nociones tradicionales de seguridad. El paradigma centrado en la defensa estatal frente a amenazas militares ha cedido progresivamente ante enfoques centrados en las personas, sus derechos y condiciones de vida. Esta transformación no obedece únicamente a un ajuste terminológico, sino a la necesidad urgente de respuestas más integrales ante amenazas complejas. La seguridad humana, formulada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante PNUD) (1994), propone una mirada multidimensional anclada en la prevención, la dignidad y la agencia de los individuos y comunidades, que enfatiza la protección integral de las personas ante amenazas múltiples y simultáneas.

En América Latina, y especialmente en Ecuador, estas amenazas se entrecruzan con violencia estructural, exclusión social y debilitamiento institucional, configurando entornos de inseguridad persistente (Sanahuja & Mila-Maldonado, 2024). Con una tasa de homicidios de 38,8 por cada 100.000 habitantes en 2024, Ecuador se ha convertido en el país más violento de la región (El País, 2025; InSight Crime, 2025), lo que evidencia el agotamiento del enfoque securitario clásico.

Este estudio propone analizar estas amenazas desde una perspectiva multidimensional, evaluando su impacto en las dimensiones económica, social, política y ambiental, así como las respuestas institucionales desplegadas. Desde esta perspectiva, el objetivo general de este estudio es analizar las nuevas amenazas a la seguridad humana en Ecuador desde un enfoque multidimensional. Se plantean cuatro objetivos específicos: (1) examinar la evolución conceptual de la seguridad humana y su aplicabilidad en América Latina; (2) identificar las principales amenazas contemporáneas que enfrenta el país; (3) analizar los impactos de estas amenazas en las dimensiones económica, social, política y ambiental; y (4) evaluar las respuestas institucionales y los mecanismos de cooperación internacional orientados a enfrentar estos desafíos.

Metodológicamente, se trata de una investigación cualitativa sustentada en una revisión documental sistemática de fuentes secundarias publicadas entre 2015 y 2025. El artículo se estructura en seis secciones: marco teórico, metodología, análisis de amenazas, discusión sobre políticas públicas, y conclusiones con recomendaciones estratégicas.

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y RELEVANCIA ACTUAL DE LA SEGURIDAD HUMANA

Comprender las nuevas amenazas a la seguridad humana en América Latina exige revisar críticamente los pilares conceptuales, la evolución histórica del enfoque y su resignificación en contextos específicos. La noción de seguridad humana surge como respuesta a las limitaciones del paradigma clásico centrado en el Estado y la defensa militar, enfocado exclusivamente en amenazas externas y conflictos armados, insuficiente para abordar los riesgos contemporáneos. Lejos de tratarse de una categoría estática, la seguridad humana ha ido ampliando sus contornos teóricos a partir de realidades marcadas por la interdependencia global, las asimetrías estructurales y los efectos concretos de la inseguridad sobre las personas y comunidades.

El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (1994) constituye el punto de partida más reconocido del concepto. Este informe propone situar a las personas —y no a los Estados— en el centro del análisis y la protección, desplazando la atención desde amenazas externas y armadas hacia riesgos cotidianos como la pobreza, la exclusión o la represión política. El enfoque se articula en torno a siete dimensiones interrelacionadas: seguridad económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, comunitaria y política.

Esta arquitectura multidimensional propuesta por el PNUD mostró que la inseguridad no es una excepción, sino una condición estructural derivada de múltiples vulnerabilidades sistémicas (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007). En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas (mediante la Resolución 66/290) consolidó esta perspectiva, definiendo la seguridad humana como un enfoque centrado en las personas, adaptado a los contextos y orientado a la prevención, que integra paz, desarrollo y derechos humanos (Asamblea General de Naciones Unidas, 2012).

Autores clave en el campo de los estudios de seguridad han contribuido a ampliar los fundamentos del enfoque de seguridad humana. Johan Galtung, al introducir el concepto de violencia estructural, sentó las bases para comprender que las amenazas a la seguridad no se reducen a actos de violencia directa, sino que también se manifiestan en estructuras sociales que generan pobreza, exclusión y desigualdad sistemática. En esta línea, el enfoque de seguridad humana retoma dicha perspectiva al considerar que la inseguridad puede derivarse de factores económicos, sociales o políticos naturalizados en el orden institucional (Galtung, 1969).

Por su parte, Barry Buzan y la Escuela de Copenhague aportaron el concepto de securitización, al señalar que las amenazas no son objetivas per se, sino construidas socialmente a través de discursos políticos que legitiman medidas extraordinarias (Buzan, 1991). Esta visión crítica resulta esencial para comprender cómo, en América Latina, ciertos problemas como la migración o la criminalidad han sido securitizados, desplazando respuestas centradas en los derechos humanos por otras basadas en la coerción. Ambos enfoques permiten trascender una visión reduccionista de la seguridad y nutren la perspectiva multidimensional que plantea la seguridad humana.

