Introducción
Categorización de la región del Darién como territorio estratégico en el ámbito geopolítico para Colombia
El Darién, como cualquier territorio, presenta unas condiciones características que lo diferencian de otros. Esta diferenciación está no solo comparada con otras regiones del mundo, sino, además, de regiones del propio país al que pertenece: Colombia. Estas condiciones no sólo están sujetas al aspecto netamente geográfico, también intervienen elementos de características socioeconómicas que permiten elevar el análisis no solo a lo geopolítico, sino también, a lo geoeconómico.
La región del Darién está ubicada al noroccidente del Estado colombiano, localizada frente al litoral del Mar Caribe y, en su sector más occidental, en el Océano Pacífico. Por lo tanto, es una región que posee doble salida al mar: Mar Caribe y Océano Pacífico. Frente al territorio terrestre, es el sector de Colombia donde se localiza la frontera con Panamá (Vahos Hernández, 2015). Esta región está situada en el Golfo de Urabá, en la desembocadura de los ríos Atrato y León (Castañeda Mahecha & Jiménez Reina, 2019). En términos de administración territorial, la región del Darién se encuentra bajo la jurisdicción del Departamento de Antioquia, colindando al sur con el Departamento del Chocó (Alameda, 2009).
Teniendo en cuenta la teoría geopolítica, el Tapón del Darién se caracteriza por ser un ejemplo claro de la teoría de Spykman (2007), en la que el teórico plantea conceptos como el Rimland y la política de contención. Frente a la primera, Spykman estipula que, si bien está de acuerdo con los postulados de Mackinder (2020) frente al reconocimiento de que el mundo, tanto geográficamente como en recursos naturales, tiene un corazón; no comparte que el líder geopolítico o geoestratégico debe controlar dicho Hearthland. Para Spykman, el actor geoestratégico debe controlar la zona periférica para generar un control del territorio y del interés geoestratégico (López, 2012; Spykman, 2007).
Frente al segundo componente propuesto por el teórico, precisamente el control del anillo periférico de seguridad (Rimland) permite al actor geoestratégico establecer una política de contención para neutralizar los intereses de otros actores frente dicha zona o, si es el caso, que otro actor tiene el control del Hearthland, entonces no tenga la capacidad de exponer poder frente al resto del mundo. En este sentido, neutraliza la explotación de intereses que el actor poseedor de los recursos pueda generar (López, 2012; Spykman, 2007).
En este sentido, el Tapón cumple con estas dos características. Desde una perspectiva estratégica estatal, el Tapón es el accidente natural que protege los intereses tanto de Colombia, como de Panamá, frente a la expansión territorial de algún interés. Sin embargo, en un sistema globalizado como el actual, estas barreras se presentan en un escenario terrestre exclusivamente.
En este punto es donde se evidencia con relevancia el aporte de Grygiel (2006). La premisa que este autor propone es que en los tiempos actuales el factor geopolítico se basa en el acceso a las vías de comunicación y a los recursos naturales. En este entendido, las vías fluviales y el acceso al mar corresponden a un valor estratégico que los Estados deben aprovechar para llevar a cabo sus intereses geopolíticos, económicos y militares. Esta condición también es característica de la región del Darién, debido a su salida por las dos costas con las que cuenta Colombia y las grandes vertientes fluviales que permiten, en alguna medida, el tránsito por dichas aguas.
En suma, desde la perspectiva geográfica y haciendo un paralelo con la teoría geopolítica, estas son las condiciones con las que se encuentra la región del Darién desde la perspectiva estatal; sin embargo, el Estado no es el único actor que tiene presencia en estas zonas. Los Grupos Armados Organizados (GAO), los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) y los Grupos de Crimen Organizado Transnacional tienen un espacio para realizar su actividad criminal en esta región. Estos se aprovechan de la condición geopolítica de este territorio y explotan, de una manera excepcional, las oportunidades geográficas que ofrece esta región y que debería ser controlada y aprovechada por el Estado.