Los informes recientes del PNUD (2022, 2024) alertan sobre una "paradoja del progreso": pese al desarrollo económico en muchos países, la percepción de inseguridad y la vulnerabilidad emocional se han intensificado. Este fenómeno evidencia la necesidad de replantear el contrato social desde una perspectiva centrada en la protección integral de las personas.

VISIONES Y DEBATES: ENFOQUE AMPLIO VS. RESTRINGIDO

El debate sobre la seguridad humana ha girado en torno a dos visiones predominantes. La visión amplia (freedom from want) promueve un concepto holístico que incorpora dimensiones socioeconómicas, ambientales y culturales del bienestar humano, adoptada por Japón y respaldada por el PNUD. Desde esta perspectiva, las amenazas incluyen no solo la violencia física, sino también la pobreza, las enfermedades, el deterioro ambiental y otras formas de vulnerabilidad (Alkire, 2004). En contraste, la visión restringida (freedom from fear), promovida por Canadá, se enfoca en la protección frente a amenazas directas como los conflictos armados, el genocidio o el terrorismo (Bajpai, 2000).

Los críticos de la visión amplia argumentan que su extensión conceptual dificulta su operativización y medición, pero enfoques integradores como el de la Comisión de Seguridad Humana (2003) han buscado articular protección y empoderamiento. Esta formulación sostiene que los Estados deben garantizar condiciones que permitan a las personas desarrollar sus capacidades en contextos de paz y libertad, y que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar cuando los Estados no cumplen esa función (ICISS, 2001).

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA Y APORTES RECIENTES

En América Latina, el enfoque de seguridad humana ha sido adaptado a contextos de inseguridad cotidiana, marcados no por guerras interestatales, sino por conflictos internos vinculados al crimen organizado, la violencia urbana, la exclusión estructural y la degradación ambiental. Esta adaptación ha dado lugar al enfoque de "seguridad ciudadana", centrado en el control del delito y la protección de las personas, pero con frecuencia limitado para abordar las causas estructurales de la violencia (Sorj, 2005). Así, dimensiones como la seguridad ambiental, sanitaria o económica han quedado rezagadas frente al enfoque punitivo.

Según el Real Instituto Elcano (Malamud & Núñez, 2024), aunque América Latina alberga solo el 8% de la población mundial, concentra cerca del 30% de los homicidios globales, la mayoría relacionados con el crimen organizado. Además, el 76% de los ciudadanos teme ser víctima de un delito, incluso en países con tasas de homicidio relativamente bajas (Latinobarómetro, 2024). Estas cifras reflejan una percepción generalizada de desprotección, que exige políticas territorializadas, culturalmente sensibles y construidas desde las realidades locales. La seguridad humana, en este contexto, requiere reconocer la intersección entre violencia directa, desigualdad estructural y debilidad institucional.

A diferencia de modelos universales o tecnocráticos, las políticas de seguridad deben ser territorializadas y culturalmente adaptadas, incorporando la voz de actores locales y de poblaciones históricamente excluidas. A nivel regional, la Declaración sobre Seguridad en las Américas (OEA, 2003) marcó un hito al incorporar un enfoque multidimensional, reconociendo amenazas no solo militares, sino también sociales, ambientales y económicas, como los desastres naturales, la corrupción, el narcotráfico y la migración forzada. Esta visión ha sido retomada en políticas que integran seguridad y desarrollo.

Desde el ámbito académico y técnico, se han realizado aportes fundamentales para analizar las particularidades de la región. Hurrell (1998) propuso entender América Latina como un espacio donde coexisten zonas de estabilidad con focos persistentes de alta conflictividad, desafiando la idea de una región homogéneamente pacífica y evidenciando los riesgos asociados a la exclusión y la debilidad institucional.

Más recientemente, investigaciones como las del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (en adelante OECO) (2023) advierten que Ecuador enfrenta amenazas simultáneas de origen interno y externo, en un entorno marcado por la fragmentación estatal y la expansión de economías ilícitas. Las disputas entre organizaciones criminales por el control de rutas y territorios han intensificado la violencia armada, generando impactos directos en la gobernabilidad y el tejido social. El informe subraya que el crimen organizado tiene efectos negativos en las dimensiones política, económica y social, profundizando la inseguridad.

En la misma línea, un estudio conjunto realizado por el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry, la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE y la Universidad Andina Simón Bolívar, estos dos últimos centros académicos ecuatorianos, documenta cómo el debilitamiento institucional interno en Ecuador se ve agravado por redes transnacionales de narcotráfico y capitales ilícitos (Rodríguez et al., 2024). Estos hallazgos refuerzan la idea de que la inseguridad en América Latina no puede comprenderse como un fenómeno aislado, sino como una manifestación de dinámicas interdependientes que articulan factores estructurales, geopolíticos y territoriales.

Una contribución clave desde América Latina ha sido la visibilización de experiencias de seguridad construida "desde abajo", donde comunidades locales, redes de mujeres, pueblos indígenas y organizaciones sociales despliegan prácticas de protección, resiliencia y cuidado colectivo ante el abandono estatal. Este protagonismo territorial y comunitario desafía las visiones verticales del concepto de seguridad (Gómez, 2012), y promueve la democratización de sus prácticas y discursos (PNUD Costa Rica & HDH, 2011).

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo, de tipo interpretativo-crítico, sustentado en un diseño documental. Su objetivo es analizar de forma sistemática y comprensiva las nuevas amenazas a la seguridad humana en el contexto latinoamericano, con especial atención al caso ecuatoriano. La elección metodológica responde al carácter multidimensional del objeto de estudio y a la necesidad de interpretar no solo los hechos empíricos, sino también los discursos y prácticas que los producen y legitiman.

La estrategia de análisis se estructuró en torno a tres ejes: (i) caracterización de las amenazas contemporáneas a la seguridad humana; (ii) identificación de las dimensiones afectadas a partir del marco del PNUD (1994); y (iii) análisis crítico de las respuestas institucionales. A través de estos ejes se buscó articular un enfoque multiescalar que permitiera situar lo nacional en diálogo con lo regional y global.

La selección de fuentes siguió criterios de pertinencia temática, actualidad (2015–2025) y diversidad institucional, priorizando literatura académica arbitrada, informes técnicos de organismos multilaterales (PNUD, CEPAL, ONU Mujeres, ACNUR), documentos gubernamentales y reportes especializados sobre seguridad humana. Se excluyeron materiales sin validación académica o institucional, así como aquellos con evidentes sesgos partidarios o falta de rigor conceptual.

El corpus documental fue sometido a un análisis categorial-temático, mediante un proceso de lectura hermenéutica orientado a identificar patrones de afectación, recurrencias narrativas y articulaciones entre amenazas y dimensiones de seguridad. Se aplicó una estrategia de triangulación interna, comparando evidencias y perspectivas de distintas fuentes sobre cada amenaza, lo que permitió una interpretación más robusta de los fenómenos abordados.

Esta metodología permitió analizar las amenazas no solo como eventos objetivos, sino también como construcciones sociales e institucionales que impactan diferencialmente según el grupo poblacional, el territorio y la respuesta estatal. En consonancia con los postulados del enfoque de seguridad humana, se privilegió una lectura contextualizada, centrada en las personas, y atenta a las intersecciones entre vulnerabilidad, poder y desigualdad estructural.

El entorno de seguridad en Ecuador ha experimentado una transformación profunda y acelerada. Las amenazas actuales no pueden explicarse únicamente desde factores delictivos o coyunturales; responden a dinámicas estructurales y transnacionales que interactúan de forma simultánea. Esta sección examina cinco amenazas prioritarias: crimen organizado transnacional, crisis climática, riesgos cibernéticos, migraciones forzadas y pandemias. Cada una de ellas afecta de forma diferenciada las dimensiones de la seguridad humana, generando efectos acumulativos.

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Ecuador registró en 2024 la mayor tasa de homicidios de América Latina (38,8 por cada 100.000 habitantes) (InSight Crime, 2025). Esta violencia responde a su rol en las vías del narcotráfico global, con Guayaquil como nodo logístico (Ayuso, 2024). Grupos como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones controlan territorios, extorsionan comunidades y operan desde un sistema penitenciario colapsado, con más de 400 muertes en cárceles entre 2021 y 2024 (Ayuso, 2024; USCRI, 2025).

CRISIS CLIMÁTICA Y VULNERABILIDAD AMBIENTAL

El cambio climático representa una amenaza estructural y transversal a la seguridad humana en Ecuador. Las inundaciones, sequías, deslizamientos y alteraciones de los ciclos de precipitación impactan directamente en la agricultura, el acceso al agua y la salud pública (Banco Mundial, 2021). La sequía de 2024, con apagones de hasta 14 horas diarias, reveló la dependencia crítica del país de la generación hidroeléctrica, afectando la producción, los servicios y la vida cotidiana en zonas urbanas y rurales. A esto se suma la deforestación, que afecta a más de 90.000 hectáreas anuales y amplifica la degradación de cuencas y la pérdida de biodiversidad (Serrano, 2022).

La deforestación y la minería ilegal no solo agravan el cambio climático, sino que aumentan la vulnerabilidad local a desastres naturales y pérdida de biodiversidad, afectando especialmente a comunidades indígenas. Además, la presencia del crimen organizado en actividades extractivas representa una amenaza tanto ecológica como cultural.

Además, la variabilidad climática y la degradación ambiental repercuten en la seguridad alimentaria, especialmente en zonas rurales e indígenas donde la agricultura de subsistencia es la principal fuente de sustento. Según datos de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) para el período septiembre 2024 - marzo 2025, la inseguridad alimentaria aguda afecta a provincias como Esmeraldas (25%) y Pastaza (23%), con un impacto importante en zonas rurales debido a la pérdida de empleo y aumento de precios de alimentos.

Provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos y Pichincha presentan grandes poblaciones afectadas, reflejando la precariedad económica y dificultades de acceso a alimentos en el país (CIF, 2024). Estos datos evidencian que el deterioro ambiental no solo es ecológico, sino también una amenaza directa a la nutrición y al desarrollo humano.

RIESGOS CIBERNÉTICOS Y DIGITALIZACIÓN INSEGURA

A medida que el país avanza en su digitalización, aumenta también su exposición a vulnerabilidades cibernéticas que pueden comprometer tanto infraestructuras críticas como información sensible de ciudadanos e instituciones. En 2019 ocurrió una masiva filtración de datos personales (Borner, 2019). En 2025, la Asamblea Nacional sufrió ciberataques que evidencian la fragilidad institucional y los riesgos para la seguridad nacional (Ecuavisa, 2025; El Universo, 2025). Estos eventos reflejan una tendencia preocupante: el incremento de ataques dirigidos contra instituciones gubernamentales, que pueden comprometer la seguridad nacional y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

MIGRACIONES FORZADAS

Ecuador ha pasado a ser uno de los principales países de acogida de población migrante en América Latina, recibiendo a más de 474.000 personas venezolanas (ACNUR, 2024). Esta situación ha generado tensiones en los servicios básicos, la infraestructura y el empleo, especialmente en ciudades como Quito, Guayaquil y Tulcán. Si bien la migración ha sido históricamente una estrategia de resiliencia, la llegada masiva y sostenida de población desplazada en contextos de precariedad estatal ha generado nuevas formas de exclusión, xenofobia y explotación laboral, afectando la seguridad humana tanto de migrantes como de comunidades receptoras. Además, la migración irregular está siendo cooptada por redes criminales.

Según Cruz et al. (2024), esto es un fenómeno complejo relacionado con aspectos económicos, sociales y de derechos humanos. Por esta razón, el autor enfatiza la importancia de adoptar un enfoque integral que combine medidas estrictas contra las redes de traficantes con políticas públicas que ofrezcan rutas seguras y legales para la migración. Esta situación evidencia cómo distintas amenazas a la seguridad humana pueden converger y potenciarse mutuamente.

PANDEMIAS Y CRISIS SANITARIAS

La pandemia de COVID-19 demostró la vulnerabilidad de Ecuador frente a emergencias sanitarias. Guayaquil fue epicentro de una de las crisis más dramáticas en la región, con un colapso del sistema sanitario y funerario. El impacto no fue únicamente epidemiológico, sino económico, social y político (Banco Central del Ecuador [BCE], 2021). La economía se contrajo un 7,8% en 2020; la pobreza y el empleo inadecuado se dispararon; y la confianza en las autoridades se erosionó. Además, el uso de tecnologías de vigilancia generó preocupaciones sobre la protección de derechos fundamentales (Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, 2020).

El riesgo de futuras pandemias—agravado por la deforestación, la urbanización descontrolada y el cambio climático—refuerza la necesidad de consolidar capacidades preventivas, sanitarias y comunitarias para proteger la seguridad humana. Las amenazas aquí descritas no operan de forma aislada, sino que inciden de manera transversal en múltiples dimensiones del bienestar humano.

Las amenazas que enfrenta Ecuador no son aisladas, sino que forman parte de un patrón regional de inseguridad multidimensional. Por ejemplo, países como México y Colombia también enfrentan altos niveles de violencia asociada al crimen organizado transnacional, con dinámicas similares de disputa territorial y cooptación institucional (Malamud & Núñez, 2024). En el caso de Honduras y El Salvador, la convergencia entre violencia, pobreza y migración forzada ha sido ampliamente documentada como un círculo vicioso que compromete la seguridad humana (PNUD, 2013).

Asimismo, el Perú experimenta efectos críticos del cambio climático sobre la agricultura familiar, especialmente en regiones altoandinas, generando impactos similares a los observados en la Sierra ecuatoriana. Estas comparaciones refuerzan la idea de que las amenazas a la seguridad humana en América Latina no responden solo a variables nacionales, sino a factores estructurales comunes como la desigualdad, la fragilidad institucional y la vulnerabilidad ambiental.

En síntesis, queda evidenciado que estas amenazas se interconectan y afectan simultáneamente la seguridad humana. Superarlas requiere enfoques integrales, multidimensionales y centrados en la dignidad humana. Esta comprensión es clave para avanzar hacia respuestas más eficaces e integrales.