Ahora bien, este espacio que existe en este territorio para que los diferentes grupos ilegales puedan desarrollar sus actividades delictivas se configura como un espacio vacío. Según el análisis teórico de la geopolítica, autores como Ratzel (2018) y Haushofer (2012) lo exponen de manera certera para el desarrollo de los intereses de la Nación. En un primer momento, Ratzel establece que para que un Estado pueda exponer su potencial de desarrollo, adquiera recursos naturales para su explotación y pueda ampliar los intereses de la nación, se configura a partir de la consolidación del espacio vital para el control nacional y explotación de recursos naturales (Paulsen Bilbao, 2015; Ratzel, 2018).
Continuando con ese legado, Haushofer (2012), en el marco de la crisis política, económica y social como consecuencia de la Paz de Versalles, recoge los aportes de Ratzel y establece que la política exterior de un Estado estaba estrechamente vinculada con el espacio vital de este. La necesidad de tener este espacio es desarrollarlo, mantenerlo y si es posible, expandirlo, para garantizar la autarquía[1]. Ahora, para garantizar el mantenimiento de dicho espacio vital, se deben limitar e impedir que existan espacios vacíos o zonas grises donde el Estado no logre el control total de su territorio (Haushofer, 2012).
En suma, teniendo en cuenta las premisas expuestas anteriormente, el problema que presenta el Estado colombiano en la región del Darién frente a la exposición de la criminalidad es la falta de la autarquía de este en dicho territorio. Y al mismo tiempo, estos grupos han logrado aprovechar la esencia geográfica de la región para la explotación de sus vías de comunicación para el accionar criminal.
Las condiciones que presenta esta zona inician por la falta de inversión por parte del Estado y, al mismo tiempo, por parte de inversores privados, quienes no logran tener garantías plenas para realizar su inversión. El Departamento del Chocó (uno de los entes territoriales administrativos de la región del Darién) es uno de los departamentos que presentan más altos índices de desigualdad, pobreza y baja generación de riqueza (Castañeda Mahecha & Jiménez Reina, 2019). Turbo, uno de los municipios antioqueños que están en esta región Lo que deja entrever que este fenómeno no es una consecuencia de la administración departamental o municipal, sino de índole nacional en el que no se invierte en los territorios que contemplan la región del Darién.
Precisamente, y repasando los elementos geopolíticos que se proponen, para Mosquera, citado por Castañeda Mahecha y Jiménez Reina (2019), la falta de desarrollo y de progreso en ciertas zonas de la región es consecuencia a una falta de proyección y consolidación de infraestructura de comunicación multimodal en el territorio (terrestre, fluvial e interoceánica). Y es en este punto donde se evidencia que el Estado no cumple con la premisa propuesta por Grygiel (2006), puesto que no consolida unos medios de interconexión en la región. No solamente el uso del espacio fluvial garantiza la premisa. Es la construcción de una red múltiple la cual permite que se logre dicho fin.
Con lo anteriormente mencionado, no se debe olvidar que esta falta de red aplica también para que el propio Estado pueda utilizar y cumplir las competencias gubernamentales en el acatamiento de la vigilancia y control de las economías de la región, la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, como puede ser el caso de la explotación de la minería irregular que se presenta en la zona.
La migración irregular en Colombia en el tapón del Darién
Para la OIM (2022), Colombia registra un alto crecimiento de migrantes de origen venezolano hacia territorio colombiano, lo cual arroja indicios de que estas personas se están radicando en territorio colombiano. Por tanto, se ha dejado de ser de un país de tránsito a un territorio de permanencia. Las implicaciones directas están relacionadas con el campo humanitario. De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el país ha acogido cerca de 2.48 millones de migrantes de acuerdo a las cifras registradas, lo cual necesitará aproximadamente 665 millones de dólares para apoyar a los refugiados venezolanos en Colombia. Evidentemente, este problema tiene grandes proporciones humanitarias debido a que el estado requiere adecuar su sistema para salvaguardar la seguridad alimentaria y sanitaria (OIM, 2022).