Las amenazas contemporáneas a la seguridad humana en Ecuador afectan múltiples dimensiones del bienestar individual y colectivo, generando impactos sistémicos e interdependientes que se retroalimentan en ciclos de vulnerabilidad acumulativa. Las esferas económica, social, política y ambiental no pueden abordarse de manera aislada, pues su interacción amplifica las brechas estructurales, especialmente entre poblaciones históricamente excluidas.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

La dimensión económica se ve particularmente afectada por una convergencia de factores: el auge del crimen organizado, las crisis macroeconómicas recurrentes, el cambio climático y las consecuencias de pandemias recientes. Esto ha evidenciado y profundizado la fragilidad del modelo económico ecuatoriano. Según Carrillo et al. (2023), las economías criminales en Ecuador generan cerca de 10.000 millones de dólares anuales lo que representa un peso equivalente al 8-15% del PIB, en línea con estimaciones globales del Foro Económico Mundial (Primicias, 2024). Esta presencia delictiva desestructura el tejido productivo mediante prácticas como la extorsión (conocida como "vacunas"), que en 2022 registró más de 5.800 denuncias con un aumento interanual del 293% (Ecuavisa, 2023).

A estas distorsiones se suman los efectos acumulados de sucesivas crisis económicas. La crisis financiera de 1999, por ejemplo, redujo el ingreso per cápita en un 10% y disparó la pobreza, perjudicando especialmente a sectores urbanos y rurales (Larrea, 2004). Décadas después, como se mencionó anteriormente, la pandemia de COVID-19 volvió a golpear con fuerza: en 2020, la pobreza multidimensional se incrementó por el aumento del desempleo y el trabajo precario, afectando sobre todo a mujeres, jóvenes y habitantes rurales (Quillí-Granda & García-Vélez, 2023). Además, el PIB cayó un 7,8%, profundizando problemas estructurales como la informalidad, la baja calidad del empleo y la disminución del consumo (BCE, 2022).

Si bien en 2021 se registró un repunte económico del 4,2%, esta recuperación ha sido desigual y frágil. Factores como la alta informalidad laboral, la escasa inversión pública y la dependencia de sectores extractivos han limitado una reactivación sostenida (Ochoa et al., 2024). Finalmente, el cambio climático ha agravado esta vulnerabilidad. En 2024, una intensa sequía provocó apagones que generaron pérdidas diarias de hasta 72 millones de dólares estadounidenses (USD), afectando hogares, industrias y servicios públicos (Diario Expresso, 2024). El impacto en el sector agrícola, que emplea al 30% de la población económicamente activa y representa el 8% del PIB, también ha sido severo (Aguirre, 2023).

DIMENSIÓN SOCIAL

Los impactos de las amenazas contemporáneas sobre la dimensión social de la seguridad humana son profundos y transformadores. La violencia criminal ha alterado las dinámicas comunitarias, generando temor, desconfianza interpersonal, retraimiento del espacio público y debilitamiento de la cohesión social. Según Latinobarómetro (2024), el 51% de los ecuatorianos reportó haber sido víctima de un delito o tener un familiar cercano afectado. Además, un 75% dice sentirse inseguro de forma permanente.

Por otra parte, uno de los efectos más preocupantes es el reclutamiento de adolescentes y jóvenes por parte de organizaciones criminales, especialmente en barrios periféricos, donde la violencia se convierte en un sustituto de oportunidades legítimas. En contextos marcados por la exclusión socioeconómica, la presencia estatal débil y la falta de oportunidades, estas estructuras ilegales ofrecen ingresos inmediatos, protección y un sentido de pertenencia. Este fenómeno ha alcanzado incluso las instituciones educativas. En sectores de Guayaquil y Esmeraldas se han documentado casos de extorsión a escuelas y redes de reclutamiento forzado dentro de centros educativos (Human Rights Watch, 2024).

Las migraciones forzadas, tanto internas como externas, también están transformando el tejido social. El arribo masivo de personas venezolanas ha generado presión sobre servicios públicos y tensiones comunitarias (ACNUR, 2024), mientras que la emigración ecuatoriana ha fragmentado núcleos familiares. El cambio climático agrava estas desigualdades: comunidades rurales, indígenas y periurbanas enfrentan mayores impactos y menor capacidad adaptativa. El acceso desigual a políticas de mitigación genera brechas territoriales e intergeneracionales (Banco Mundial, 2024).

Desde una perspectiva de género, las amenazas a la seguridad humana descritas previamente se manifiestan de manera particularmente severa sobre las mujeres, niñas y diversidades sexo-genéricas. La violencia criminal se traduce en un aumento de feminicidios, trata de personas con fines de explotación sexual y violencia sexual como mecanismo de control territorial en zonas disputadas por grupos armados.

En contextos migratorios, las mujeres en movilidad enfrentan riesgos agravados de abuso, extorsión y explotación. Por su parte, las crisis sanitarias y ambientales profundizan las desigualdades de cuidado, ya que las mujeres asumen de manera desproporcionada la responsabilidad del sostenimiento familiar y comunitario (ONU Mujeres et al., 2023). En suma, la interacción entre género, pobreza y exclusión territorial convierte a ciertos cuerpos en blanco preferente de múltiples formas de inseguridad, lo que exige respuestas institucionales sensibles al género y culturalmente pertinentes.