Uno de los mayores problemas es que la región del Darién se ha convertido en un territorio de paso obligado para migrantes, sin embargo, las autoridades de Panamá han manifestado una creciente preocupación por un alza sistemática de personas migrantes en los últimos dos años que tienen como objetivo pasar la frontera, lo cual también preocupa al gobierno panameño debido a la actitud de países de Centroamérica a impedir la continuidad de la migración hacia Norteamérica.
Para el año 2022 el número de migrantes rompió el récord de 100,000 personas que cruzaban el Darién, pero para abril del 2023 se registraba cerca de 400,000 personas (Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 2023). Lo característico del flujo migratorio que se registra de Colombia hacia Panamá es que la mayoría de migrantes son de origen venezolano, haitiano y ecuatorial, pero también existe un alza de migrantes de nacionalidades China e India, a lo cual se le suma personas de Afganistán, Perú, Somalia y de la misma Colombia.
Dichos problemas representan un verdadero riesgo, teniendo en cuenta que la presencia de actores armados como el Clan del Golfo, disidencias de la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y grupos de autodefensa pueden aprovechar el contexto social y reclutar personas para fines delictivos. Es una creciente dinámica de economías ilegales que instrumentalizan a personas migrantes, no solo para el tráfico de bienes y mercancías de manera ilegal, sino para fines relacionados con el narcotráfico, una dinámica que se evidenció en la jurisdicción de Turbo en el departamento de Antioquia hasta la frontera con Panamá.
Entre los registros de acuerdo de la Liga Contra el Silencio (2022), se manifiesta que para el año 2018 se habían rescatado cerca de 614 migrantes en altamar que se encontraban en embarcaciones destinadas para el tráfico de migrantes y los cuales se encontraban varados en altamar, un problema que es humanitario y que es tratado de manera permanente por las autoridades locales y departamentales del Chocó. Las autoridades han manifestado que a la problemática de falta de recursos para el mantenimiento de migrantes se le suma el abandono estatal y la clandestinidad relacionada con la búsqueda desesperada de transporte de esas personas que se encuentran pernoctando en la frontera Colombo-panameña.
A lo anterior, se puede manifestar que el problema cada vez se ha grabado al convertirse en un fenómeno que impacta la seguridad humana, debido a que las dinámicas de crimen organizado, políticas públicas y administrativas deficientes de ambos países (Colombia y Panamá) puede canalizar a largo plazo en el fortalecimiento del crimen organizado, e incluso, en problemas de origen sanitario y de salud pública debido a que el departamento carece de recursos económicos para dar sostenibilidad al alto flujo de personas que se encuentran varadas en el territorio del Darién.
Para el año 2023, la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia (2023) abrió el debate en la comisión de delitos y problemas relacionados con los controles migratorios sobre el bienestar de la población migrante en el territorio del Darién. Se manifestó que el 14% de las 133.000 personas censadas por la Defensoría del Pueblo eran menores de edad que intentaban cruzar la frontera de Colombia hacia Panamá, lo cual resaltaba el abandono del Estado colombiano y el de Panamá para la protección de los derechos humanos de la población migrante.
A lo anterior, se le suma la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (2023), quienes han señalado que el problema de la migración desborda los límites de la capacidad del Estado para brindar auxilios, atención básica en salud y acceso al agua como es el departamento de Chocó. El problema en cuestión es que los migrantes técnicamente atrapados en territorio colombiano conviven con una zona decreciente inseguridad (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2020).
Cuando se analiza la importancia estratégica de la región del Darién, no se puede dejar de lado la implicación de la criminalidad en este sentido. La región del Tapón del Darién es un escenario de exposición de criminalidad que abarca narcotráfico, trata de personas, comercialización de especies silvestres, minería irregular, entre otras. El análisis de estas no puede ser ajeno debido a que estos grupos de crimen organizado aprovechan la geografía y los recursos que esta región posee (Procuraduría General de la Nación, 2023).