DIMENSIÓN POLÍTICA

Las amenazas a la seguridad humana también generan efectos corrosivos sobre el sistema político y el ejercicio democrático. El crimen organizado desafía directamente el monopolio estatal de la violencia legítima, infiltrando fuerzas del orden, el sistema judicial y el penitenciario (Latinobarómetro, 2024). Esta penetración ha generado una profunda desconfianza en el Estado. Solo el 17% de los ecuatorianos confía en la policía y el 12% en la justicia. Esta percepción de ineficacia incentiva prácticas como la justicia por mano propia y la formación de grupos de autodefensa (Human Rights Watch, 2024).

La crisis de seguridad también ha impactado en el proceso electoral y la representación política. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 evidenció cómo el crimen puede condicionar procesos democráticos, limitando la participación política y el debate. Además, los ciberataques recientes a la Asamblea Nacional revelan una nueva dimensión de fragilidad institucional, donde incluso la infraestructura digital se convierte en blanco de amenazas.

DIMENSIÓN AMBIENTAL

La dimensión ambiental de la seguridad humana en Ecuador se encuentra amenazada por el cambio climático, la expansión de actividades ilegales y el deterioro ecológico acumulado. Aunque Ecuador contribuye con menos del 0,2% de las emisiones globales, sufre impactos desproporcionados, como el retroceso glaciar, sequías prolongadas, inundaciones y pérdida de biodiversidad (Banco Mundial, 2021).

El retroceso de los glaciares andinos, la variabilidad en los patrones de lluvia y la creciente frecuencia de inundaciones y sequías están afectando directamente el abastecimiento de agua, la agricultura y la salud pública. La sequía de 2024 dejó sin servicio eléctrico a grandes zonas del país y comprometió hospitales, escuelas y transporte, evidenciando la fragilidad del sistema energético.

Un aspecto crítico es la relación entre crimen organizado y degradación ambiental. La minería ilegal—cada vez más asociada a redes criminales—genera contaminación con mercurio en la Amazonía, afecta fuentes hídricas y desplaza comunidades indígenas (Pastrana et al., 2023). La deforestación incrementa la vulnerabilidad a deslizamientos y erosión. El deterioro ecológico también amenaza la seguridad cultural. Para muchos pueblos indígenas, el territorio no es solo un medio de vida, sino un espacio espiritual y comunitario. La destrucción de estos ecosistemas representa también una amenaza a la identidad, la cosmovisión y la subsistencia cultural (Cando & Villalva, 2024).

Para comprender de forma situada los efectos sinérgicos de las amenazas contemporáneas a la seguridad humana en Ecuador, se presenta el estudio de caso de la ciudad de Guayaquil, el cual refleja la interacción de múltiples factores que desbordan las capacidades estatales y demandan enfoques integrales.

Guayaquil, principal puerto y centro económico de Ecuador, ejemplifica cómo diversas amenazas a la seguridad humana pueden converger y potenciarse mutuamente en un territorio específico. Esta ciudad de aproximadamente 2,7 millones de habitantes (INEC, 2017) ha experimentado una transformación dramática en su panorama de seguridad, pasando de ser un modelo de regeneración urbana en los primeros años del siglo XXI a convertirse en uno de los epicentros de violencia criminal en América Latina.

El puerto de Guayaquil se ha consolidado como nodo central del narcotráfico internacional, conectando la producción andina de cocaína con mercados globales. Esta posición estratégica ha desencadenado una violenta disputa territorial entre organizaciones criminales como Los Choneros y Los Lobos, que mantienen vínculos con carteles mexicanos y albaneses (Human Rights Watch, 2024). Entre 2017 y 2024, la ciudad de Guayaquil experimentó un aumento exponencial en su tasa de homicidios, alcanzando un nivel sin precedentes de 89,11 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta cifra, correspondiente a la Zona 8 —que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón—, la posiciona como la jurisdicción con la mayor tasa de homicidios del país (OECO, 2023).

El Estado, en lugar de actuar como garante de protección, ha cedido presencia y control territorial. Como documenta el OECO (2023), en múltiples sectores periféricos de Guayaquil las bandas criminales cumplen funciones que van desde la provisión de seguridad hasta la regulación del comercio local y el "cobro de impuestos". Esta situación refleja una preocupante sustitución del Estado por actores ilegales que ejercen control sobre la vida cotidiana de la población, en un contexto de debilidad institucional, corrupción policial y desconfianza generalizada.

Durante la pandemia de COVID-19, Guayaquil se convirtió en símbolo de la devastación sanitaria, evidenciando el colapso del sistema sanitario y funerario (Borja, 2020). Esta crisis reveló vulnerabilidades estructurales en servicios básicos y sistemas de protección social, exacerbadas por la alta densidad de población, la desigualdad social y las condiciones precarias de vivienda en asentamientos informales (Nascimento & Procopiuck, 2023).

Adicionalmente, Guayaquil enfrenta una creciente vulnerabilidad frente al cambio climático. Su ubicación en el estuario del río Guayas la expone a inundaciones recurrentes, cuya frecuencia e intensidad han aumentado en las últimas décadas (Care Environment, 2018). El incremento proyectado del nivel del mar amenaza áreas de desarrollo informal ubicadas en zonas bajas, mientras que la expansión urbana no planificada reduce áreas de manglar que históricamente han funcionado como barreras naturales contra inundaciones y marejadas.

En suma, Guayaquil encarna la convergencia simultánea de múltiples amenazas a la seguridad humana: violencia criminal, crisis sanitaria, deterioro ambiental y exclusión estructural. Este caso ilustra la urgencia de respuestas integrales, que vayan más allá de la represión, incorporando estrategias de desarrollo urbano justo, fortalecimiento institucional y protección de derechos humanos, que trasciendan aproximaciones sectoriales o fragmentadas.

Frente a la complejidad e interdependencia de las amenazas contemporáneas a la seguridad humana, la acción coordinada de múltiples actores resulta indispensable. Este entramado incluye organismos internacionales, gobiernos nacionales y locales, sociedad civil y sector privado, cuyos roles y capacidades son diversos, complementarios y, en ocasiones, contradictorios.

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Organismos como el PNUD, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en adelante UNODC) y la OEA han sido actores clave en la promoción del enfoque multidimensional de la seguridad (Naciones Unidas en Ecuador, 2024; PNUD Ecuador, 2024; PNUD, s. f.). El PNUD ha impulsado en Ecuador proyectos de prevención de violencia con énfasis comunitario, particularmente en municipios priorizados.

La UNODC ha brindado asistencia técnica en temas de crimen organizado y justicia penal, mientras que la OEA ha promovido la adopción de marcos regionales como la Declaración sobre Seguridad en las Américas (OEA, 2003). Instituciones financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante BID) y el Banco Mundial han empezado a incorporar la seguridad como componente transversal de sus programas de desarrollo, reconociendo la interrelación entre pobreza, exclusión y violencia.

GOBIERNOS NACIONALES Y LOCALES

La respuesta estatal en Ecuador ha oscilado entre políticas preventivas y una creciente tendencia a la securitización militarizada. En 2024, el presidente Daniel Noboa declaró "conflicto armado interno", otorgando facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado, ahora calificado como "terrorismo". Si bien esta estrategia generó capturas masivas y decomisos, también ha despertado alertas sobre su sostenibilidad y respeto a derechos humanos (Human Rights Watch, 2024). A nivel local, gobiernos municipales han implementado iniciativas de recuperación de espacios públicos, videovigilancia y programas de prevención. Sin embargo, estas experiencias se ven limitadas por restricciones presupuestarias, débil coordinación interinstitucional y la magnitud del problema, que supera su capacidad de respuesta.

SOCIEDAD CIVIL

Organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, redes de mujeres, colectivos juveniles e instituciones académicas han desarrollado múltiples iniciativas en contextos de alta vulnerabilidad. Organizaciones como la Fundación Esquel (2020) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (2025) han implementado metodologías de prevención de violencia basadas en mediación comunitaria, educación para la paz y atención a poblaciones vulnerables específicas. Asimismo, destacan experiencias de prevención de violencia, mediación comunitaria y protección de territorios indígenas frente a actividades extractivas ilegales.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (en adelante CONAIE), por ejemplo, ha denunciado sistemáticamente la relación entre minería ilegal y crimen organizado en zonas amazónicas (CONAIE, FEINE y FENOCIN, 2023). Además, la academia—incluyendo centros como el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador)—ha generado investigaciones clave para comprender las amenazas y evaluar críticamente las políticas públicas, aunque su incidencia es aún limitada.

SECTOR PRIVADO

El sector privado en Ecuador, particularmente en Guayaquil y las zonas costeras, ha intensificado significativamente su inversión en seguridad privada como respuesta al incremento de la violencia y la criminalidad. En el contexto de un Estado cuya capacidad para garantizar seguridad pública se ha visto desbordada, muchas empresas han asumido el costo de proteger sus activos, empleados y operaciones. Esta tendencia plantea interrogantes sobre la equidad en el acceso a la seguridad, así como sobre la regulación efectiva de estas empresas. En sectores estratégicos como el agroexportador o el minero, se han desarrollado alianzas público-privadas para proteger cadenas logísticas. Sin embargo, el riesgo de "captura corporativa" de funciones públicas de seguridad sigue siendo una preocupación relevante.

El caso ecuatoriano evidencia una tensión estructural entre los enfoques tradicionales de seguridad —centrados en el control territorial, la militarización y la defensa nacional— y el enfoque multidimensional de seguridad humana, que propone intervenciones integrales orientadas a la protección de las personas, sus derechos y condiciones de vida.