En este sentido, y revisando los actores del conflicto armado en Colombia, el Clan del Golfo, heredero del poder armado de las extintas Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), controla el paso de los cargamentos de droga por esta región (Valencia Agudelo, 2022). Esto es consecuencia de la geopolítica criminal que se ha presentado en Colombia, luego del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC en 2016.
Según Jiménez-Reina y Acosta Guzmán (2019), los GAO entienden las virtudes geopolíticas y geoestratégicas de los territorios que controlan -y de los que pasarían a controlar luego de la “salida” de las FARC -como actor preponderante- para el pleno transporte de los cargamentos de droga que envían a Centroamérica, México y Estados Unidos. Por lo tanto, la región del Darién se convierte en una ruta de tránsito de estos cargamentos por rutas marítimas y aéreas (Open Society, 2017).
Desde la perspectiva de la circulación de personas, la región del Darién cumple con dos condiciones: (a) ser espacio de tránsito y (b) establecer procesos de asentamiento irregular en zonas protegidas. En cuanto a la primera condición, el Tapón del Darién se ha convertido en el punto álgido de la travesía que afrontan los migrantes irregulares que buscan llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos son migrantes cubanos, venezolanos, colombianos, africanos y chinos, que se enfrentan a los desafíos naturales y son vulnerados por los ‘coyotes’ o ‘chilingueros’[1], quienes extorsionan o esclavizan para motivar el paso (La Liga Contra el Silencio, 2022).
Según datos de ACNUR y la OIM (2023), para abril de este año se han presentado más de 100.000 personas refugiadas y migrantes que cruzan el Darién, con perspectivas de seguir su paso a Estados Unidos. Lo más preocupante es que, según datos de Médicos Sin Fronteras (2023), las cifras de la migración siguen en aumento. La elección de esta forma de migración obedece, principalmente, a que las personas que desean llegar a Estados Unidos no cumplen con los requisitos exigidos por el gobierno estadounidense. Entonces, optan por este camino para pasar por las entradas irregulares en la frontera entre Estados Unidos y México.
En suma, la región del Darién es una región geoestratégica para la actividad criminal de varias organizaciones dedicadas a diferentes tipos de crímenes. A pesar de esto, se puede estipular que es el Clan del Golfo quien controla la región y que es un actor armado que controvierte el cumplimiento de los deberes estatales en dicha zona.
Las implicaciones de la migración irregular sobre la seguridad humana en la región del tapón del Darién
En primera medida como marco analítico del presente acápite se retoma el enfoque de la seguridad humana introducido por Boutros Ghali – ex Secretario de las Naciones Unidas en el año 1992 y posteriormente en el Informe sobre el Desarrollo Humano por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A partir de ello, el enfoque se entendió como un complemento a la Seguridad Nacional, fortaleciendo la protección de los derechos humanos y dando paso al desarrollo humano sostenible como una categoría complementaria.
Cubides Cárdenas y Ramírez Benítez (2018) explican que la seguridad es un bien común y público que es responsabilidad del Estado y una necesidad para la convivencia del individuo mismo y de la sociedad en general, en razón a que es “un aspecto fundamental para el desarrollo de las acciones económicas, políticas, culturales, sociales, ya que en cada uno de estos ámbitos amerita que exista un ambiente propicio, en donde los riesgos se mantengan mitigados y la integridad sea garantizada” (pp. 144-145).
La seguridad entonces no giraba solamente en torno a lo político-militar, sino que ampliaba su acción a lo económico, lo social, lo cultural y lo ambiental, teniendo una relación con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) que aportan garantías al individuo como sujeto social. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1994) parte de la caracterización de la Seguridad Humana como un enfoque universal, interdependiente, preventivo y con una preocupación importante al bienestar del ser humano.
Por tanto, este enfoque centrado en el ser humano como sujeto de protección da paso a que el Estado tenga un deber mayor en la salvaguardia de los derechos humanos en estas esferas, impidiendo que se presenten amenazas que ahora logran trascender las fronteras nacionales de un Estado, teniendo un impacto mayor sobre la estabilidad del país y sobre la dignidad y libertad del individuo. Es sabido que este enfoque retoma a la libertad como eje, proponiendo tres categorías propias:
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La libertad del miedo: brindando protección frente a posibles riesgos en su vida e integridad.
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La libertad de la necesidad o de la miseria: garantizando que las necesidades básicas se encuentran satisfechas.
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La libertad para vivir con dignidad: existencia de una garantía de prevención y protección frente a situaciones de violencia, discriminación o xenofobia.
De este modo, la migración determinada como el desplazamiento de personas de un territorio a otro cruzando las fronteras, ha alcanzado una magnitud y masividad representativa en los últimos años. Teniendo como causas diversas motivaciones que van desde la búsqueda de oportunidades, crecimiento económico y personal, mejores condiciones de vida hasta una perspectiva negativa concentrada en situaciones como crisis humanitarias, violencia, inestabilidad política, económica y/o social que llevan a que las personas migrantes busquen un Estado de vocación permanente para garantizar una vida estable. “La inseguridad económica, la agitación política, la violencia y el cambio climático están impulsando a un número récord de migrantes a abandonar sus países de origen” (Roy, 2022, parr. 3).
Al concentrar población migrante proveniente de países como Venezuela, Haití, entre otros, el Tapón del Darién se convierte en una zona geográfica de tránsito que conduce a países con vocación de permanencia como México, Estados Unidos u otros Estados del cono sur. Como se evidenció en el primer apartado, el Darién se caracteriza por ser un territorio complejo en términos geográficos en razón a que está compuesto por extensa selva, montañas y una fauna peligrosa constituyéndose como un paso que conecta con Panamá. En cuanto a su caracterización como ruta migratoria, se considera una de las más peligrosas y concurridas a nivel global, su paso es remoto, no tiene carreteras, pero es la vía que conecta a Centro con Suramérica (Roy, 2022).
En este trayecto, los inmigrantes se enfrentan a diversas amenazas que se enmarcan en la violencia, la insalubridad y el riesgo que se manifiesta en la posibilidad de caer en redes de crimen organizado o delincuencia. El paso por esta zona fronteriza con Panamá obliga a que los migrantes tengan que acampar de forma improvisada teniendo sus necesidades básicas insatisfechas, y derechos fundamentales como la salud, la alimentación, la vivienda e incluso su dignidad sean vulnerados; es preciso recordar que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) es claro mencionar que los derechos humanos son inalienables y universales, independientemente de la nacionalidad, sexo, raza u otras características.
La Defensoría del pueblo (2023) como ente encargado de llevar a cabo el seguimiento a esta situación humanitaria en relación con la migración, con su Sistema de Alertas Tempranas ha mantenido una difusión de la complejidad en esta zona geográfica. Recientemente, alertó a Colombia y a Panamá al identificar a los grupos poblacionales que se encuentran dentro de los migrantes, algunos de alto riesgo como los Niños, Niñas y Adolescentes (exposición mayor por ser separados de sus familias en algunos casos, siendo vulnerables ante GAO, GDO o situaciones de explotación), Mujeres (susceptibilidad a ser víctimas de agresiones por motivos de género como violencia sexual, que se agrava cuando están embarazadas), Población étnica, población LGTBIQ+ (con un riesgo por su orientación sexual o identidad de género).
La situación de crisis que se vive en este territorio por parte de los migrantes se intensifica por la dinámica del conflicto armado colombiano el cual genera que se presenten minas antipersona u otros Artefactos explosivos improvisados que repercuten en él integridad del migrante; la restricción de movilidad por parte de GAOs que tienen control territorial en la región; el tráfico de personas y el reclutamiento que se da por la gran cantidad de migrantes que se ven expuestos en esta situación; además de la extorsión, el robo, el abandono o diversos tipos de violencia (Defensoría del pueblo, 2023); incidentes por la complejidad del territorio se presentan como amenazas a la Seguridad Humana de los migrantes.