La declaración del "conflicto armado interno" en 2024 por parte del gobierno ecuatoriano, en respuesta al auge del crimen organizado, ejemplifica esta tensión paradigmática. Esta medida representó un punto de inflexión en la política de seguridad nacional, al permitir la actuación directa de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno. Si bien generó una respuesta inmediata en términos de operativos, capturas y visibilidad mediática, también provocó preocupaciones legítimas sobre la normalización del uso de la fuerza militar, el debilitamiento del Estado de derecho y el riesgo de violaciones a los derechos humanos (Human Rights Watch, 2024).

Este tipo de medidas reflejan una lógica reactiva que privilegia la inmediatez y el control físico del territorio sobre las causas estructurales de la inseguridad, como la desigualdad, el desempleo juvenil, la corrupción institucional o el abandono estatal en zonas periféricas. La experiencia latinoamericana, en particular los casos de México, Brasil y El Salvador, muestra que las respuestas militarizadas pueden exacerbar la violencia o generar espirales de securitización "que institucionaliza el predominio de lo militar sobre lo político" (Verdes, 2019, p. 7), sin resolver los factores de fondo.

No obstante, sería un error reducir el debate a una falsa dicotomía entre enfoques "duros" y "blandos". La gravedad de la crisis actual requiere intervenciones de corto plazo que garanticen seguridad inmediata, pero también estrategias de mediano y largo plazo orientadas a transformar las condiciones estructurales que alimentan la violencia.

En ese sentido, la seguridad humana ofrece una perspectiva más adecuada para contextos como el ecuatoriano, al integrar los principios de prevención, protección, empoderamiento y participación ciudadana. Este enfoque no niega la necesidad de respuestas coercitivas ante amenazas inminentes, pero insiste en que estas deben ser parte de una estrategia más amplia basada en derechos, justicia social y resiliencia comunitaria.

El análisis del caso de Guayaquil, por ejemplo, muestra cómo las respuestas policiales son insuficientes si no se acompañan de políticas urbanas redistributivas, inversión social y planificación territorial sensible al riesgo.

Finalmente, la discusión también debe abordar la dimensión institucional y presupuestaria. Según datos del Banco Mundial, en 2023 Ecuador destinó aproximadamente el 2,3% de su Producto Interno Bruto (PIB) al gasto en defensa, lo que equivale a un incremento del 0,05% respecto al año anterior (Banco Mundial, 2025). Este gasto incluyó inversiones en equipamiento policial y militar, reflejando el énfasis del país en fortalecer su seguridad interna y capacidades de defensa. En contraste, los programas de prevención, justicia juvenil, rehabilitación penitenciaria o participación ciudadana reciben recursos significativamente menores. Esta brecha refleja una jerarquía de prioridades que limita la eficacia y sostenibilidad de las políticas de seguridad.

El análisis desarrollado a lo largo de este estudio muestra que Ecuador enfrenta una convergencia de amenazas contemporáneas que trascienden las concepciones tradicionales de seguridad y demandan respuestas multidimensionales, adaptativas y centradas en las personas. El crimen organizado transnacional, el cambio climático, las migraciones forzadas, los riesgos cibernéticos y las pandemias configuran un entorno complejo, donde las distintas dimensiones del bienestar humano se ven simultáneamente afectadas y erosionadas.

Uno de los hallazgos centrales es el carácter sinérgico de estas amenazas, que no operan de forma aislada, sino que se refuerzan mutuamente, exacerbando las condiciones de vulnerabilidad. La violencia organizada se vincula con la pobreza, el desempleo y la exclusión; la degradación ambiental afecta de forma desproporcionada a comunidades empobrecidas; y las crisis sanitarias revelan desigualdades históricas en el acceso a servicios básicos. Esta interdependencia exige superar enfoques sectoriales o fragmentados, y adoptar marcos integrales como el de la seguridad humana.

El estudio también evidencia una distribución desigual de los impactos territoriales y sociales de las amenazas. Zonas fronterizas, áreas urbanas marginales y regiones amazónicas concentran altos niveles de riesgo, mientras que grupos históricamente excluidos (mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y migrantes) enfrentan amenazas diferenciadas sin acceso equitativo a mecanismos de protección.

Desde una perspectiva teórica y práctica, el caso ecuatoriano confirma la relevancia del enfoque de seguridad humana como alternativa crítica al paradigma militarizado y estatocéntrico. Al incorporar los principios de protección, prevención, empoderamiento y justicia social, ofrece herramientas para diseñar políticas públicas más eficaces, inclusivas y sostenibles. No obstante, su implementación requiere reformas institucionales, inversión sostenida, voluntad política y participación ciudadana. También demanda una transformación en la forma en que se entiende la seguridad: no como control social, sino como garantía de condiciones dignas para el desarrollo humano.