Es así como en medio de un territorio geográficamente complejo (húmedo, con temperaturas altas y con terrenos inestables) y unas características humanas difíciles y prestas para que se materialicen amenazas contra la vida, la dignidad, la libertad y la integridad del individuo, es decir, contra su Seguridad Humana, la labor de protección del Estado (como una responsabilidad propia) y de Organismos internacionales, no gubernamentales y la sociedad civil se vuelve imperativa. En este paso se han realizado alojamientos temporales y se han brindado servicios básicos para la supervivencia.
Cajiao et al. (2022) traen a colación lo acontecido en Necoclí en el año 2021, cuando aproximadamente 20.000 migrantes quedaron represados, evidenciando una crisis humanitaria y una incapacidad de las autoridades para atender un fenómeno de esta magnitud. Los autores reflexionan sobre cómo el Estado y los organismos internacionales han logrado adaptarse a las condiciones de flujo migratorio masivo e irregular que tuvo lugar en el año 2022, centrando su atención en cinco aspectos:
1. Ayuda humanitaria para los migrantes para su tránsito por la selva (kits de higiene, alimentos, medicinas, agua, entre otras), también brindan atención médica y psicológica.
2. Información sobre el estado de la zona, rutas, tiempo y riesgos que puedan presentarse porque algunos migrantes desconocen dichas características.
3. Registrar información sobre los perfiles migratorios con el fin de que Migración Colombia tenga bases de datos, en donde las empresas transportadoras son las fuentes de información y la Defensoría del pueblo y las Alcaldías son el filtro principal.
4. Articulación entre las ayudas de cooperación y las autoridades locales para la atención humanitaria.
5. Colaboración con Panamá para monitoreo y generación de alertas conjuntas sobre la situación de los derechos humanos contando con las Defensorías del Pueblo de los dos Estados.
Siguiendo la línea de Cajiao et al. (2022) “sin un entendimiento y una mejor caracterización de los fenómenos migratorios y de sus protagonistas, es poco lo que puede hacer el Estado para garantizar la seguridad humana y para recuperar el control territorial allí donde lo ha perdido” (p. 1). Es claro así, que la labor del Estado para la protección del migrante no es una labor adicional, sino que se concibe desde el DIDH como una responsabilidad, apoyada por la ayuda de la comunidad internacional para la prevención y protección de los migrantes, y con ello, la garantía de su Seguridad Humana.
Conclusión
La región del Darién, desde una perspectiva geopolítica, es una zona muy importante por su ubicación geográfica. Desde la perspectiva de Spykman (2007), cumple con una función trascendental de brindar una contención en la influencia de intereses de otros actores estatales que pueden perseguir. Un ejemplo de esto es que Colombia, se ha posicionado como un estado que contiene la influencia sudamericana hacia Centroamérica, pero a su vez, es el catalizador de la influencia estadounidense que se proyecta en Centroamérica hacia el sur.
Desde la perspectiva de Grygiel (2006), se evidencia que el factor geopolítico de la región está siendo aprovechado, principalmente, por los actores ilegales que delinquen en dicho espacio. Estos actores han dominado el flujo de economías irregulares -que pasan a ser ilícitas- y que se especifican por los flujos de narcotráfico, tráfico de personas, minería ilegal, entre otras. Esto, a su vez, ocasiona que el Estado colombiano no logré tener control del Espacio Vital propuesto por Ratzel (2018) y por Haushofer (2012), que permita garantizar la autarquía que necesita la nación para el desarrollo de esta, y más bien, se lleve un espacio de actividad a los grupos ilegales.
Y es precisamente en ese espacio de acción donde la delincuencia realiza su consolidación de economías ilícitas que genera por las actividades mencionadas. Actualmente, la actividad que conlleva el mayor protagonismo es el tráfico de personas que, a partir de la necesidad legítima de la población de migrar, estos actores aprovechan para cometer delitos. La extorsión por realizar el tránsito de un país a otro, el constante sometimiento de la población, el uso de niños para actividades propias de la criminalidad demuestra que no es un escenario legítimo para la migración legal, que debería permitirse cumpliendo los lineamientos legales de cada uno de los Estados en cuestión (Colombia y Panamá).
